Fiscal pidió a la Justicia que Dirox siga cerrada

SAN JOSE | JOSE L. ALVAREZ

El fiscal civil Enrique Viana solicitó a la justicia que disponga la suspensión del trabajo de la empresa Dirox y no se le permita reabrir la planta hasta que se conozca el fallo sobre la demanda interpuesta por el magistrado en diciembre pasado.

El anuncio fue realizado por el propio Viana, quien se reunió con 200 vecinos en Libertad para explicar los alcances de la demanda preventiva que inició contra Dirox. El magistrado señaló que el último cierre de la firma al descubrirse la utilización de cromo líquido en lugar de cromo en polvo para el que tenían autorización, motivó la solicitud de esa medida cautelar.

El fiscal explicó a los vecinos que la demanda interpuesta no tiene el cometido de exigirles el pago de dinero por su acción sino la prevención de las posibles consecuencias que su desempeño puede traer sobre el medio ambiente.

En la reunión que duró algo más de una hora y se realizó en el club social de Libertad El Asador, Viana señaló que su actuación "no es la quijotada de un fiscal en busca de notoriedad. Tal vez ustedes cesarían en sus gestiones, si la fábrica se marchara de San José y se instalara en otro extremo del país, afectando a otra comunidad, pero mi función es la de seguir solicitando su clausura, porque la ley me encomienda, la representación de todos los ciudadanos del país".

El magistrado que además respondió a numerosas consultas de los vecinos, explicó que si bien otros ministerios, como el de Trabajo y Seguridad Social o el de Salud Pública y aún la Intendencia de San José, tienen competencias en el control de la fábrica, sus responsabilidades desaparecen ante las que debe asumir el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (Mvotma), que es el que por ley entiende en la materia.

Una de las consultas realizadas por los vecinos fue sobre los antecedentes que el Grupo Stoppani, responsable de la firma, en otros países. Viana respondió que "no es necesario averiguar antecedentes de la firma en otros países para enjuiciar lo que aquí se hace, porque al juez le tiene que interesar lo que está pasando en el Uruguay, en este momento", dijo.

"Tanto la norma constitucional, como las leyes de impacto ambiental y de defensa del ambiente, son muy claras y le exigen al Estado un control que en este caso concreto no se cumplió. Permitir que en el Uruguay opere una fábrica de estas características, es ir contra ese principio", subrayó Viana.