ANTONIO ALVAREZ
Al cambiar la palabra "vivienda" por un concepto más
flexible como "solución habitacional", la Ley de
Urgencia II despejó el camino para un cambio radical y
acaso polémico en los programas de calidad de vida
para personas mayores de 60 años.
Fue algo más que un giro idiomático, porque sin
mencionarlo específicamente, abrió un panorama de
reformas en las políticas de vivienda para la tercera
edad, cuando ni siquiera asomaba en el horizonte el
embrión de un proyecto alternativo.
Lo cierto es que más allá de cuestiones semánticas,
el BPS analiza poner menos atención en la
construcción de viviendas para jubilados y reorientar el
dinero que se le descuenta a los pasivos en aumentar
la red de tercera edad, promover el alquiler de fincas
en grupos de adultos mayores, abonar subsidios a
familias que quieran alojar ancianos, e inclusive
recurrir a piezas de hotel para hallar soluciones
inmediatas a la gran demanda de techo que debe
viabilizar el BPS en el corto plazo.
Existe una sola certeza en la que coinciden tirios y
troyanos de esta polémica impostergable. Desde que
comenzó a instrumentarse el descuento de 1 y 2 por
ciento a las pasividades, el nivel de construcción de
viviendas para pasivos ha sido más bien insuficiente,
sobre todo teniendo en cuenta que el fondo recaudó
380 millones de dólares desde 1989.
La otra certeza en la que existe unanimidad por parte
de todos los protagonistas es que por el tipo de
beneficiario al que está destinado el servicio, el
concepto de "soluciones habitacionales" parece un
término más adecuado para poner en claro que esta
demanda no admite la menor demora.
Un informe de la Gerencia de Prestaciones Sociales
del Banco de Previsión Social que aún circula en forma
reservada dentro del directorio postula soluciones
alternativas, algunas de las cuales serán polémicas,
aunque a nadie se le ocurra discutir ni la oportunidad
ni la pertinencia de las mismas.
El documento maneja que son más de 9 mil las
personas que integran el registro de viviendas, una
cifra que se encuentra sensiblemente por encima de
las marcas históricas y que coincide además con un
preocupante mapa de situación de las pasividades en
Uruguay. El sistema ha cubierto a uno de cada cinco
postulantes a viviendas (22%) y nada indica que eso
vaya a cambiar.
La ineficiencia del sistema y la caída del poder
adquisitivo de jubilaciones y pensiones son las dos
variables más importantes del diagnóstico.
La Gerencia de Prestaciones Sociales argumenta que
el sistema de construcción de viviendas cayó por su
propio peso. Actualmente el costo por apartamento o
casa promedia los 40 mil dólares, un precio
inmobiliario considerado caro para un proyecto cuyo fin
es la entrega de viviendas sociales.
Semanas atrás, el ministro de Vivienda, Saúl Irureta,
expresó ante miembros de una comisión
parlamentaria que los presupuestos manejados están
"al costo de construcción de Punta del Este o de
cualquier barrio pudiente de Montevideo"
En esa ocasión, el Ministerio de Vivienda advirtió
además en su carácter de administrador del programa
habitacional sobre los preocupantes índices de
incumplimiento de las empresas, que han provocado
un aumento exponencial de los juicios ejecutivos en
los últimos dos o tres años.
El propio ministro Irureta utilizó una ironía
seguramente involuntaria para sincerarse acerca del
plan social y dijo que el BPS había convertido a la
secretaría de Estado en "la mayor inmobiliaria del
país".
RED DE VOLUNTARIOS. Lejos de entrar en un debate,
las oficinas técnicas del Banco de Previsión van en la
misma línea de pensamiento del ministro. Poner en
tela de juicio el sistema de viviendas y reorientar los
esfuerzos financieros y recursos humanos era un viejo
reclamo de la Gerencia de Prestaciones del Banco de
Previsión Social.
No es un pronunciamiento más en el debate. Se trata
del sector del organismo que se mueve en mayor
contacto con la población pasiva. Sus asistentes
sociales trabajan codo a codo con más de 500
instituciones, entre hogares de ancianos y
asociaciones de pasivos, además de centros para
discapacitados.
El Banco de Previsión Social coordina con estos
grupos bastante más que proyectos de vivienda.
Desde hace algunos años, el organismo no financia
gastos fijos de las instituciones tales como luz, agua u
subsidios permanentes. Pero a cambio cuenta con un
fondo anual de 400 mil dólares que se destina a
proyectos de expansión de carácter comunitario. Más
de un centenar de planes por año son presentados por
la red de voluntariado, los cuales deben pasar por el
filtro técnico. En caso afirmativo, el BPS aporta dinero y
entrenamiento a sus gestores.
Esta gerencia solidificó ese vínculo en los últimos
años y en este momento acaba de terminar un
pormenorizado registro de cada organización con
informes acerca de trayectorias e inversiones, el cual
será presentado al directorio en pocas semanas,
dijeron a El País fuentes del organismo.
"No vamos a tener el mismo tratamiento con
instituciones que han tenido un desarrollo y han
cumplido objetivos, que con aquellas que hace años
se han quedado en la misma actividad y atienden a
muy poca gente. No sería justo", agregó una calificada
fuente del sector.
El BPS se propone inclusive tener pronto una
exhaustiva relación de gastos y subsidios empleados
en los últimos años, un registro de viviendas
disponibles a partir de estas instituciones, datos que
de alguna manera serán un buen punto de partida en
busca de nuevas soluciones habitacionales.
El análisis servirá además para extender actividades o
retirar apoyos, según cada caso, con el fin de una
mejor utilización de la infraestructura.
La exitosa experiencia de trabajo con más de 5 mil
voluntarios es la base de argumentación de la
Gerencia de Prestaciones Sociales para extender la
red de hogares de ancianos como alternativa
inmediata a la demanda de viviendas.
Pero en el paquete de soluciones el informe plantea
también el arrendamiento de hoteles que se
encuentren vacíos y el otorgamiento de dinero a dos
puntas: o bien para que las familias de los jubilados
asistan a sus ancianos, o bien para que otras familias
puedan dar residencia a adultos mayores en situación
de emergencia.
Es un sistema tripartito que ya funciona con éxito en
los hogares de ancianos que trabajan en coordinación
con el BPS. Cada pasivo tiene un costo fijo para el
organismo de unos 3.000 pesos. Los voluntarios
ponen su dedicación y tiempo sin que eso sea un
gasto para el erario. Y el jubilado o pensionista a su
vez solo pone el dinero para su alimentación de lo que
percibe como pasividad.
Los directores políticos aún no quieren hablar
públicamente del asunto, mientras los directores
sociales —especialmente los representantes de
pasivos y trabajadores— muestran algunas
discrepancias, sobre todo con las alternativas más
liberales del plan.
Lo que se sabe es que el directorio en pleno estaría
dispuesto a revisar la política de viviendas y extender la
red de hogares. Pero la alternativa de los subsidios a
familias y el alquiler de casas y hoteles genera
controversias.
LADRILLO Y REALIDAD. Hay buenas señales del
gobierno. La otra contraparte del plan, el ministro de
Vivienda Saúl Irureta Goyena, ya tiene posición abierta
y favorable a tratar estas iniciativas.
Como ex consultor del BPS en políticas de vivienda,
Irureta fue concluyente y planteó viejos problemas sin
solución que echan por tierra los grandes e ineficaces
esfuerzos arquitectónicos del Estado: "el viejo no
precisa una vivienda sino un ámbito donde pasar los
últimos años de su vida, y eso implica atención y
acompañamiento. Si le doy una vivienda en un décimo
piso, se lleva a su familia. Cuando ese anciano muere,
¿quién saca a la familia de allí?", se preguntó el
ministro.
Para el director del BPS Arturo Fernández, que
representa a las organizaciones de pasivos, antes de
entrar a discutir detalles del plan, habría que
establecer algunas contiendas de competencia con el
Ministerio de Vivienda y saber a dónde está el dinero
recaudado para el fondo habitacional.
Fuentes del BPS aseguran que el dinero es
escrupulosamente depositado en una cuenta del
Banco República, aunque nadie quiere dar con
precisión cual es la cantidad exacta de dinero que
proviene del descuento de 1 y 2 por ciento de las
pasividades.
La recaudación sería de un millón de dólares al mes,
según una estimación extraoficial. El cálculo surge del
3 por ciento que retiene el BPS para el pago de gastos
de los 160 complejos habitacionales que administra,
una suma cercana al millón de pesos por mes.
El director social Fernández, un maestro jubilado
oriundo de Cerro Largo, cree que se trata de dinero de
los pasivos y que más allá de cualquier discusión no
existe inversión más inobjetable y transparente que
apostar a la contundencia de los ladrillos.
"La idea fuerza de este fondo que financian los pasivos
ha sido siempre la construcción de viviendas. Y
personalmente creo que es el mejor destino. Estoy
dispuesto a ver otras alternativas como la ampliación
de la red de hogares de ancianos. Los otros proyectos
hay que estudiarlos más a fondo", asegura Fernández.
Para él, uno de los aspectos discutibles del proyecto
es que se pretende abandonar las construcciones que
se encuentren en un porcentaje menor al 70 por ciento
del cronograma de obras.
Actualmente el BPS tiene 1.352 obras en construcción
y 403 en plan de ser licitadas. Se cree que entre 70 y
100 se encuentran actualmente en litigio por
incumplimiento por parte de las empresas
constructoras.
"Abandonar buena parte de estas obras sería
desperdiciar una gran inversión que se hizo con el
aporte de uno de los sectores más desprotegidos de
nuestra población. Tenemos que defendernos de los
incumplimientos. Hay que seguir adelante con los
juicios contra las empresas", dijo el representante de
los jubilados.
Para Ariel Ferrari, que representa a los trabajadores
sindicalizados en el Pit-Cnt, el plan de viviendas cuenta
con muchas debilidades, aunque asegura que "la ley
está para cumplirse".
De todos modos, Ferrari cree que el sistema deberá
ser revisto en el futuro cercano. La experiencia marca
que las viviendas son caras a pesar de construirse en
zonas periféricas y a pesar del consiguiente bajo costo
de la tierra.
Más allá de puntos de vista, todos los directores del
BPS —sociales y políticos— creen que ha llegado la
hora de replantearse algunos temas, ya que los costos
de mantenimiento de los complejos no da para más.
El pago de servicios 222, gastos comunes,
reparaciones de ascensores y otros elementos, se
suman a la caída de las propias jubilaciones y
pensiones que alimentan ese mismo fondo, según
explicó Ferrari.
GUETOs inseguros. Otra de las duras críticas que se
le hace al plan es que las viviendas están lejos de los
centros comerciales, lo cual expone a los pasivos a
grandes y onerosos traslados, por no mencionar los
graves problemas de seguridad.
Pero además se trata de un sistema de difícil ajuste a
la realidad de los adultos mayores. Estos se quejan de
constantes problemas de convivencia con el entorno.
Una gran mayoría pone en jaque la filosofía de las
soluciones habitacionales calificando los complejos
habitacionales como "guetos de jubilados". Y a estas
situaciones deberían agregarse dificultades propias
de la edad de los beneficiarios, tales como la salud
física y mental.
"Uno de los problemas que presenta el sistema es
que el titular debe ser una persona autoválida. Es
decir, debe moverse por sus propios medios. En una
edad como ésta, es muy común que ese hecho
cambie de un momento a otro por un quebranto de
salud, una caída, etcétera. Un sistema que combine la
construcción de viviendas con los hogares de
ancianos permitiría contar con una alternativa para el
beneficiario y así poder ceder la vivienda a otra
persona que sí la pueda habitar", afirma Arturo
Fernández.
El cuidado en los hogares en una buena alternativa
ante la nueva contigencia. Pero los directores sociales
no están de acuerdo en las restantes opciones, como
los subsidios y los alquileres de fincas, porque son
difíciles de controlar. Y usan argumentos de los
impulsores de los nuevos criterios a fin de refutarlas.
Para Ferrari, el otro director social, si el Ministerio de
Vivienda no puede administrar las 4.500 viviendas,
tendrá serias dificultades para manejar este nuevo
abanico de prestaciones.
"Será un tema engorroso. Pero además puede generar
dudas acerca del destino de los fondos. Creo también
que el BPS no puede centrar toda su actividad tan solo
en hacer los pedidos de viviendas y dar las llaves una
vez que éstas han sido construidas. Quisiéramos una
actitud más protagónica, para la cual habría que
cambiar la ley actual", afirma el director.
Desde la aprobación de la Ley de Urgencia II en el año
2001, el BPS participa de todo el proceso de
soluciones habitacionales a través de una Comisión
de Viviendas, integrada por tres miembros del
organismo previsional y tres representantes del
MVOTMA nombrados por el ministro Saúl Irureta. Pero
se trata de un órgano que no tiene ninguna capacidad
de contralor y es de carácter estrictamente consultivo.
Esta semana la comisión será citada por primera vez
en el Ministerio de Vivienda. Aunque la política de
soluciones habitaciones está puesta sobre la mesa
desde hace dos años al menos, gran parte del
paquete de medidas será tratado oficialmente por
primera vez ese día.
La comisión deberá dar respuesta a la pregunta que el
propio ministro Irureta se hiciera a sí mismo y a los
legisladores: "¿Hay una política de vivienda para
jubilados sólida, establecida, discutida y aceptada que
permite acumular resultados en sucesivas
administraciones y hacer que nuestros viejos vivan
mejor? Creo que no".
