Uruguay en contra de legalizar las drogas o penalizar al adicto

VIENA. Uruguay se opone a legalizar las drogas mientras no haya un consenso internacional y prefiere políticas que incorporen a los adictos al sistema sanitario, sin penalizarlos, según la delegación uruguaya en la Comisión de Estupefacientes de la ONU inaugurada hoy en Viena.

El jefe de la delegación y prosecretario de la Presidencia de la República, Leonardo Costa Franco, dijo a la prensa que "mientras no haya un consenso" mundial para modificar la legislación internacional, basada en tres convenciones de la ONU, su país no ve "con buenos ojos" las tendencias permisivas de algunos países.

El experto hizo esta declaración en relación a las críticas planteadas en Viena por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que consideran fracasada la política de prohibición de drogas defendida por las Naciones Unidas para combatir el narcotráfico.

"Creo que es muy perjudicial que un país haga estas cosas (políticas de tolerancia) unilateralmente", declaró Costa Franco. "Pero sí vemos con buenos ojos las políticas de trabajar con los adictos para incorporarlos al sistema sanitario, y no penalizarlos. Esta es una tercera vía muy productiva, que no requiere necesariamente prohibir el consumo", añadió.

El delegado uruguayo defendió la legislación existente en su país porque "logra un punto medio justo", ya que prohíbe y castiga la comercialización de sustancias ilícitas, pero no su consumo.

"Tratamos al consumidor como lo que es, no como un delincuente, pero tampoco necesariamente como un enfermo. Esta política nos ha permitido tratar por igual al consumidor de drogas ilícitas que al de drogas lícitas" como el alcohol, insistió.

"Para nosotros, en Uruguay, el principal problema en esta lucha no se centra en la adicción a las drogas prohibidas, sino en el alcoholismo", agregó.

En su alocución ante el plenario de la Comisión de Estupefacientes, Costa Franco destacó los progresos realizados por Uruguay para combatir el blanqueo de dinero.

"En cumplimiento de lo establecido en la Convención de Viena de 1988, se han tipificado el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y sus delitos conexos", dijo.

Entre las medidas adoptadas está la obligación de reportar operaciones sospechosas "para un universo significativo de sujetos obligados: bancos on-shore y off-shore , casas financieras, cooperativas de intermediación financiera, casas de cambio, corredores de bolsa, etc", precisó.

Asimismo, es obligatorio "el reporte sistemático de toda operación que traspase el umbral de los 10.000 dólares".

Para investigar todos esos informes se ha creado la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, dependiente del Banco Central. "Cuando corresponde, los resultados de esas pesquisas se elevan a la Justicia, sin que opere a su respecto restricción de tipo alguno vinculada al secreto bancario", añadió.

En fase de desarrollo está todavía una Unidad de Investigación Patrimonial dependiente del Ministerio del Interior para colaborar con la Justicia en las investigaciones del delito de blanqueo.

Paralelamente, se ha creado un centro destinado a la prevención del lavado de activos, con el fin de "sensibilizar, capacitar y coordinar acciones entre los diversos actores, tanto públicos como privados, vinculados directamente a esta lucha, como jueces y fiscales, supervisores bancarios, policías y otros profesionales".

Estas medidas se aplican también al blanqueo proveniente de otros delitos graves, como "la corrupción administrativa, el tráfico ilícito de armas, el contrabando, el terrorismo, el tráfico ilícito de personas, tejidos y medicamentos, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilegal de sustancias nucleares, de obras de arte, animales y materiales tóxicos".

Finalmente, el representante de Uruguay destacó el desarrollo de mecanismos para fortalecer la cooperación internacional en esta materia, aspecto que considera de "fundamental importancia". EFE