El Partido Nacional espera que el gobierno formalice
en los próximos días su propuesta de interpretación
del alcance de la caducidad y una vez que ello haya
ocurrido recién tomará posición definitiva, lo cual se
espera que suceda en las próximas semanas.
A su vez, el oficialismo ha abierto una etapa de
consultas sobre el tenor de la iniciativa que será
enviada al Parlamento.
De acuerdo con lo informado, el "proyecto
interpretativo" de la ley de caducidad que presentó el
diputado Daniel García Pintos (Lista 15) en noviembre
de 2002, que extiende la "amnistía" a "civiles que
hubieren participado a cualquier título" en delitos
acontecidos entre 1973 y 1985, fue tomado "como
base" por el Poder Ejecutivo para trabajar en la nueva
ley.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis
Alberto Lacalle, dijo anoche a El País que "en principio"
está a favor de una iniciativa de esta naturaleza,
aunque aclaró que no va a haber un pronunciamiento
concreto hasta tanto se conozca el texto definitivo que
se propondrá a las fuerzas políticas.
"El texto debe ser analizado muy detenidamente",
comentó Lacalle, "aunque puedo adelantar que el
pensamiento mío es a favor. Pero de todas formas,
quiero ver el texto", subrayó el líder nacionalista.
El gobierno maneja un borrador de proyecto de ley que
incluye la "amnistía" para civiles que puedan
eventualmente ser denunciados por violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura, y alude a las
conclusiones que presentará el jueves 10 la Comisión
para la Paz, en las que se establecerá el fin de las
investigaciones y el cumplimiento del mandato del
artículo 4to. de la ley de caducidad, dando detalles
sobre el destino de los desaparecidos en operaciones
militares o policiales, y sobre los menores
secuestrados en similares condiciones.
GALLINAL: "NO SE APLICA". En una entrevista
concedida a El País, el senador Francisco Gallinal
sostuvo que "la ley de caducidad es, desde que se
instauró la democracia hasta hoy, el aporte más
importante que se le ha hecho al país para consolidar
la paz y la tranquilidad pública.
"Cuando se habla de interpretar la ley, lo que puede
ser válido en tanto el Parlamento tiene potestades para
hacerlo, señalamos que interpretar significa aclarar el
alcance de la misma, y no modificarla. No puede
nunca interpretarse ampliando su alcance, haciéndola
más abarcativa, ni tampoco reduciéndolo, porque de
esa forma violaríamos no solamente su espíritu sino
también su contenido", sostuvo Gallinal.
Gallinal indicó que se opone a una nueva ley porque
"en vez de aportar una solución más, se van a reabrir
viejas heridas y se va a agregar un elemento muy duro
de fricción, de enfrentamiento entre los orientales que
por cierto al país no le viene nada bien en
circunstancias tan difíciles como las que estamos
atravesando".
"Ya sea por el camino de la ley interpretativa o por el
de un nuevo texto legal, ¿lo que aparentemente se
pretende es incluir a los civiles en la caducidad de la
pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos
por ellos cometidos?", preguntó.
"Si este es el propósito, por cierto que esa intención no
estuvo en los autores de la ley que la limitaron
exclusivamente a los funcionarios militares y
policiales, equiparados y asimilados y que yo diría
más, excluyeron premeditadamente a los civiles. No
me imagino ni a Wilson ni a la mayoría de quienes
impulsaron la ley exonerando de responsabilidad a
Bordaberry ni a quienes colaboraron con el régimen de
la época", añadió.
Luego, el senador de la Correntada Wilsonista (CW)
afirmó que "en ese contexto, los civiles que apoyaban
al régimen militar no tenían arte ni parte en esa
confrontación armada, y mal podían entonces ser
amnistiados o excluidos de responsabilidad. Por el
contrario, si alguna participación tenían en violaciones
de derechos humanos, su responsabilidad después
de la ley permanecía vigente, porque no era para ellos
que estaba dictada la norma de caducidad".
Añadió a continuación que "la ley de caducidad no se
aplica a los civiles, ni para condenarlos ni para
absolverlos. No se aplica y punto, y mucho menos por
vía de interpretación legislativa".
Para el legislador, "no hay razones que puedan
generar intranquilidad o incertidumbre en los mandos,
porque para ellos -hasta hoy ha sido así-la ley fue
correctamente aplicada y es nuestro deber como
gobernantes velar por el fiel cumplimiento de las
leyes".
"Ahora, que el Poder Judicial al aplicar la ley y en
consecuencia, interpretarla, se pueda sostener que al
no existir autor de un delito mal pueda existir co-autor,
por citar un ejemplo, bueno, nuestra justicia tiene
independencia, poder y jurisdicción para hacerlo y a su
arbitrio estamos todos sometidos en este país".
Según el senador nacionalista, "para quienes no son
militares ni policías lo que la ley de caducidad hizo, al
no referirse a ellos, fue simplemente mantener vigente
la legislación que en materia penal existía al momento.
Así podrán intentar hacer valer la prescripción u otras
normas, incluso de origen constitucional, que regula la
acción de quienes desempeñaron responsabilidades,
aún en un régimen de facto".
Para Gallinal, lo esencial es "saber que la
consolidación de la democracia pasa por la
independencia de un Poder Judicial que nos de
garantías a todos; por la correcta aplicación de las
leyes y en este caso, de la ley de caducidad que ha
sido un excelente instrumento para no reabrir un
pasado doloroso que a todos nos pesa, por el
esperado y definitivo pronunciamiento de la Comisión
para la Paz y, por supuesto, porque nuestra misión no
sea la de sumar conflictos sino la de superar los que
ya tenemos que no son pocos".
POLEMICA. El Parlamento se convertirá en escenario de los debates por la ley interpretativa