LA PAZ n Un grupo de fiscales y peritos visitó el palacio presidencial en el inicio de una investigación oficial para determinar si hubo intención de asesinar presidente Gonzalo Sánchez de Lozada durante la revuelta de la semana pasada, se informó ayer sábado.
El vocero presidencial Mauricio Antezana dijo que los investigadores visitaron varias salas de la casa de gobierno, que fue blanco el 12 de enero de por menos 13 disparos, cuando policías amotinados y el ejército se enfrentaron a pocos metros de allí.
Indicó que en la sede gubernativa murieron un capitán y un soldado de ejército, con disparos efectuados por "francotiradores", que también abrieron fuego sobre una sala de reuniones donde trabaja habitualmente el mandatario.
MAGNICIDIO. Asimismo sostuvo que la supuesta tentativa de magnicidio formaba parte de un conato de golpe de estado, a cuyos responsables no identificó.
Antezana fue convocado para presentar la próxima semana pruebas de sus aseveraciones ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Jaime Ríos, pertenece a las filas de la opositor Nueva Fuerza Republicana (NFR), que exige la renuncia del presidente por considerarlo responsable de la revuelta.
La oposición y los sindicatos sostienen que el factor que precipitó la violencia fue el intento del gobierno de instituir un impuesto a los sueldos, para disminuir en tres puntos un déficit fiscal de 8,6%, en 2002, por exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ahora, según versiones de la prensa nacional, el FMI estaría dispuesto a que la rebaja sea de dos puntos para 2003. Pero ello debe dilucidarse en un diálogo propuesto por el gobierno a la oposición y los sindicatos, para reformular el presupuesto general del presente año.
Varios funcionarios del gobierno, entre ellos el viceministro de Trabajo, Guido Meruvia, sostienen que en los actos vandálicos que siguieron a los enfrentamientos de la policía y el ejército hubo participación de cuadros del MAS y de miembros de la Central Obrera Boliviana.
ORDEN. En tanto, las fuerzas armadas aclararon que el presidente no dio órdenes para disparar durante la revuelta, que dejó un saldo de al menos 31 muertos y 205 heridos, casi todos de bala, según últimos informes hospitalarios.
El inspector general de las fuerzas armadas, almirante Mario Gutiérrez, declaró a la prensa que tampoco los jefes de la institución dieron órdenes a la tropa para disparar y que al momento se investigan las razones por las que abrió fuego contra policías y civiles.
Consultado el viernes por algunos periodistas sobre los responsables de los disparos, Gutiérrez respondió: "Ustedes... quisieran conocer a quiénes vamos a colgar, cuántos, dónde los vamos a colgar, a qué hora y todas esas cosas". AP