El año 2002 cerró con la cifra de 227 concordatos pedidos en Montevideo, cantidad que será la más alta desde 1926 y que superará los 210 de 2001, adelantó a El País Camilo Martínez Blanco, gerente de la Liga de Defensa Comercial, entidad que lleva el registro de las solicitudes desde 1915. Todavía resta el procesamiento de algunos datos para determinar el monto que suman los pedidos. En 2000 la cifra de pedidos había sido de 101 y en 1999 de 129.
En los últimos días presentaron solicitudes las firmas Ingeniería de Sistemas y la fabricante de garrafas Becam. En términos generales, los pedidos se incrementaron en la segunda mitad del año como consecuencia de los problemas suscitados en la plaza bancaria.
El concordato es un instituto que supone que la empresa que lo solicita obtiene protección judicial para que el pago de sus deudas no se haga exigible en forma inmediata y evitar así ejecuciones. Los pedidos deben ir acompañados de una propuesta de pago que tiene que recibir la aprobación de un magistrado, luego de que este consulte con los delegados de los acreedores. En caso de que ninguna alternativa reúna mayoría entre los acreedores, se puede llegar a la liquidación de la empresa.
PARA 2003. De cara al año 2003, la evolución en materia de concordatos tendrá mucho que ver con la actitud que tomen los fondos de recuperación de activos creados por la ley 17.613, aprobada por el Poder Legislativo para instituir el nuevo banco que surgirá de los bancos Montevideo, Caja Obrera y Comercial, opinó Martínez Blanco.
"Todo dependerá de si los fondos toman una actitud muy exigente o si, por el contrario, permiten compensaciones, otorgan facilidades y aceptan garantías", comentó Martínez Blanco. "Hay muchas empresas que tienen expectativa respecto a esto. La deuda está ahí y hay que ver qué actitud toman los fondos", agregó.
A su juicio, las empresas recurren a la figura del concordato en forma tardía porque se trata de un instituto que está mal visto. "Como se recurre al concordato cuando las empresas están con serias complicaciones, solamente el 5% de ellas cumplen con las condiciones de pago que acuerdan", explicó.
La Liga de Defensa Comercial planteó por escrito su preocupación a la Suprema Corte de Justicia porque la ley 17.613, recientemente aprobada, establece que los juzgados concursales deberán entender en eventuales acciones judiciales realizadas contra los bancos suspendidos. "La creación de los juzgados especializados había supuesto un avance porque trabajan con conocimiento de causa, pero esto puede suponer una sobrecarga enorme de tareas. Le planteamos a la corte la necesidad o de crear más juzgados concursales o de transformar algunos civiles en concursales", señaló Martínez Blanco.
Este año, por rubros, se destacaron entre las solicitudes de concordato la rama de Alimentación, seguida de Textiles y Confecciones y en tercer lugar Automotoras.
Entre los pedidos se destacan los de Funsa (U$S 31,4 millones), Pinturas Industriales (U$S 18 millones), Manzanares S.A. (U$S 14 millones), Pig Uruguay S.A. (U$S 12,6 millones), Cima (con U$S 11,9 millones) y Mosca Hermanos (U$S 6,9 millones).