Defensa de Blanco aceptó que se pruebe muerte de Quinteros

Aunque aceptó el pedido de la fiscal Mirtha Guianze, de que se pruebe la muerte de Elena Quinteros, la defensa del ex canciller Juan Carlos Blanco pidió nuevamente ayer su libertad.

Al ser solicitada la excarcelación en el mismo documento, el juez deberá resolver primero si libera a Blanco.

El juez Eduardo Cavalli desechó el lunes la posibilidad de producir la prueba y había dado un plazo de cinco días hábiles al mismo tiempo a la defensa y a la Fiscalía para que hagan sus alegatos. Pero Guianze recurrió esa resolución e insistió en pedir las pruebas.

Carlos Curbelo Tammaro presentó ayer a Cavalli un escrito en el que se allanó a la recurrencia, es decir que aceptó que en este momento se cite a declarar al o a los integrantes de la Comisión para la Paz encargados de investigar la muerte de Elena Quinteros y se solicite información sobre los detalles de su asesinato, aunque sostuvo que "la considera innecesaria".

El letrado afirmó que quiere "terminar cuanto antes con la injusta privación de libertad" de Blanco y "no puede correr el riesgo de que estos autos vuelvan a estar cuatro meses en el tribunal de Apelaciones como ocurrió con la recurrencia del auto de procesamiento".

Agregó que "se ha seguido negando el lamentable fallecimiento de Quinteros porque esa prueba no ha sido producida ‘ante el juez con el debido contralor de las partes‘ (según Guianze). Para Curbelo eso es caer en lo que Couture alertaba acerca de "ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe".

MAS ARGUMENTOS. Curbelo también pidió la libertad de Blanco en el entendido de que "no existe posibilidad de mantener imputación alguna que obste al beneficio de la libertad".

A los fundamentos presentados en el anterior escrito del 21 de abril en el que pidió la libertad y archivo de actuaciones, añadió otros cuatro. Afirmó que el decreto del Poder Ejecutivo es derecho positivo y por ende tiene valor obligatorio; reconoce el fallecimiento de Quinteros; sostiene que las conclusiones de la comisión tienen la máxima credibilidad y certeza y aportan una verdad definitiva; y que se fundamenta en el artículo 4 de la ley de Caducidad que habilitó al Ejecutivo a investigar los hechos.

Por último, Curbelo Tammaro señaló que todos los magistrados intervinientes "han mantenido un sugestivo silencio ante el reproche de que han aplicado la ley en forma discriminatoria y en exclusivo perjuicio" de Blanco.

"Si la amnistía de la ley de Caducidad Nº 15.848 terminó el día 1º de marzo de 1985 y estamos, como todos los magistrados han coincidido, ante un delito permanente que se estaría cometiendo hasta el día de hoy, aplicar la sanción penal solamente al doctor Blanco es olvidar la generalidad de la norma legal y eso sí que es desconocer los principios fundamentales de nuestro estado de derecho... ¿o se precisa ser más claro?", concluyó.