RIVERA | FREDDY FERNANDEZ
Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas
procesados por el caso Zona Franca recibieron la
partida de tickets alimentación, entregada por el Poder
Ejecutivo a los funcionarios públicos.
Según supo El País, al figurar los funcionarios
recluidos, en la nómina de beneficiarios, la receptoría
local realizó las consultas del caso, pero se les indicó
que "únicamente no se debía entregar a los tickets a
los prejubilados".
El procesamiento por varios delitos y la reclusión de
los aduaneros que desde hace casi dos años
cumplen en la Cárcel de Rivera, no impidió que el
gobierno les entregara el beneficio.
Los funcionarios aduaneros aún no han sido cesados,
y a la fecha, si bien no perciben sueldo, reciben
mensualmente los beneficios sociales.
Cuando los funcionarios fueron detenidos luego de la
investigación llevada a cabo por la Dirección Nacional
de Información e Inteligencia, el entonces director de
Aduanas, capitán Luis Salvo, dispuso que un abogado,
asesor de la Receptoría de Rivera, se pusiera a la
orden de los indagados, para defenderlos en el
proceso judicial.
Actualmente el expediente se encuentra en la etapa en
la que los abogados defensores podrán presentar
pruebas para salvar o disminuir la pena de los
enjuiciados. Esta etapa conocida como en la que se
pone el expediente de "manifiesto" significa para los
abogados que el proceso judicial recién comienza.
La etapa procesal se demoró debido al sumario que la
Suprema Corte inició al juez de la causa Alberto
Miguel, el que derivó en su posterior traslado al
juzgado de Río Branco.
El actual juez Néstor Valetti espera que el Supremo
Tribunal de Brasil diligencie el pedido de extradición
del aduanero Adolfo Gil para juzgarlo. Su orden de
arresto fue emitida el 10 de setiembre de 2001, por
asociación para delinquir especialmente agravada,
contrabando, falsificación de documento privado, y
falsificación de certificado.
Desde entonces Gil era buscado por Interpol. Pero Gil
fue más conocido públicamente luego de que se
difundió que estaba inscripto como pase en comisión
en la oficina del diputado Alejo Fernández Chávez, del
Foro Batllista, a pedido de su entonces colega y actual
presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU),
Ariel Lausarot. Finalmente fue detenido en
Florianópolis en febrero.
El voluminoso expediente que cuenta con seis mil
hojas, derivó en el procesamiento de 40 personas
entre ellas, funcionarios policiales, aduaneros,
militares y particulares. En él actuán 35 abogados que
defienden a los enjuiciados.
