La fiscalía de La Paz advirtió hoy del fracaso que amenaza a la investigación que lleva a cabo con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la convulsión social que dejó 33 muertos y 203 heridos en Bolivia, entre el 12 y 13 de febrero último.
La fiscal Jilka Hinojosa se quejó por la carencia de recursos económicos, técnicos y humanos para llevar a buen puerto la crucial investigación.
"La situación del ministerio público, presupuestariamente es sumamente delicada", afirmó Hinojosa al tiempo de demandar al Comando Nacional de la Policía la asignación de personal para sustentar la indagación.
Esta, es reclamada por la oposición congresal, organizaciones humanitarias y de derechos humanos nacionales e internacionales y por las familias de las víctimas.
En una conferencia de prensa pidió a la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada "se tramite ante los órganos correspondientes de Gobierno la asignación de recursos económicos que puedan sustentar el desarrollo de esta investigación".
De lo contrario, advirtió, "todo intento, esfuerzo, no va a tener los frutos en la manera que el pueblo de Bolivia y la comunidad internacional lo esperan".
"Día a día que transcurre la información se diluye en el tiempo por la falta de personal para esta investigación", dijo.
Los requerimientos de Hinojosa se registraron después de que una misión internacional contra la impunidad, encabezada por la argentina Nora Cortiña, expresara en La Paz al vicepresidente boliviano Carlos Mesa preocupación por los sucesos aún "no esclarecidos" de febrero pasado.
La fiscal Hinojosa aclaró que la labor de la OEA, que desplazó a La Paz a pedido de Sánchez de Lozada un equipo de peritos en balística, derecho penal y policía científica es de apoyo al ministerio público, que, por último, es la entidad que "elaborará el informe final".
El gobierno de La Paz ha comprometido indemnizaciones a las familias de muertos y heridos durante la revuelta que enfrentó a bala a policías rebeldes en demanda de mejoras salariales y militares leales al mandatario.
Un mes después de los sucesos, que involucraron la actuación de francotiradores presuntamente militares y policías contra pobladores desarmados en las calles de La Paz, no han comenzado las investigaciones específicas para establecer a los responsables de los cruentos enfrentamientos. AFP
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