Espionaje digital: por qué las telecomunicaciones se convirtieron en un objetivo estratégico global

En el mapa global de la ciberseguridad, hay sectores que concentran históricamente la atención de los atacantes: finanzas, energía, defensa. Sin embargo, las telecomunicaciones ocupan un lugar particular y muchas veces subestimado, según explica Pablo Brum, experto en ciberseguridad y análisis de amenazas avanzadas, en diálogo con El País.

“Todas las grandes potencias cibernéticas del mundo tienen antecedentes claros y consistentes de haber vulnerado proveedores de telecomunicaciones”, sostiene Brum. No se trata de ataques oportunistas ni de delitos comunes, sino de operaciones de largo plazo, sofisticadas y con respaldo estatal, conocidas como APT (Advanced Persistent Threat).

Los APT son grupos altamente profesionalizados, integrados por especialistas técnicos que suelen operar desde estructuras estatales o como contratistas de fuerzas de seguridad. “Cuando hablamos de APT, casi siempre estamos hablando de espionaje”, explica. Estos equipos no solo se clasifican por su país de origen o por los estados a los que apuntan, sino también por los sectores económicos que priorizan.

“Una vez que un grupo logra vulnerar una empresa de un sector determinado, ese sector pasa a formar parte de su lista permanente de objetivos”, señala Brum. Esta lógica aparece documentada en informes de referencia como los de Mandiant, CrowdStrike y el Verizon Data Breach Investigations Report, que ubican al sector de telecomunicaciones entre los más atacados por actores estatales en los últimos años.

Desde el punto de vista del espionaje, las empresas de telecomunicaciones concentran un valor difícil de igualar. “No hablamos solo de llamadas o mensajes, sino de metadatos, telemetría y patrones de comportamiento”, explica Brum. Horarios de conexión, ubicación aproximada, relaciones entre dispositivos y hábitos de consumo permiten construir perfiles extremadamente precisos cuando se analizan a gran escala.

A eso se suma la información derivada del uso de servicios digitales. “Saber desde dónde se conecta una persona, qué consume, con qué frecuencia y en qué horarios puede parecer irrelevante de forma aislada, pero para un servicio de inteligencia es información estratégica”, advierte.

En cuanto al contenido de las comunicaciones, Brum aclara que gran parte del ecosistema digital moderno está protegido por cifrado robusto. Servicios como WhatsApp utilizan cifrado de extremo a extremo, lo que impide que los proveedores accedan al contenido de los mensajes. Sin embargo, los metadatos siguen siendo accesibles, incluso cuando el contenido no lo es.

Además, no todas las tecnologías ofrecen el mismo nivel de protección. Los mensajes SMS, por ejemplo, no están cifrados y pueden ser visualizados por los operadores. Este tipo de debilidades continúa siendo explotado en operaciones de vigilancia, tal como quedó en evidencia tras las revelaciones de Edward Snowden y posteriores investigaciones académicas y periodísticas.

Aunque Uruguay no figure en el centro de los grandes conflictos geopolíticos, Brum advierte que eso no implica quedar al margen de estas dinámicas. “No existen países demasiado chicos como para quedar fuera del interés de los APT”, afirma. En mercados donde uno o pocos proveedores concentran la infraestructura crítica, una intrusión exitosa puede habilitar capacidades de espionaje a gran escala.

En ese contexto, la discusión sobre telecomunicaciones deja de ser puramente técnica. Se vincula con la protección de datos de ciudadanos, empresas y funcionarios, pero también con la capacidad del Estado de resguardar información estratégica en un entorno donde el espionaje digital ya no es una hipótesis, sino un componente estructural del escenario internacional.