Aduaneros procesados recibieron tickets de alimentación

RIVERA | FREDDY FERNANDEZ

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas procesados por el caso Zona Franca recibieron la partida de tickets alimentación, entregada por el Poder Ejecutivo a los funcionarios públicos.

Según supo El País, al figurar los funcionarios recluidos, en la nómina de beneficiarios, la receptoría local realizó las consultas del caso, pero se les indicó que "únicamente no se debía entregar a los tickets a los prejubilados".

El procesamiento por varios delitos y la reclusión de los aduaneros que desde hace casi dos años cumplen en la Cárcel de Rivera, no impidió que el gobierno les entregara el beneficio.

Los funcionarios aduaneros aún no han sido cesados, y a la fecha, si bien no perciben sueldo, reciben mensualmente los beneficios sociales.

Cuando los funcionarios fueron detenidos luego de la investigación llevada a cabo por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el entonces director de Aduanas, capitán Luis Salvo, dispuso que un abogado, asesor de la Receptoría de Rivera, se pusiera a la orden de los indagados, para defenderlos en el proceso judicial.

Actualmente el expediente se encuentra en la etapa en la que los abogados defensores podrán presentar pruebas para salvar o disminuir la pena de los enjuiciados. Esta etapa conocida como en la que se pone el expediente de "manifiesto" significa para los abogados que el proceso judicial recién comienza.

La etapa procesal se demoró debido al sumario que la Suprema Corte inició al juez de la causa Alberto Miguel, el que derivó en su posterior traslado al juzgado de Río Branco.

El actual juez Néstor Valetti espera que el Supremo Tribunal de Brasil diligencie el pedido de extradición del aduanero Adolfo Gil para juzgarlo. Su orden de arresto fue emitida el 10 de setiembre de 2001, por asociación para delinquir especialmente agravada, contrabando, falsificación de documento privado, y falsificación de certificado.

Desde entonces Gil era buscado por Interpol. Pero Gil fue más conocido públicamente luego de que se difundió que estaba inscripto como pase en comisión en la oficina del diputado Alejo Fernández Chávez, del Foro Batllista, a pedido de su entonces colega y actual presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Ariel Lausarot. Finalmente fue detenido en Florianópolis en febrero.

El voluminoso expediente que cuenta con seis mil hojas, derivó en el procesamiento de 40 personas entre ellas, funcionarios policiales, aduaneros, militares y particulares. En él actuán 35 abogados que defienden a los enjuiciados.