Penalistas: quienes realizan escraches cometen delitos

El anuncio de la organización de derechos humanos Plenaria, Memoria y Justicia de que desarrollará una ola de escraches contra el ex canciller Juan Carlos Blanco puso el tema sobre la mesa nuevamente. Cuatro penalistas coincidieron en que quienes los llevan a cabo cometen varios delitos y tres legisladores rechazaron esa práctica por entender que atenta contra la paz.

Los penalistas Amadeo Otatti, Carlos Curbelo Tammaro, Juan Carlos Larrieux y Miguel Langón coincidieron en que hay una "clara ilicitud".

Otatti opinó que quienes realizan escraches cometen varios delitos pero principalmente el de violencia privada, que responsabiliza a quien obliga a otra persona a hacer o no hacer algo, o tolerar determinada conducta.

"Es clarísimo que mientras se está poniendo en práctica el escrache en un domicilio el que está adentro no puede salir, y si alguien quiere ir de visita no lo puede hacer", señaló.

El catedrático afirmó que "lamentablemente" la justicia no lo ha entendido así al archivar la denuncia que presentó el ex presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle, "porque un pronunciamiento jurídico en ese sentido alienta a pensar que se puede actuar impunemente". Agregó que "quizá sea conveniente legislar para que no queden dudas a los jueces".

Langón coincidió en que el Código Penal comprende varias figuras. En su opinión quien realiza un escrache comete asonada o sedición que son delitos contra la paz pública y el orden político del Estado.

"Sea contra Blanco o contra cualquier otra persona se cometen varios delitos porque hay insultos, difamación, injurias, violencia privada. Me pregunto qué pasaría si un grupo de personas intentara boicotear el acto del 1° de mayo", afirmó. Dijo que se podría crear el delito específico "pero no por falta de figuras sino para aclarar ante conductas que tienen carácter de ambijuricidad".

Curbelo Tammaro afirmó que dependerá de la modalidad con que se realicen pero que existen diferentes figuras diseminadas que se aplican a los escraches.

Su colega Larrieux, quien patrocinó a César Rodríguez Batlle en su denuncia opinó que no hay ninguna necesidad de legislar en forma especial porque ya existen varios delitos. En relación a la denuncia archivada por el fiscal Rafael Ubiría afirmó que "lamentablemente el magistrado pensó que era un problema de libertad de expresión".

LEGISLADORES. El senador blanco Francisco Gallinal dijo que este tipo de movilizaciones son "inaceptables" y "una falta de respeto a los derechos humanos. No los admito ni siquiera para los culpables", sentenció.

Por su parte, el senador colorado Ruben Correa Freitas aseguró que estas manifestaciones "lesionan el honor de las personas e invaden su esfera íntima" y que en especial "constituyen una violación del hogar".

"Esto se ha puesto de moda por algunos sectores políticos y sociales; estimo que habrá que generar conciencia por parte de todo el sistema político para dejar en claro que estas conductas son delictivas y lo único que hacen es pertubar la paz".

Mientras, el senador frenteamplista Alberto Cid expresó su oposición "a la metodología del escrache" y enfatizó que existen otros mecanismos para denunciar la actitud del ex canciller en el pasado.

"A mí me tocó participar en una anterior legislatura del debate en el Senado que consideró las actuaciones del entonces canciller de la dictadura, y creemos haber demostrado su participación y su acción internacional defendiendo al gobierno militar. Pero más allá de la culpabilidad que Blanco tiene, no comparto los escraches. El país se ha dado coordenadas de actuación que hay que respetarlas", concluyó.

El primer pronunciamiento de la justicia sobre los escraches fue en relación a la denuncia que el ex presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle presentó contra ahorristas del Banco Montevideo. El fiscal Rafael Ubiría entendió que el derecho de las personas que los protagonizaron "de conocer hechos que puedan afectarlas" primó sobre el derecho al honor individual del ex jerarca. Ubiría manifestó que "si bien la ley penal defiende el honor de las personas, existen situaciones que se encuentran por encima del derecho al honor individual, concediendo espacio al interés público general".