Máquinas de hacer dinero que desafían a las normas

Canelones | E. Barreneche

Cada "ruleta" ilegal deja como mínimo 400 pesos de ganancias diarias al dueño del comercio donde está instalada y unos 600 para el propietario de la máquina, sin importar si se encuentra en un bar, salón o almacén de un pueblo o de una ciudad.

Estas máquinas son importadas desde China y causan pérdidas millonarias a los casinos uruguayos, institución que posee el monopolio de este tipo de juegos.

Simultáneamente, la Dirección de Espectáculos Públicos del Instituto Nacional del Menor (Iname) supervisa los locales que poseen estas ruletas con el objetivo de impedir que menores participen en los mismos.

La "timba" o el juego por dinero en un bar, es considerado como una falta por las normas jurídicas de este país. Sin embargo, la legislación uruguaya sí penaliza a aquellas personas que acuerdan entre sí para que, mediante el juego, sustraerle el dinero a un individuo en un lugar público.

La costa de Canelones y Maldonado y prácticamente todos los pueblos de Canelones son los lugares preferidos para instalar estas tragamonedas. Federico Arralde, director de la Dirección Nacional de Casinos, manifestó estar "alarmado" por el funcionamiento de estos slots, ya que provocan "pérdidas millonarias" a la institución y a los consumidores. Agregó que estos "son estafados", porque todas esas máquinas están preparadas para otorgar a los apostadores premios muy reducidos.

Según Arralde, hay alrededor de 1.000 tragamonedas distribuidas en todo el país, de las cuales un 60% está en Montevideo y Canelones. "Estos dos departamentos están llenos de máquinas. Se han hecho actuaciones con la Policía y el Iname pero ya dejamos de hacerlo. A los jueces ya no les interesa esos casos, porque se trata de faltas y no de delitos", advirtió.

Mientras tanto, el juego ilegal continúa creciendo aprovechando ese "agujero negro" existente en la legislación uruguaya. Para paliar esa situación, la Dirección de Casinos propuso en la segunda Ley de Urgencia —que no llegó a ser aprobada en el Parlamento— que el juego en estas tragamonedas se defina como un delito y no como una falta.

Para colmo de males, es muy difícil decomisar estas máquinas, sostuvo Arralde. "La falta prescribe rápidamente y estas personas se esconden, no se presentan en el juzgado y así el tiempo transcurre", indicó.

REDITOS. Estas máquinas pueden generar un importante movimiento de dinero; en un bar de un pueblo de Canelones donde viven 1.800 personas, el dueño recauda 16.000 pesos brutos por quincena. De esa cifra, el 60% lo percibe el propietario de la máquina y el 40% restante va a los bolsillos del comerciante. Ese barista pueblerino apenas tiene dos máquinas tragamonedas al costado del mostrador. El negocio es un éxito asegurado en este momento de crisis.

"Tenemos centenares de máquinas distribuidas por Montevideo, Canelones y Maldonado. Es un acuerdo sencillo y bueno tanto para el comerciante como para nosotros", explicó L.S. al cronista de El País, quien se presentó ante el empresario como un comerciante interesado en instalar un tragamonedas en su local. L.S. es el encargado de controlar y gestionar las maquinitas ante los comerciantes de Canelones.

El alquiler de ruletas está montado sobre bases legales. Entre el propietario de las máquinas tragamonedas y el comerciante se firma un contrato. En él figura el RUC y el número de DGI de la empresa propietaria e importadora de las ruletas. En la parte posterior del documento, ambas partes establecen que el dueño del bar o el almacén debe pagar a los ganadores del juego con mercadería o, en caso contrario, incurriría en "timba".

Sin embargo, en forma verbal L.S aconseja al comerciante abonar los premios del juego con dinero. "Pero les advertimos sobre el momento de entregar el dinero. Hay timba cuando se entrega la plata ante la vista del público", explicó.

Expresó que en los almacenes es más fácil pagar con mercaderías. "Pero en los bares el barista no va a estar pagando con cigarrillos o bebidas. Aquellos comerciantes que pagan con dinero, tienen un mayor nivel de juego en sus comercios".

"El barista debe conocer a quién le paga con efectivo", sostuvo. Agregó que el comerciante "tiene que saber cómo pararse" ante la Justicia y la Policía. "Lo único que hay que evitar es que lo vean pasando el dinero. Si el dinero se mueve sobre la mesa, marcha para adentro hasta el gato. Nadie se salva", reiteró. El empresario dijo haber enfrentado 13 juicios penales y haber recuperado sus ruletas en todas las causas judiciales.

A los comerciantes, agregó, lo primero que la Justicia o la Policía le preguntan es sobre el sistema de juego de la maquinita. "Entonces estos se mantienen en sus declaraciones de que pagan las apuestas con mercaderías o bebidas y listo. No hay problemas para el barista. Además, le doy un documento que lo respalda", dijo.

Tras no poder encontrar contradicciones en las declaraciones de los comerciantes, los funcionarios policiales procuran la identificación del dueño de las ruletas. En ese momento, L.S. se presenta con sus abogados en la seccional respectiva y muestra el contrato firmado con los comerciantes donde señala que los ganadores solo recibirán mercaderías y no dinero. Acto seguido, los asesores legales reclaman la devolución de la maquinita.

Las máquinas tragamonedas (slots) también se transformaron en un problema para el Instituto Nacional del Menor (INAME), cuyos inspectores encontraron varios menores apostando en este tipo de juegos, lo cual está expresamente prohibido por la legislación vigente en Uruguay, en lo que a juegos de azar se refiere.

El Directorio de esta repartición pública aprobó una resolución para impedir el ingreso de menores de edad en los locales donde tengan acceso este tipo de máquinas. Para el Iname, estos sistemas de apuestas son juegos de azar, por lo que los menores no pueden utilizarlas.

Actualmente, el organismo puede sancionar a los locales que posean máquinas tragamonedas con una multa de cinco Unidades Reajustables (unos 1.000 pesos).

La presencia de menores que apuestan en las maquinitas es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Iname realizan inspecciones a los locales para que se cumplan las normativas vigentes.