Stirling recibió pleno apoyo político para el operativo

El Ministerio del Interior obtuvo respaldo político pleno del Parlamento para aplicar un nuevo sistema de control callejero, que implica el aumento del patrullaje y la aplicación de un criterio selectivo para exigir la exhibición del documento de identidad como lo prevé el Código Penal.

En lo personal, participantes de la reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Representantes estimaron que el ministro Guillermo Stirling salió políticamente fortalecido de la instancia, luego que se produjera cierta confusión por la implementación de la medida.

Los representantes de la izquierda, que habían tomado distancia de la decisión de autorizar a la policía a exigir la identificación a personas consideradas sospechosas temiendo algún tipo de exceso que causara lesión a los derechos individuales, terminaron por sostener que "no se puede" estar "en contra" del nuevo mecanismo en la medida en que se ha ordenado un apego estricto a las normas del Código Penal.

Stirling precisó en la comisión que no hay dudas que las autoridades policiales respetarán "los derechos individuales" de las personas, lo cual constituye "una garantía absoluta" para los ciudadanos.

Respecto a la situación del jefe de Policía, José Pedro Delgado, Stirling aclaró que "no fue feliz" en sus apreciaciones, pero subrayó que "es un buen funcionario".

En las últimas 24 horas, Stirling respaldó ampliamente la gestión de Delgado al frente de la fuerza, y le ratificó la confianza luego que el inspector principal le manifestara su deseo de alejarse del cargo por las diferencias surgidas en la aplicación del plan de mayor vigilancia.

"Este Ministerio se ha caracterizado por ser garantista de derechos y en la medida en que hubiera dudas respecto a las apreciaciones hechas por el jefe de Policía, debíamos aventarlas a efectos de que los procedimientos futuros siguieran siendo realizados como hasta la fecha", insistió el ministro en su conversación con los miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana.

PRESENCIA EN LA CALLE. El ministro defendió la conveniencia de aplicar el plan y el marco de legalidad en el cual se manejarán los agentes en las calles. "La gente pide respuestas, pide eficiencia, pide prevención y pide presencia (policial) en las calles", subrayó el jerarca, que concurrió a la comisión legislativa en compañía del subsecretario Daniel Borrelli, que se explayó en los aspectos jurídicos del sistema de vigilancia.

Para los colorados, las explicaciones del jerarca fueron "lo suficientemente claras" como para respaldar tanto la iniciativa como el procedimiento. El diputado de la Lista 15 Jorge Barrera observó que "es contundente" el anuncio del respeto a los derechos individuales, porque el ministro del Interior "debe ser garante" de esos derechos.

"Hay que preservar la tranquilidad y la seguridad pública" con el patrullaje, pero "siempre dentro de la Constitución y la ley", añadió Barrera, a modo de conclusión de la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior.

"Vamos a controlar, sí, pero con las garantías que todo ciudadano debe tener", subrayó Stirling a los legisladores.

Luego aclaró que "toda medida que tome la policía debe ser claramente percibida por la opinión pública. Ciudadanos con vocación democrática tenían la inquietud de que podían volver las razzias", dijo, en alusión al pensamiento del EP-FA.

"Se va a continuar con la línea que tiene el Ministerio y la policía de protección a los ciudadanos, dentro de la ley", enfatizó.

El diputado herrerista Jaime Trobo, que convocó a Stirling a la comisión, se congratuló porque el Ministerio decidió continuar adelante con la aplicación del operativo. Le pidió al ministro que cualquier operativo que tenga por cometido preservar la integridad de las familias "debe ser considerado como la tarea principal" de la cartera.

Trobo recordó en la reunión que durante el pasado gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti por impulso del Partido Nacional se envió al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una serie de precisiones en torno al procedimiento de identificación de personas en la vía pública que permite garantizarle al ciudadano el ejercicio de sus derechos, pero, a su vez, la actuación policial para prevenir el delito.

El legislador nacionalista reclamó en la comisión el apoyo de los partidos a la medida.