HACE varias semanas se publicó un editorial
llamando la atención, no sólo sobre la demora en
contestar los pedidos de informe dirigidos por los
legisladores y los ediles al Poder Ejecutivo, a otros
organismos y a la Intendencia de Montevideo, sino
también, sobre la sugestiva coincidencia entre el
Partido Colorado en un gobierno y el Frente Amplio en
otro desgobierno, sobre la omisión en darles
respuesta.
Para quienes accedan por primera vez al tema, es
oportuno recordar que el mecanismo del pedido de
informes es de pacífica aceptación en los países
civilizados. Hay antecedentes en el viejo derecho
francés, habiéndose exigido ya en 1911 la obligación
de contestarlos dentro de los ocho días siguientes a
su presentación; en la Inglaterra de la Reina Victoria y
en casi todas las Constituciones americanas y
europeas.
NUESTRO país estuvo siempre adherido a esa
tradición jurídica y al Partido Nacional correspondió
imponer su efectivo y mejor reconocimiento, cuya
regulación se remonta a la Constitución de 1918 como
un beneficio de "todo legislador", perfeccionado en la
de 1934 cuando la Comisión de Constitución recogió
el texto vigente, presentado por nuestra colectividad
política. En la órbita municipal, por su parte, la Ley
Orgánica de Gobiernos Departamentales otorgaba "el
derecho de pedir al Consejo de Administración los
datos e informes que se estimara necesarios" lo que
se mantuvo en la ley de 26 de octubre de 1935, fijando
un plazo de diez días para contestarlos. La
Constitución de 1952, finalmente, lo estableció por
primera vez con ese rango y con idéntica redacción a la
de la ley, extendiendo el plazo a veinte días, vencido el
cual, si no se contestaban, la Junta Departamental
como órgano podía reiterarlos.
Hasta ahí la historia.
Lo que debe agregarse ahora es la divulgación del
número de pedidos que se encuentran sin respuesta y
el reclamo de una solución al problema para que no
se sigan prolongando los efectos negativos de esa
actitud en un régimen democrático.
POR los mismos días en que se publicó el editorial
aludido, el Directorio del Partido Nacional encomendó
al diputado Gustavo Borsari realizar un planteamiento
en el Cuerpo que integra, precisamente sobre la falta
de respuesta por parte del gobierno a los pedidos de
informe. Configura un documento de muy útil lectura el
Diario de Sesiones de la Cámara correspondiente a la
fecha en que el Legislador dio cumplimiento a ese
mandato, ya que sirvió para poner de manifiesto el
elevado número de solicitudes que han sido ignoradas
y, además, por las sugestivas conclusiones que
pueden sacarse de un estudio comparativo de la
omisión.
Surge así del debate que, sólo en la Cámara de
Representantes y durante esta Legislatura, se
formularon 1.649 pedidos. El Partido Nacional
presentó 164 de los cuales faltan contestar 72; el
Partido Colorado presentó 88 faltando responder 39; el
Nuevo Espacio y el Partido Independiente presentaron
86 de los cuales 32 no han sido contestados mientras
que el Frente Amplio presentó 1.310 de los que 573 se
encuentran aún sin respuesta.
SI esos números son indicativos por sí mismos,
mucho más lo son si se comparan con lo que viene
ocurriendo en la Junta Departamental y la actitud
asumida ante el mismo tema por el Frente Amplio en
la Intendencia de Montevideo. Tomando el período que
va desde el 13 de julio del año pasado al 20 de marzo
de 2003, se comprueba que los ediles realizaron 576
pedidos de informes, correspondiendo 338 a
representantes del Partido Colorado, 236 al Partido
Nacional y sólo dos al Frente Amplio, y de ellos, en
términos porcentuales, la Intendencia no contestó el
36%, que se distribuyen en un 29% de pedidos del
Partido Colorado, un 44% del Partido Nacional y un
100% del Frente Amplio. No se le contestó ninguno.
Al margen de números, porcentajes y diferencia de
posiciones, el desborde frenteamplista en el
Parlamento es sustituido por una silenciosa
complacencia departamental, y teniendo en cuenta
únicamente la importancia del mecanismo como
forma de contralor en un régimen democrático, debe
buscársele una solución que asegure su eficacia.
EN el Parlamento, la sesión en que se trató el tema
terminó con la aprobación de una tímida resolución
exhortando al Poder Ejecutivo y demás organismos "a
cumplir con la obligación dispuesta por el artículo 118
de la Constitución" y en la Junta Departamental, el edil
nacionalista Osvaldo Abi Saab dejó constancia que si
en los primeros días de mayo no se le contestaban
algunos de los 74 pedidos pendientes llamaría a Sala
al Intendente. No es un final ni aceptable ni digno,
pese a su mérito, para lo que viene ocurriendo ni para
la naturaleza del tema que se está manejando.
SIN perjuicio de otras soluciones a las que puedan
recurrirse, se entiende necesario, por lo tanto, a nivel
nacional, sancionar una ley que dé cumplimiento al
párrafo final del inciso 1º del artículo 118 de la
Constitución cuando prevé, de manera imperativa ("el
plazo que fijará la ley" dice) que se dicte una norma,
estableciendo ese plazo en el que deberán
contestarse. A lo cual habría que agregar una sanción
por el incumplimiento. A nivel departamental,
corresponderá también establecer una sanción al
Intendente por ignorar que, pese a existir, sí en su
caso, un plazo que indirectamente le impone una
obligación ("Si éste no facilitara los informes dentro del
plazo de veinte días el miembro de la Junta
Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la
misma" establece el inciso final del artículo 284 de la
Constitución), no lo respeta.
Tolerar que se siga manteniendo el temperamento
actual es permitir una burla a la democracia, un
desconocimiento de la jerarquía del Parlamento y de la
Junta Departamental y un acto de soberbia frente a la
ciudadanía.
