Del anillo de oro a la camioneta china; los detalles del juicio de la ex de Humberto De Vargas por una pensión

Redacción El País.
La vida personal de Humberto De Vargas y su familia ha estado inmersa en la polémica desde su separación con Rossy Alahadeff, su esposa por más de dos décadas y madre de dos de sus hijos en setiembre de 2020. El caso derivó en quiebre familiar y en una demanda, acogida por la justicia, de ella hacia él por una pensión congrua. Debido a este juicio, el comunicador, hoy jubilado, debe pasar el 15% de sus ingresos a su exmujer por 23 años y seis meses, el mismo tiempo que duró el matrimonio.

¿Qué es una pensión congrua? ¿Por qué la Justicia resolvió la condena a De Vargas en este caso? Sábado Show accedió al expediente judicial, donde durante cuatro años las partes desarrollaron sus argumentos, presentaron pruebas y testigos y los magistrados fallaron en dos instancias de forma unánime en favor de la exesposa.

En la actualidad, las pensiones se están haciendo efectivas y la justicia libra oficios a BPS, compañías de AFAPs, productoras de espectáculos u otras empresas de las que De Vargas, eventualmente, pueda recibir ingresos. En marzo fue controversial un oficio que llegó a la sala Vieja Farmacía Solís, donde el actor presentó su unipersonal, para que se haga efectiva la retención del 15% de los ingresos del espectáculo. Además, De Vargas tiene otra retención por pensión alimenticia para su hija Sofía, que tiene 20 años.

En marzo pasado, el comunicador de 63 años hizo público el monto de sus ingresos luego de haberse jubilado. “Ando en unos 56 mil”, dijo en Hacemos lo que podemos y añadió que luego de las retenciones (15% para Alhadeff y 25% para su hija) le queda un ingreso jubilatorio de poco más de 29.000 pesos. Para su exesposa, la pensión cóngrua asciende en términos reales a unos 8.000 pesos.

El cruce de posiciones a nivel judicial quizás también explica la pérdida de comunicación que De Vargas tiene con los hijos de este matrimonio, Facundo, de 25 y Sofía, de 20. El comunicador ha dicho que lleva al menos cuatro años sin diálogo con ellos.

Foto: captura

La pensión congrua está prevista en la legislación para aquellos cónyuges “no culpables de la separación” con el objetivo de mantener, en la medida de lo posible, la posición económica que tenían durante el matrimonio. La ley considera la duración del enlace, la dedicación al hogar durante el mismo, la edad y las posibilidades de reinserción laboral del beneficiario al momento de la separación. Sobre el obligado, en este caso De Vargas, se evalúa sus posibilidades económicas de otorgar tal beneficio.

La demanda comenzó a iniciativa de Alhadeff a mediados de 2021, seis meses después de la separación, y en las diferentes instancias del juicio cada uno desarrolló y presentó pruebas y testigos de su posición. La mujer, que tiene 59 años, argumentó que luego de la separación se encuentra desempleada, “con casi nulas posibilidades de inserción laboral”. Una de sus amigas atestigua que la ayuda económica y laboralmente, con trabajos puntuales en una fábrica de pastas.

Tras la ruptura, Alhadeff y sus hijos Facundo y Sofía alquilan una propiedad, cuya renta es abonada por el hijo mayor. Además, desde la separación, recibe fondos de De Vargas por concepto de pensión alimenticia para la hija aún menor de 21 años.

“Mis únicos ingresos son el dinero que me integra el demandado, la colaboración de mi hijo y el apoyo de algunas amigas”, asegura en el escrito de la demanda.

Más allá de su situación actual, Alahadeff y su defensa describieron y presentaron pruebas de cómo era el nivel de vida del matrimonio. La familia alquilaba una propiedad en Carrasco por algo más de 1.000 dólares mensuales, tenían dos autos, personal doméstico de lunes a viernes, niñera eventual. Alhadeff relata que cada verano se iban de vacaciones un mes a Barra del Chuy, salían a comer a restaurantes “dos veces por semana”, tomaban frecuentes viajes, incluidos destinos como Buenos Aires, Perú y Australia. Sus hijos asistían al colegio privado.

“Recibía muchos regalos, entre ellos anillos de oro y un (auto) Renault Sandero”, asegura la mujer en el juicio.

Sobre los ingresos, era claro que el principal o único proveedor era De Vargas, quien trabajó como primera figura de Canal 10 por 40 años. Entre Saeta y otros ingresos, el comunicador llegó a recibir en distintos períodos ingresos por más de 400.000 pesos mensuales.

La realidad laboral de Alhadeff era diferente. Figuraba como parte una empresa llamada Verde Lima, que el matrimonio había creado para hacer las facturaciones en publicidad, teatro u otras actividades de De Vargas. Ella se encargaba de la agenda, producción y organización, una actividad que finalizó con la ruptura matrimonial y de hecho la empresa fue cerrada en noviembre de 2020.

Alhadeff y su abogado agregaron al expediente recibos de gastos, pasajes, cuentas de restaurantes y demás documentos de una vida de “alta gama” durante el matrimonio.

La demandante aseguró que de aquella eventual riqueza, Alhadeff solo se quedó con una “camioneta vieja”, de marca china porque el Renault Sandero (que él le había regalado) quedó en propiedad del comunicador. La camioneta fue vendida por la mujer en 4.000 dólares.

La defensa de Humberto De Vargas se centró en relativizar la abundancia argumentada por su exesposa durante el matrimonio y además, presentó pruebas de su propio descenso en el nivel de vida y en su salud desde la separación.

El juicio se desarrolló en paralelo con la crisis personal y laboral del conductor: a mediados de 2022 fue desvinculado de Canal 10 y si bien poco después entró en VTV, en 2024 salió también de ese canal. Además y tras una detención policial (con espirometría positiva), dio cuenta de un deterioro en su salud mental, con tratamiento psicológico y psiquiátrico incluido.

En uno de los últimos mensajes que el exmarido envió a Alhadeff (adjunto por ella al expediente), De Vargas dio cuenta de este hundimiento y le escribió: “Bienvenida al Titanic”. El texto data de mediados de 2022 cuando fue desvinculado de Saeta.

Sobre el pasado, De Vargas argumentó que junto a Alhadeff “tenían un nivel de vida de cualquier pareja de clase media, sin lujos, con escasos viajes al exterior”. Fue explícito en asegurar que el matrimonio viajó solo cinco veces al exterior en dos décadas: dos a Buenos Aires, dos a Perú (el país donde se conocieron en los ‘90) y en una oportunidad a Australia. Hizo la salvedad de que este último viaje se hizo por motivos laborales. El conductor, actor y cantante brindó shows a la comunidad uruguaya en aquel país y no cobró cachets a cambio de que sus contratantes se hicieran cargo de los gastos de pasaje y estadía para Alahadeff.

Sobre las vacaciones en Barra del Chuy, comentó que se realizaban por canje con un establecimiento turístico del lugar y que ese acuerdo finalizó tras la desvinculación laboral de Canal 10.

De Vargas añadió que solo obsequió un anillo a su esposa y que no solían salir a comer porque a De Vargas le gusta cocinar y recibir invitados en su casa.

El comunicador esgrimió también una baja en la calidad de vida. Se fue de la casa de Carrasco por no poder solventar los gastos y vive en un apartamento en el barrio Reducto, que era propiedad de su madre, que estaba deshabitado y debió acondicionar.

Además, el comunicador advierte que no se probó que las tareas domésticas fueron solo responsabilidad de Alhadeff durante el matrimonio. “Las tareas siempre fueron compartidas a nivel doméstico”, asegura.

También cuestiona que las posibilidades de reinserción laboral sean mermadas para su exesposa. “La mujer adquirió las herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral en similares condiciones que el hombre”, dice en uno de los escritos.

Luego del análisis de pruebas y testimonios de testigos, el primer fallo se produjo a mediados de 2023, rubricado por la jueza de familia Karen Cuadrado, quien se pronunció en favor de otorgar el derecho a la pensión cóngrua a Alhadeff por el 15% de los ingresos de De Vargas durante el mismo plazo de duración del matrimonio: 23 años y seis meses.

Tras la apelación de De Vargas, la sentencia quedó firme en febrero de 2024 por la posición unánime de los ministros Eduardo Cavalli, Alicia Álvarez Martínez y Mónica González González.

"Los testimonios describen un nivel de vida que descendió abruptamente de cuando vivían juntos, una familia que criaba dos hijos, que le dieron educación en colegio privado, tenían dos automóviles, vivían en casa confortable, viajaban y contaban con personal doméstico", aseguran los ministros en su sentencia.

“Si bien el demandado pudo tener un tropiezo profesional... es indudable que es quien cuenta con el dominio, experiencia para seguir trabajando en lo suyo”, añaden en otro tramo del fallo.