Se desconoce paradero de líder opositor de Chávez

Caracas | AP. La policía federal continúa la búsqueda del líder de la mayor central sindical del país, tres días después de que el presidente Hugo Chávez ordenase su captura por ayudar a organizar un paro nacional de dos meses que dejó en ruinas la economía.

Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que afilia a más de un millón de trabajadores, permanece escondido desde que la policía secreta detuvo el jueves al líder empresarial Carlos Fernández, quien es acusado de traición a la patria por participar en la organización del paro que buscaba derrocar al mandatario venezolano.

Ortega anunció que no se entregará a la justicia y se mantendrá en la clandestinidad debido a que no confía en las instituciones venezolanas.

Manuel Cova, secretario general de la central obrera y uno de los representantes de la oposición en las mesas de diálogo con el gobierno, dijo hoy que para Ortega el mantenerse oculto era la mejor opción. "En este momento en Venezuela no hay estado de derecho, en este momento no hay garantías de ninguna especie", indicó al tiempo que aseguró que desconoce el paradero del dirigente laboral.

Las órdenes de arresto se produjeron cuatro días después que Chávez acusó a los jueces del país de bandidos cobardes y amenazó con encarcelar a miles de trabajadores petroleros y varios líderes opositores, por encabezar el paro.

Los dos líderes opositores son acusados de rebelión civil, instigación al delito, traición a la patria, devastación y confabulación en grupo para cometer un crimen. De ser declarados culpables podrían ser condenados a más de 20 años de prisión.

Las acciones en contra de Ortega y Fernández marcaron el recrudecimiento de la confrontación entre el gobierno y la oposición, que habían suscrito una tregua a comienzos de semana para tratar de lograr una salida pacífica a la crisis.

Varios miles de opositores han escenificado protestas a lo largo del país. Nueve personas fueron heridas el jueves en enfrentamientos con policías en la ciudad central de Valencia, mientras otros miles de opositores bloquearon el jueves y viernes la principal autopista de la capital.

Los negociadores opositores solicitaron al secretario general de la OEA, César Gaviria, y los representantes del Centro Carter y de Naciones Unidas que regresen urgentemente a Venezuela para atender la difícil situación generada por la detención de Fernández y la orden de captura contra Ortega.

Los representantes de la oposición en la mesa de negociaciones, encabezada por Gaviria, denunciaron que se ha desatado en Venezuela una "ola represiva".

También solicitaron a la comunidad internacional y los países amigos que insten al gobierno del presidente Chávez a que cumpla la declaración contra la violencia que firmaron a comienzo de semana los delegados oficialistas.

Gaviria está radicado en Venezuela desde octubre pasado, por petición de las partes, para tratar de facilitar una salida pacífica y electoral en una mesa de negociaciones.

El Departamento de Estado norteamericano expresó su preocupación por la nueva escalada que experimenta la crisis venezolana y que podría tener un desenlace violento el quinto mayor productor de petróleo del mundo.

Chávez ha catalogado el paro de "golpe petrolero" encaminado a derrocarlo paralizando el sector de donde se origina la mitad de los ingresos del gobierno. Asimismo, acusó a sus oponentes de intentar un "golpe económico", al que atribuye el deterioro de la economía venezolana.

El paro fue levantado en la mayoría de los sectores el 3 de febrero, pero miles de trabajadores petroleros persisten en mantenerlo hasta que se concrete una salida electoral a la crisis.

La oposición quiere la salida de Chávez, argumentando que ha puesto la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias. Lo acusan de querer imponer políticas socialistas, administrar mal la economía y de fomentar la división de clases sociales.

Chávez rechaza las acusaciones e insiste que la oligarquía venezolana quiere truncar su proyecto político que busca distribuir la riqueza petrolera entre la mayoría pobre de Venezuela.