Desde el punto de vista técnico, lo cual incluye las áreas agronómica, medio ambiental y de la salud pública y animal, están finalizadas las actuaciones y se ha concluido que no existen riesgos para que el gobierno del Uruguay defina la autorización para liberar el uso de maíz genéticamente modificado "Mon 810" resistente a insectos que afectan el tallo.
La conclusión del trabajo de la comisión que evaluó el riesgo, integrada por representantes de cuatro ministerios e instituciones técnicas agropecuarias, considerando aspectos medio ambientales, agronómicos y de salud animal y humana, así como el hecho de que se hayan agotado las instancias formales, no significan más que una parte de toda la tramitación —incluida una audiencia pública que culminó en medio de un escándalo, desatado por representantes de instituciones ambientalistas opositoras a la utilización de materiales transgénicos—.
La etapa que resta es la de la decisión política que ahora deberán adoptar los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Gonzalo E. González y de Economía y Finanzas, Dr. Alejandro Atchugarry, para lo cual deberán considerar aspectos como los geopolíticos, los de relaciones internacionales y hasta de las propias restricciones al comercio que una medida de tal tipo puede suponer.
El director del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Ing. Agr. Gustavo Blanco, explicó a El País que la decisión es esperada para cualquier momento, ya que ambos ministerios disponen de toda la documentación, a fin de tomar la resolución de autorizar o no su la producción y uso. En tal caso, este será el primer evento de significancia que se resuelve bajo el decreto 29 del año 2000, "la normativa que reglamenta que, para el uso de vegetales genéticamente modificados o sus partes, en el Uruguay es necesario contar con una autorización expresa".
PREVISION. Previo al decreto actual, Uruguay contaba con una normativa desde el año 1996, "generada por una Comisión que funcionaba en la órbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)", por la que pasó "la liberación de la soja RR, resistente a herbicidas", explicó Blanco.
Este aspecto es relevante, ya que demuestra que Uruguay había tomado previsiones "desde 1994, cuando se empezó a hablar de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)". Desde aquel entonces "se habló de no permitir su introducción sin análisis de riesgo", y esto demuestra el grado de previsión tomado desde el principio.
Aquel primer grupo de trabajo creado por una resolución de la DGSA, "estudió un formulario, una metodología para hacer un análisis de riesgo y se empezó a profundizar en el tema", recordó. Desde aquel momento "siempre se hizo análisis de riesgo".
Lo que propone el actual decreto es "un enriquecimiento del conocimiento de la comisión y un formulario mejorado y más completo".
Tras la soja RR, la comisión había recibido solicitudes de evaluación de cultivares de maíz, con eventos como el "Mon 810", o el "BT 176". Ambos maíces genéticamente modificados, tienen resistencia a insectos que actúan de un modo muy similar, taladrando el tallo del maíz, indicó el experto.
Las evaluaciones realizadas sobre el maíz "Mon 810" han cubierto todos los aspectos, "y cuando decimos que el material pasó los análisis de riesgo, es que tenemos la seguridad de que no habrá problemas". A la vez, dejó claro un aspecto que es básico en biología: "el riesgo cero no existe".
En este caso puntual del maíz Mon 810, "se debe tener en cuenta su particularidad" en el análisis de riesgo agronómico.
"En soja por ejemplo, no había prosibilidades de cruzamientos inter—específicos —con especies cercanas—, que pudieran crear una planta —una supermaleza—, que fuera resistente a Glifosato, que es el gen que incluye la soja RR".
En maíz "la situación en Uruguay es muy similar: el cruzamiento del maíz hacia otra especie nacional no se da, no existe, porque no hay hermanos o primos cercanos que pudieran contaminarse y ese problema no lo veíamos".
En su opinión, el riesgo era "que se generara resistencia por parte de los insectos" por una selección natural, contra el plaguicida natural que está incluido en el maíz "Mon 810", y que es el mismo que se usa "en la agricultura orgánica". Esto "se resuelve instalando los cultivos con líneas sin maíz transgénicos. Es decir, manteniendo refugios para que los insectos se desarrollen".
AGRICULTORES. En cambio, se pueden ver ventajas, según el Ing. Blanco, "para los agricultores".
Recordó que "se ha estado gastando mucho dinero para aplicar herbicidas", con lo cual y por extensión "además de que los cultivadores tendrán menores costos, habrá ventajas para el medio ambiente, al reducir el uso de agroquímicos", precisó.
El último punto en cuestión, que es el de la posición a la que quedará afiliado Uruguay en el concierto internacional, de aprobarse el uso del maíz "Mon 810", eso es lo que deben resolver y analizar los ministros, ya que la evaluación técnica "en mi concepto es una etapa superada con el análisis de riesgo".
Sobre este evento transgénico, "hay tres empresas uruguayas que ya tienen evaluadas las variedades y podrían venderlas en la próxima zafra si se autoriza su uso", por eso hay mucha expectativa.
Maíz BT en el mundo
n El esfuerzo que ha hecho Uruguay por mantener regulaciones y controles claros sobre los organismos genéticamente modificados y sus partes, "sigue criterios que se aplican por ejemplo en Europa, Estados Unidos o Argentina, que han liberado el uso de transgénicos" e incluso de "Brasil, que no liberó", afirmó el Ing. Agr. Gustavo Blanco. También valoró que las regulaciones suelen ser mejor que las prohibiciones, y comentó, a modo de ejemplo, el caso de Brasil, donde pese a las restricciones, "los productores lo han usado igual y han sembrado millones de hectáreas de transgénicos".
Blanco también explicó cuál es la situación actual en el mundo respecto del maíz "Mon 810", el evento cuya liberación esta a consideración ahora en Uruguay, y que a pesar de algunas diferencias, es similar a los BT, ya que posee resistencia a insectos que taladran su tallo.
Está liberado en Argentina desde 1998 a producción y consumo. En Canadá fue liberado a producción en 1997. En Australia en 2000. Los quince países de la Unión Europea lo liberaron en 1998. En Corea fue más reciente, y se liberó al consumo animal y no a la producción en 2002. En Japón en 1997. En Sudáfrica en 1997. En Suiza se liberó al consumo humano en 2000. En Estados Unidos se liberó a la producción en 1995 y al consumo en 1996.