Tras la detención del empresario Carlos Fernández, el presidente de la mayor central obrera de Venezuela anunció su pase a la clandestinidad luego de ser requerido por un tribunal por acusaciones de traición a la patria.
Un fiscal autorizó la captura del empresario y del sindicalista Carlos Ortega acusados de rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, asociación delictiva y devastación, luego de participar en la organización de un paro para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez.
El juez de control Maikel Moreno precisó que Ortega tiene 48 horas para presentarse ante el tribunal ya que de lo contrario deberá ser capturado por los cuerpos de seguridad.
Ortega, en una entrevista telefónica difundida por la cadena televisiva de noticias Globovisión, declaró hoy que no se presentará ante ningún tribunal debido a que "no hay garantías públicas para nada. Aquí no hay Estado de Derecho".
"Debemos prepararnos en esta escalada de represión que está iniciando el régimen", agregó.
Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y uno de los representantes de la oposición en las mesas de diálogo con el gobierno, afirmó que Ortega "desde la clandestinidad conjuntamente con nosotros, continuará conduciendo la CTV y con el resto de la dirigencia de la oposición en Venezuela continuaremos enfrentando a este régimen".
En una entrevista a la emisora Unión Radio, Cova llamó a los miembros de la CTV, que tiene más de un millón de afiliados, a estar "alertas y movilizados", pues en su opinión la "arremetida del régimen" ha de ser combatida en las calles.
Insistió en que el mantenerse oculto es la mejor opción. "En este momento en Venezuela no hay Estado de derecho, en este momento no hay garantías de ninguna especie", indicó.
Las ordenes de arrestos se produjeron cuatro días después de que Chávez acusó a los jueces del país de "cobardes vendidos" y amenazó con encarcelar a miles de trabajadores petroleros y varios líderes opositores, por encabezar un paro de dos meses contra él.
"Deberían ir a prisión muchos por sabotear a la economía venezolana", dijo Chávez en su programa dominical "Aló Presidente".
Chávez ha catalogado el paro de "golpe petrolero" encaminado a derrocarlo paralizando el sector de donde se origina la mitad de los ingresos del gobierno. Asimismo, acusó a sus oponentes de intentar un "golpe económico", al que atribuye el deterioro de la economía venezolana.
El paro opositor buscaba desalojar al mandatario del poder, pero en lugar de ello acabó por dejar la economía venezolana en ruinas y al mercado sometido a severos controles.
La huelga le ha costado al país unos 4.000 millones de dólares, según el gobierno.
El paro fue levantado en la mayoría de los sectores el 3 de febrero, pero los petroleros persisten en mantenerlo hasta que se concrete una salida electoral a la crisis.
La oposición quiere la salida de Chávez, argumentando que ha puesto la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias. Lo acusan de querer imponer políticas socialistas, administrar mal la economía y de fomentar la división de clases sociales. AP