El principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas mantuvo ayer la presión sobre Cuba, al instar a la isla a aceptar la visita de una enviada de la ONU para investigar presuntas violaciones, aunque no mencionó las condenas recientes a disidentes ni la ejecución de tres secuestradores.
La resolución de condena -un texto "moderado" que fue presentado por Perú, Nicaragua, Costa Rica y Uruguay- fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por 24 votos a favor, 20 en contra y nueve abstenciones.
Siete de los 11 países latinoamericanos representados en la comisión, de 53 miembros, votaron a favor de la resolución, entre ellos Chile y México, a los que Cuba acusó de "hipocresía y doble moral". Por su parte, la Argentina y Brasil se abstuvieron, al igual que los países africanos, mientras que Cuba y Venezuela votaron en contra.
En tanto, fueron rechazadas una enmienda más dura contra Cuba -presentada por Costa Rica- para condenar las severas penas de prisión aplicadas recientemente a decenas de opositores, y otra de Cuba que criticaba el embargo económico que impone Estados Unidos contra la isla desde hace más de cuatro décadas.
El gobierno cubano, sin responder al contenido de la resolución -que calificó de "aguado y cínico documento"-, aseguró que ésta había sido impuesta por Estados Unidos, y afirmó que la revolución cubana había logrado "una nueva victoria moral".
El presidente Fidel Castro, que percibe la votación como una injerencia en los asuntos internos de su gobierno, calificó a Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay de "serviles vasallos de la gran potencia".
Estados Unidos elogió la resolución -la duodécima aprobada por la comisión de la ONU-, pero dijo que se le debería negar a Cuba un asiento en la comisión el próximo año, e indicó que ningún Estado debería formar parte de ella "si deliberada y consistentemente socava el espíritu y el propósito de la comisión".
Una declaración de la Casa Blanca hizo énfasis en un enfoque multilateral en el tema de Cuba. "Trabajaremos con amigos y aliados para encontrar nuevas vías para llevar a cabo una pacífica transición democrática en Cuba", dijo.
Cuba, gobernada por Castro desde 1959, sigue siendo un tema políticamente sensible en América latina, y ninguno de los representantes de la región votó a favor de la dura enmienda de Costa Rica en la reunión anual de la comisión de la ONU.
La resolución aprobada insta a Cuba a respetar una decisión adoptada en 2002 por la misma comisión, que, tras reconocer los avances sociales hechos por Cuba, decidió enviar a una representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para supervisar la situación de la isla en esa área.
Hasta ahora, Cuba, que niega que allí se estén violando los derechos humanos, ha rechazado la visita de esta representante, la magistrada francesa Christine Chanet, y alega que la ONU debería concentrarse en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, usada para mantener detenidos a prisioneros de la guerra en Afganistán.
Pero las duras condenas dictadas contra 75 disidentes y la ejecución, también la semana pasada, de tres hombres que secuestraron un ferry para ir a Estados Unidos, conmocionaron a la comunidad internacional y provocaron condenas de varios gobiernos.
La resolución de Ginebra fue bien acogida por los disidentes que siguen en libertad en Cuba, aunque se mostraron pesimistas sobre la posibilidad de que el gobierno permita la entrada de la representante de la ONU.
Por su parte, grupos internacionales de derechos humanos lamentaron que la resolución no hiciera referencia alguna a los últimos acontecimientos en la isla.
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