NATALIA ROBA
Al declarar en Argentina a pedido de la justicia uruguaya, el banquero Carlos Rohm, procesado por asociación ilícita en el vecino país, aseguró que todos los funcionarios del Banco Comercial cumplían las tareas específicas que él les ordenaba y que la asistencia financiera sólo era de su conocimiento y de los bancos extranjeros socios, por lo que se negó a dar nombres de funcionarios de su confianza para no "involucrarlos innecesariamente".
Además se detallan las cuatro maniobras por las que la jueza María Servini de Cubría procesó a Rohm entre las que menciona la evaporación del Banco Comercial de más de U$S 200 millones de títulos públicos y privados, manejo crediticio indebido, operaciones ficticias de cobertura de riesgos y la captación de depósitos por medio de la banca privada y su colocación en fondos de inversión de difícil recuperación.
En las escuetas declaraciones que el banquero proporcionó, se remitió continuamente a declaraciones anteriores, y fundamentó lo sucedido con la entidad en Uruguay en que "cuando ocurren debacles en los mercados siempre se producen incumplimientos de los intermediarios financieros".
Al responder a las preguntas que fueron remitidas por el juez José Balcaldi y la fiscal Cristina González, que investigan los hechos en Uruguay, el banquero dijo estar "seguro de que se deben haber cumplido las reglamentaciones obligatorias al respecto", afirmó que si el Banco Central del Uruguay y la consultora PriceWaterhouse, hubieran encontrado algo fuera de lugar habrían hecho "la observación correspondiente".
El banquero enmarcó lo ocurrido en el Banco Comercial en el contexto de la crisis argentina: "Cuando ocurren estas debacles en los mercados de títulos de acciones o de monedas en donde las variaciones de precio a veces superan el 15% en un solo día, en mercados que al mismo tiempo se transforman en líquidos, se produce en general un incumplimiento de los intermediarios financieros". Subrayó que en la crisis argentina el incumplimiento fue generalizado.
En relación a la operativa, Rohm explicó que "los bancos realizaban reuniones periódicas en sus sedes, mientras que las off shore tenían estudios contables o de abogados que realizaban esa función como es habitual en ese tipo de entidades". Consultado sobre los nombres de los estudios contables y jurídicos se negó a proporcionarlos.
Agregó que su participación "era la de instruir sobre las actas ya sea de directorio o de accionistas" pero afirmó que nunca concurrió a las Islas Vírgenes, ni a Panamá, ni a Curaçao (donde está la sede de Commercial Investment) y se negó a afirmar a quién dio las instrucciones.
HECHOS ILÍCITOS. Previo a tomarle declaraciones al empresario, la jueza relató las cuatro maniobras presuntamente probadas por las que procesó al banquero: el faltante de valores públicos y privados; el otorgamiento de créditos a personas físicas y jurídicas vinculadas y concedidos en forma irregular; la operativa entre el Comercial y un corredor de bolsa uruguayo; y la operativa en la banca privada.
De acuerdo con ello, surge del expediente que el 31 de diciembre de 2001 se detectó el faltante de valores públicos y privados de U$S 215.794.829 correspondiendo a posición del Banco Comercial y a títulos de clientes. Esos valores se encontraban en custodia del Banco General de Negocios en Argentina.
De acuerdo al inventario de valoras del Banco Comercial éste debía tener depositado en custodia, en el Banco General de Negocios al 31 de diciembre valores públicos y privados propios y de clientes por un total estimado en U$S 572.964.854. Sin embargo, el 1º de febrero de 2002 el banco argentino certificó al Banco Comercial que posee en custodia títulos por U$S 354.657.775.
Las decisiones de inversión en valores públicos y privados, del Banco Comercial se adoptaban una vez por semana en el ámbito de un minicomité de inversiones sobre el que no existen actas.
CREDITOS. En relación a los créditos otorgados a personas físicas y jurídicas vinculados al grupo y concedidos en forma irregular, se detallan informes de créditos en los que se verificó: "inexistencia de análisis previo a la concesión del crédito, falta de informe del deudor y de la capacidad de repago, inconsistencias entre los datos que surgen de la carpeta, créditos de volumen desmedido en relación a la capacidad económica del deudor, préstamos a personas y empresas vinculadas a Carlos Rohm y BGN, préstamos destinados a actividades especulativas con un alto riesgo, compra de acciones y títulos de deuda, concentración de riesgo país, garantías constituidas en el BGN, e incertidumbre sobre la recuperabilidad de los créditos. Los créditos referidos alcanzan a los U$S 70 millones.
El tercer hecho delictivo se refiere a la operativa entre el Banco Comercial, una empresa y un corredor de bolsa uruguayo. Al respecto señala el expediente que se trató de operaciones ficticias dado que pudiendo ejecutarse los contratos, por los cuales se hubiera obtenido una ganancia importante para el banco, se optó por su rescisión obteniendo una compensación no significativa, siendo que a la fecha en que se rescinden los mismos ya se conocía la caída de los precios de los valores argentinos, objeto de los contratos principales.
Por último figura la operativa de banca privada en la que se detectó el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Comercial Investment con sus clientes al haberse producido un desvío de inversiones, que podrían configurar "maniobras delictivas presuntivamente fraudulentas en perjuicio del Banco Comercial, dado el impacto negativo que estos hechos han producido en su patrimonio".
Otros hechos
Durante el interrogatorio a Carlos Rohm, la jueza Servini de Cubría afirmó que los directores del Banco General de Negocios violaron los deberes propios del cargo y abusaron de sus atribuciones en la gestión. En ese sentido reseñó tres hechos concretos en los que los titulares de la institución no depositaron en la Compañía General de Negocios o retiraron indebidamente U$S 90.317, retiraron por intermedio del banco argentino U$S 249.098 y captaron y desviaron U$S 101.769. Esta información está recogida en el expediente donde constan las declaraciones del banquero por la causa en Uruguay.
