Presión de grupos corporativos frena decisión sobre el Correo

El director del Correo, Esteban Jardín, sostuvo que "la presión de los corporativismos" es lo que impide que el organismo postal se encargue de la distribución de las facturas públicas. También advirtió que la "inequidad" salarial en el Estado es uno de los temas que el gobierno debe tratar en lo inmediato, y aseguró que los funcionarios de UTE cobran 18 sueldos por año, dado que perciben compensaciones.

—El contrato entre el Correo y la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu) fue rescindido. ¿Quedó cerrado el tema?

—Había un acuerdo que mejoraba la economía de los medios de comunicación pero que también mejoraba la economía de un organismo del Estado. Y cuando hay un negocio rentable para el Correo, que le agrega valor, que demuestra que el Estado es capaz de hacer negocios importantes, parece que no es oportuno llevar adelante dicho negocio. Lo que parece poco entendible es que el Estado intervenga en un mercado de libre competencia, y le diga a una empresa pública: "esto usted no lo puede hacer".

—¿Y qué efecto tuvo la culminación de ese contrato?

—El Correo le pesa al Estado. Es un peso constante, de 6 millones de dólares. Por día hay aproximadamente 20 mil dólares que salen de Rentas Generales para el Correo. Desde el punto de vista legal y de la conveniencia había una posibilidad importante de desarrollo y beneficio para la sociedad, con diarios más baratos. Perdió la sociedad, porque el Correo podría haber dejado de percibir un porcentaje de su subsidio, y porque el Estado tendrá que seguir financiando. La pregunta en juego acá es qué modelo de desarrollo postal queremos. Desde 1996 que la actividad postal es de libre competencia. A poco tiempo de eso, el Estado interviene para que no haya competencia. Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas públicas?

—¿Para usted eso no está claro?

—Para el Correo, no. Ante un negocio oportuno y rentable, sufrimos una intervención clara. Y entonces me pregunto: Si 100 mil dólares de ingreso ameritaron tanta celeridad, ¿Para terminar con un subsidio de 6 millones de dólares no debería haber un mayor compromiso aún?

—¿Cuáles son los factores que traban el pasaje del reparto de facturas públicas hacia el Correo?

—Falta una definición política del tema. La opinión pública debe estar preguntándose por qué razón de su bolsillo salen 6 millones de dólares para subsidiar una actividad que tiene mercado para desarrollar. Hoy se anuncia que hay problemas para la compra de medicamentos en Salud Pública. Pero el otro gran tema que juega acá es la inequidad salarial. ¿Qué diferencias hay entre el cartero que reparte las cartas diariamente porque es su especialidad y un funcionario de una empresa pública que hace esa función y sale a repartir como una extra las facturas públicas? La inequidad salarial es un aspecto sustancial a corregir.

—¿Cree que el gobierno abordará rápido el tema de las facturas en medio de otros asuntos urgentes?

—Sé que el Correo no es hoy la empresa más importante en la agenda del Poder Ejecutivo. Pero puede ser el buque insignia de la transformación de las empresas públicas. Queremos eliminar el subsidio, porque es un peso para el Estado, y podría ser mejor usado.

—Usted afirmó que falta una definición política. Sin embargo, el propio presidente Batlle dijo que estaba de acuerdo con que el Correo asuma el reparto de las facturas. ¿Qué otro factor demora esa decisión?

—Si uno mira el tema de las facturas públicas, el aspecto de legalidad, con la firma del decreto, que ya está el borrador desde hace casi un año... El borrador estaba en el despacho del entonces ministro de Economía Alberto Bensión justo antes de su renuncia. Quiere decir que el borrador y la voluntad de pasarlo por escrito ya existía para el Poder Ejecutivo. Con la firma del decreto el tema legalmente ya queda solucionado. La conveniencia: son 6 millones de dólares que vuelven desde el Correo a las arcas de Rentas Generales para que el Estado los vuelque a la sociedad. Pero además, la conveniencia es dentro de las empresas públicas. Hoy, el precio que el Correo le va a dar al reparto de esas facturas está por debajo del precio que el regulador le establece a cada empresa pública en su estructura de costos. En lo político, el Partido Nacional ya lo ha expresado, en la voz del presidente del directorio Luis Lacalle, y el senador Luis A. Heber lo ha planteado en el Parlamento.

—¿Entonces cuál es el motivo por el cual todavía no hubo solución?

—¿Es el temor a la represalia de los sindicatos que están en contra de que esta tarea la realice el Correo? ¿Entonces somos rehenes de grupos corporativos, que por proteger su propia situación personal dejan de lado el interés general? En UTE, el compromiso del sindicato con los gerentes y de los gerentes con la empresa, ha determinado su oposición. ¿El Estado se debe mover en función de los intereses corporativos, como asociaciones de empresas, gremiales, cámaras empresariales, sindicatos? Para el Estado de derecho, eso sería muy preocupante. Si nosotros dependiéramos de los grupos corporativos para tomar decisiones, de poco vale el Estado de derecho, el sistema democrático. Esto es un tema del Estado con el propio Estado, en beneficio de la sociedad.

—¿Qué pasó con decreto?

—Sería la solución final. Cada día que este tema se dilata, le cuesta 20 mil dólares al Estado. Es una canilla abierta. Los 6 millones de dólares de subsidio se podrían evitar con la firma de dos ministros y el presidente.