Reforma previsional de Lula tendrá como opositores sus principales aliados, los empleados públicos

El presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva decidió este fin de semana que su primera gran batalla en el gobierno será contra sus aliados de siempre, los sindicatos de empleados públicos, que se oponen a su audaz reforma previsional.

La pelea consolida el giro moderado de Lula da Silva y abre interrogantes sobre el futuro del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), ya que en los últimos años los gremios de empleados públicos se convirtieron en la columna vertebral de esta fuerza política.

"El presidente se empeñará en esa reforma. El no huirá de sus responsabilidades", señaló hoy el jefe de la Casa Civil, José Dirceu, mano derecha de Lula da Silva, tras la reunión con los 27 gobernadores brasileños.

En esa reunión, el presidente logró el respaldo de los gobernadores para implementar un regimen único de jubilaciones, que castiga a los empleados públicos, que, según el gobierno, son los grandes culpables de la crisis actual del sistema.

Lula da Silva quiere elevar en siete años la edad mínima de los empleados públicos para jubilarse y colocar un "techo" o valor máximo en sus jubilaciones equivalente al de los empleados del sector privado, que es de 450 dólares.

De acuerdo con el ministro de Previsión, Ricardo Berzoini, "el regimen actual discrimina a los empleados privados, que ya tienen un techo en sus jubilaciones y se retiran a una mayor edad, y provoca un fuerte déficit al Estado".

Según las cifras oficiales, el año pasado el déficit ascendió a más de 16 mil millones de dólares, el 7,4 por ciento del Producto Bruto Interno.

"Si seguimos así va a llegar un momento, en el corto plazo, en que el Estado no podrá pagar las jubilaciones y pensiones", alertó Lula da Silva la semana pasada.

La intención del gobierno es concretar la reforma previsional para enviar una fuerte señal a los bancos e inversores de que está empeñado en corregir las razones estructurales de su elevado endeudamiento y lograr una financiación a tasas menores y plazos más largos.

En esta disputa, que indica que Lula da Silva está comenzando a gobernar, es decir a definir con claridad quiénes ganan y quiénes pierden con su llegada al poder, el mandatario cuenta con el respaldo de los gobernadores, empresarios y el mercado financiero.

En la vereda de enfrente se agrupan los sindicatos de empleados públicos, los sectores más radicalizados del PT, los militares y los jueces, con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Marco Aurélio de Mello a la cabeza.

Los gremios de los empleados públicos ya advirtieron que irán a una huelga por tiempo indeterminado si el gobierno no da marcha atrás.

"La discusión de la reforma no se puede hacer desde el punto de vista del ajuste fiscal. Lo que se trata es de garantizar una jubilación digna para todos. Si el gobierno insiste con ese proyecto será su primera derrota", señaló Caio Teixeira, titular de la Confederación de Servidores Públicos.

Los sectores más radicalizados del PT, que califican al gobierno de Lula da Silva como "conservador", ya anunciaron su apoyo a los gremios estatales, sostienen que: "Esta reforma, sumada a la política económica, puede enterrar al gobierno Lula", advirtió el diputado Joao Batista de Araújo, más conocido como Babá.

Se atribuye a los sectores que forman el ala izquierda del PT el control del 30 por ciento de los afiliados y de los cargos partidarios, así como un tercio de los 92 diputados del oficialismo. En el Senado, tienen 2 de los 14 senadores "petistas".

También los militares y los jueces expresaron su descontento.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Marco Aurélio de Mello, advirtió que "los derechos adquiridos sólo pueden ser atropellados cuando se da vuelta la mesa y hay una revolución. No se puede hacer en un Estado democrátido de derecho".

Según los analistas, esta pelea puede redefinir el perfil del PT, que sigue considerándose un partido de izquierda, y provocar hasta algunos desprendimientos de sectores radicalizados.

Es que los gremios estatales tienen una fuerza considerable dentro del PT, donde hace tiempo que reemplazaron a los sindicatos metalúrgicos como columna vertebral del partido.

Un relevamiento realizado por una fundación ligada al PT reveló que en los últimos dos congresos nacionales de esa fuerza, el máximo organismo partidario, el 49 por ciento de los participantes eran empleados públicos. Solo el 16 por ciento eran obreros.

"Es la gran pelea que tiene por delante el gobierno. Lula tiene un margen de acción considerable, pero todo depende de cómo juegue sus cartas", evaluó el politólogo Vicente Palermo.

El presidente Lula da Silva ya señaló que quiere comenzar la reforma haciendo aprobar en el Congreso un proyecto de ley enviado por su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, en 1999, que cambia el sistema de jubilaciones sólo para los nuevos empleados públicos.

En su momento, el PT, bajo la conducción de Lula da Silva y en sintonía con los gremios estatales, se había opuesto a ese proyecto.

Según los analistas, Lula da Silva, un ex sindicalista, y el PT, una fuerza de izquierda, son los únicos que pueden reformar el sistema de jubilaciones y pensiones debido a que, precisamente, antes se oponían con virulencia. ANSA