EPIDEMIA QUE CRECE

La otra violencia doméstica: se acumulan miles de denuncias de abuso sexual

Fiscalía contabiliza casi 5.000 víctimas de abusos sexuales denunciados en los últimos dos años. El 77% son menores. En tiempos de coronavirus, la Justicia se enlentece y los victimarios están libres

Fiscalía
Psicólogos dicen que es normal que mujeres adultas se animen a desbloquear abusos que padecieron en su niñez. Foto: Fernando Ponzetto

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Alejandra se peleó con su novio en Buenos Aires y decidió volver a Uruguay. Enterado, su padre le escribió diciéndole que quería verla y recomponer la relación padre-hija, bastante deteriorada por la indiferencia paterna. Ella creyó en su buena fe y le dio una oportunidad. Fueron a cenar una, dos, tres veces, hasta que en el cuarto encuentro, al mes de su regreso a Montevideo, la joven de 25 años supo que su padre tenía otra intención.

Después de comer algo en un restorán céntrico, Sergio le pidió que la acompañara a una boca de venta de drogas, porque quería consumir. Ella le recordó que anteriormente él le había dicho que había dejado de drogarse. Fueron a una boca a pocos metros del Hospital Maciel y allí compró 500 pesos de cocaína para él, y un cigarrillo de marihuana para ella. Caminaban por la calle y él no paraba de inhalar, alternando el consumo con varias latas de cerveza. Alejandra estaba incómoda, hasta que él le espetó algo que la terminó de desestabilizar: “¿Sabías que el cantante Marilyn Manson cuando consumía, tenía sexo con sus hijos?”. Ella, desconcertada, le preguntó si le estaba insinuando algo, y él sonrió socarronamente. Apenas unos minutos después le propuso ir a un motel. “¿Estás loco? Sos mi padre, ¿qué decís?”.

La joven apuró el paso. Le dijo que debía irse para encontrarse con sus amigos, con quienes iba a ir a la marcha contra el boliche Jackson Bar por presunta discriminación. Pero él siguió caminando a su lado. En el trayecto le hizo otras propuestas no menos inquietantes: primero le ofreció 5.000 pesos por mes a cambio de que ella le facilitara “una minita joven y linda”, luego le ofreció ir con ella y otra chica a un motel, y allí estar con la otra joven, luego de que su hija estuviera con la invitada. También le tocó los senos, cuando ella se disponía a cruzar una calle, supuestamente para evitar que lo hiciera de forma peligrosa.

En cuanto, por fin, Alejandra se encontró con sus amigos en el Cordón, su progenitor —así lo llama ella— le dijo que él iba a comprar más droga y volvería. La joven aprovechó el momento y fue directo a la seccional 6ª y radicó una denuncia contra su padre. Recién una semana después se animó a contarlo, a modo de catarsis, en su cuenta de Facebook, con muchos más detalles y fotos del hombre.

El relato del 28 de febrero se hizo viral, y gracias a ello conoció a Lorena, a su madre Noelia, y a Jimena. Todas ellas identificaron al mismo abusador y le escribieron a Alejandra por Messenger. (Los nombres utilizados en esta nota son ficticios; los relatos, tan verdaderos que asustan).

Lorena, de 17 años, había sido sexualmente violentada por Sergio cuando era una niña de siete. Noelia, su madre, es prima hermana de Sergio, y hace una década lo hospedó en su casa cuando él no tenía dónde vivir. Allí le pidió a la niña que le practicara sexo oral.

Jimena, en cambio, era la hija de una expareja de Sergio, y él le decía que la quería como una hija. Un día, aprovechando que su pareja no estaba en casa, invitó a Jimena (entonces con 14 años) a tomar cerveza por primera vez. La adolescente se emborrachó y cuando quiso ir a ducharse para despabilarse, él pretendió ingresar con ella al baño. “¿Qué hacés? ¿Estás loco?”, le dijo ella. “Solo te quiero ayudar”, le dijo él. La púber luego se metió en la cama y él le dejó un balde al lado de la cama y —tan atento— se ofreció para dormir con ella en la cama de una plaza, por si sentía mal. Ella rechazó la idea de plano, pero se sobresaltó en la mitad de la noche con la mano de él en sus genitales. Cuando la chica se despertó y notó que él la tocaba y tenía una erección, pegó un respingo y saltó de la cama. “Perdón, perdón, me confundí… pensé que era tu madre”, fue su excusa, cuenta ella hoy con 26 años.

Lorena (tutelada por su madre), Jimena y la propia Alejandra fueron juntas a radicar una denuncia contra el mismo hombre a Fiscalía especializada de Delitos Sexuales el 9 de marzo. Pero no tuvieron mucha suerte. Las fiscalías ya estaban saturadas de expedientes sin resolver cuando llegó el mentado coronavirus y, con él, la feria sanitaria que por orden del fiscal de Corte convirtieron a las audiencias presenciales en una rareza.

Las denuncias que radicaron Noelia (por su hija) y Jimena fueron derivadas al 2º turno de Ciudad de la Costa y al cierre de la edición recién le habían avisado de la seccional más cercana a Jimena que fiscalía había dispuesto una citación a declarar, todavía sin fecha. Alejandra —hija del denunciado— tuvo la peor de las noticias: la fiscal de su caso, Mariana Alfaro, había decidido archivar el caso por falta de pruebas.

La otra cara del calvario que viven las denunciantes está en el sobretensionado sistema judicial. Fiscalía de la Nación no da abasto, y cada fiscal supera los 500 expedientes por resolver (una tiene más de 650), cuando solo 20 se encaminan a un juicio y apenas 10 se resuelven por juicio abreviado. Y encima, el Covid-19, que hace que Alejandra y sus abogados no hayan podido acceder a la notificación de la fiscal con los argumentos del archivo, a tres semanas del mismo.

La otra cara.

Cuando ingresó a trabajar en el Ministerio Público, Sylvia Lovesio estaba embarazada, y dice que haber recibido casos de abuso sexual en ese estado le despertó una sensibilidad extrema. Hoy su hija María Fernanda tiene 24 años, y ella —fiscal de 4º turno de Delitos Sexuales— no puede evitar llevarse el trabajo para su casa. “Me lo llevo. Me ha costado dormir. Eso nos pasa a los tres integrantes del equipo (ella y dos fiscales adjuntos). Nos vamos para nuestras casas con cero energía, nos vamos destruidos. Eso hace a nuestra función”, dice resignada la fiscal Lovesio.

Hace unos meses, Lovesio tenía 800 casos en su turno y otros 800 tenía la fiscal de 5º turno. Cuando el 28 de febrero se creó un nuevo turno (el 6º), cada una le pasó algo más de un centenar de expedientes a la nueva fiscal, la mencionada Alfaro, que comenzó con 200 y hoy ya tiene 406. Desde el último día de febrero solo un caso está formalizado, y todos los demás están en investigación preliminar.

Sabrina Flores, fiscal de 5º turno, tiene hoy 650 casos en carpeta. Unos 40 irán a juicio oral o abreviado, y 20 tuvieron sentencia definitiva (15 se resolvieron en juicio abreviado y cinco en juicio oral). Todos los demás, la enorme mayoría, “se están investigando”.

Flores dice que los casos que más la afectan son los que incluyen niños y muertes. En 2017 le tocó intervenir en el mediático caso del niño Felipe Romero, secuestrado por su entrenador de baby fútbol, cuyos cuerpos fueron encontrados días después en un descampado de Villa Serrana. Y otro caso en Malvín Norte donde un hombre abusó de una niña, mató a la madre y luego se suicidó.

Igual, la impotencia es full time. “El día a día lo vivís con angustia, pero no podés transmitirle esa angustia a la víctima o los familiares. Lo que buscan es que el fiscal cumpla su rol, la víctima no necesita que yo lloriquee con ella… Necesita que yo ponga lo que hay que poner y lleve adelante la investigación”. Tal vez por ese temple, Flores sí ha podido separar lo profesional de la vida personal y el trabajo lo deja en la puerta de la fiscalía al salir.

Lovesio, en tanto, hoy tiene unos 500 casos, pero desde julio de 2019, cuando asumió la fiscalía especializada, solo ha podido formalizar 30. Veinte de esos 30 están camino a un juicio, con sentencia definitiva. Los otros 10 se resolvieron en juicios abreviados, que les permite ahorrar tiempo pero hay quienes creen que no siempre hace justicia.

A saber: en setiembre de 2019 un hombre de 46 años marchó a prisión solo por dos años por abusar sexualmente de un chico de 13 años en Rivera. El adolescente llegó a su casa con un celular nuevo, y cuando sus padres lo encararon confesó que había sido por mantener sexo con el adulto. En juicio abreviado lo mandaron preso por dos años y otros dos en libertad vigilada.

Unos meses antes, en mayo, un enfermero de 43 también fue condenado a dos años de prisión tras comprobarse que había abusado de un niño de 11 años, en Paysandú. La madre del niño se encontraba trabajando y lo dejó al cuidado del hombre, antiguo amigo de la familia. La madre se enteró del hecho porque el niño logró sacarle una foto al adulto mientras abusaba de él, y se la envió por Whatsapp. También, juicio abreviado.

Un abuelo de 66 años fue denunciado en mayo de 2018 en Castellanos, Canelones, por abusar sexualmente de sus nietos de 10, 11 y 14 años. Terminó con arresto domiciliario, por disposición del juez Umberto Verri.
Varios casos como los citados generaron repudio e indignación tras divulgarse en redes sociales. “A mí también me indignan (esas sentencias)”, reconoce la fiscal Lovesio. “No porque el aumento de la pena vaya a evitar que el abuso exista, porque además el abusador tiene un perfil narcisista y tiende a repetir el abuso. Pero entendemos que la pena debe resarcir a la víctima, para que haya una justicia transformadora. Hay víctimas que quedan destrozadas y otras con las que logramos (a través de la Unidad de Víctimas de Fiscalía) trabajar para que, después de que haya una sentencia, encaminen su vida hacia algo más productivo”, dice.

Lovesio no suele bajarse de los 10 años para el abusador, si se confirma el delito. En un juicio del año pasado en que el padrastro abusó de su hijastra, pidió una condena de 10 años y obtuvo una pena de ocho. No la conformó; decidió recurrir la decisión. Ahora enfrenta el caso de un padrastro que abusó de su hijastra y su cuñada, y aunque vaya a juicio abreviado, no piensa negociar los 10 años de pena.

Ahora bien, a la hora de investigar un caso de abuso sexual, los fiscales y abogados de las víctimas suelen encontrarse con un escollo habitual: la fecha del eventual delito —que condiciona su vigencia— y la dificultad de conseguir pruebas cuando muchas veces no hay testigos y “es la palabra de uno contra la de otro”.

Abuso sexual
De 4.977 víctimas, el 45,6% fueron menores de 13 años, y 32,1% tenían entre 13 y 17 años. Foto: Archivo El País
pedido de acceso a la información

Casi 5.000 víctimas de delitos sexuales en dos años; el 77% son menores de edad

Entre 2018 y 2019 Fiscalía recibió en todo el país 4.265 denuncias de algún delito sexual, trata o tráfico de personas, según la respuesta a un pedido de acceso a la información que realizó El País. Estas involucraron a 4.977 víctimas, de las cuales el 45,6% fueron menores de 13 años y 32,1% tenían entre 13 y 17 años, por lo que solo el 22% de las víctimas era mayor de edad.
Entre 2018 y 2019 el 8,5% de los casos tuvo condena por proceso abreviado, apenas el 1,3% recibió condena por juicio oral, en el 4,9% de los casos hubo alguna formalización y casi el 84% (83,8) recién se está investigando, y tiene meses o años desde que se radicó la denuncia.
Actualizada esta información al 26 de febrero, dice Fiscalía, el 16% de las investigaciones iniciadas en los últimos dos años había permitido imputar al menos a un responsable, mientras que en casi el 10% se obtuvo al menos una condena mediante proceso abreviado o juicio oral.
La predominancia geográfica de los delitos de abusos sexuales investigados por Fiscalía está liderada por Montevideo (1.298 denuncias, 30,4%), Canelones (732 denuncias, 17,2%), y Rivera (221 denuncias, 5,2%).
La cantidad de denuncias tituladas como delitos sexuales que lograron al menos una imputación pasó de 84 durante el primer semestre de 2018 a 274 en el segundo semestre de 2019. Esto significa un aumento de 226% en las imputaciones. Y si se compara el segundo semestre de 2019 con el mismo semestre de 2018 la cifra es igual considerable: 66% de incremento.
Vale decir que entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 se crearon en Montevideo tres nuevas fiscalías especializadas en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género, lo que implicó un notorio aumento de los recursos asignados a la persecución penal de estos delitos.

Casos prescriptos.

La Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) fue fundada en 2012, y recibe mensualmente a decenas de víctimas de distintos delitos. Según su coordinadora, Daniela Álvarez, en 2018 hubo muchos casos de víctimas de rapiñas y copamientos que se acercaron a la asociación, pero el 89% de los casos que recibieron de 2019 fueron de abusos a menores.

La realidad de Asfavide es idéntica a la de la propia Fiscalía General de la Nación. Soledad Suárez, abogada y docente al frente del Consultorio Jurídico de la Udelar, trabaja con Asfavide por un convenio con la Universidad. “Tenemos como 100 carpetas. Un 10% son víctimas de otros delitos, y el resto se divide entre dos mitades: denuncias sexuales y homicidios especialmente agravados”, dijo. “La enorme mayoría de esos abusos son intrafamiliares: un padre biológico, un padrastro, un abuelo, aunque no son solo hombres los abusadores. También hay mujeres”.

Violencia de género
Los delitos sexuales son la mitad de los que llegan a Asfavide. Foto: Fernando Ponzetto.

El abogado Juan Raúl Williman, quien está al frente de la cátedra universitaria del consultorio jurídico, informó que de las 50 consultas recibidas en el segundo semestre de 2019, 25 fueron por abusos sexuales. “Nosotros somos una pequeña muestra porque acá vienen las familias con pocos recursos, que no se pueden pagar un abogado. La cantidad de trabajo que tienen las fiscalías es impresionante. Están desbordadas. Y tienen una dificultad: la prueba. No son casos fáciles de probar”, dijo.

Para colmo, es frecuente que una mujer adulta termine decidiéndose a radicar la denuncia por un abuso que ocurrió muchos años antes, tal como hizo la actriz argentina Thelma Fardin con su colega Juan Darthés. Según la psicóloga Fernanda Tappa, “hay amenazas del adulto, hay manipulación, y pueden generar en los niños miedo, culpa, vergüenza. Y también ocurre que hablan y no les creen”.

“En la práctica profesional he visto madres de chicas abusadas, que vivieron lo mismo cuando eran niñas, pero como el abusador era alguien del entorno familiar y lo tenían que seguir viendo, prefirieron callarlo. Cuando hablo de amenazas es decirle al niño o niña que si cuentan, nadie les va a creer, o que si cuentan, ellos podrían lastimar a su mamá. Hay mucha manipulación”, comentó Tappa, que ha atendido decenas de niños en Asfavide.

Lorena, la niña de siete años que vio cómo el primo de su madre, Sergio, se bajaba los pantalones y le pedía que le diera un beso ahí y que “no iba a pasar nada”, recién se animó a contarle ese secreto a su madre el año pasado, ya con 17. “Es que yo tenía bloqueado ese episodio. Lo había borrado de mi memoria. A él lo seguí viendo en reuniones familiares, incluso. Cuando empecé a entender la sexualidad y empecé a atar cabos, recordé aquellos episodios y con el auge de lo de Darthés en las noticias, decidí contárselo a mamá”, cuenta la joven.

La madre no podía entender cómo la actriz Fardin había dejado pasar tanto tiempo para hacer público su episodio de abuso, y ahí su hija le contó su experiencia con el “tío” Sergio. “La psicóloga de Lucía, que tiene una maestría en estos temas, me dijo que esto es súper normal. Los niños o adolescentes tienden a borrarlo de su memoria para poder seguir operando en la vida. Y el recuerdo se desbloquea años después, cuando se animan a contarlo”, dice Noelia, la mamá.

La variable tiempo también puede ser un obstáculo a la hora de impartir justicia, porque según el CPP nuevo, la mayoría de estos casos en los que no hay penetración prescriben una década después de cometido el delito.
“Depende de los guarismos de la pena. En un abuso sexual común, lo que antes con el código viejo era atentado violento al pudor, prescribe a los 10 años. Si el delito lleva una pena de 10 a 20 años de penitenciaría (artículo 117 del Código Penal), por ejemplo violación u homicidio especialmente agravado, ahí prescribe a los 15”, explicó el abogado Williman. Esto equivale a una violación o, según la tipificación del nuevo CPP, abuso sexual agravado.

Para Williman, no es correcto aplicar la prescripción del caso cuando la víctima era apenas una niña inconsciente de lo que estaba sucediendo.
Con el Código Penal en la mano, los casos denunciados por Lorena y Jimena —acontecidos hace 10 y 12 años— estarían prescriptos. “Si nos ponemos piedeletristas, sí”, dice Williman, “¡pero Lorena tenía siete años! Al estar impedida de denunciar, estamos los que creemos que no debería correr el plazo. Este debería empezar a correr cuando la víctima cumple la mayoría de edad”.

La fiscal Flores coincide. Y va más allá. Para ella, los delitos sexuales deberían ser imprescriptibles. “Yo voy a llevar mis casos hasta que un juez me diga que estos delitos no prescriben. Es más, deberían ser considerados de lesa humanidad”, dice. La prescripción se suspende —continúa— cuando hay una causa justificada para alegarlo, y para ella, un grave daño psicológico en la víctima es más que justificado.

La abogada Suárez, del consultorio jurídico, levanta la voz. “Hay abusadores que abusan de los menores durante añares… Como el niño de Paysandú que le sacó una foto al enfermero amigo de la familia para probar lo que estaba haciendo, ¡y le dieron solo dos años! Te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas. Si hablamos de gravedad, pensá que por un hurto o rapiña les pueden dar cinco años, y acá el daño psicológico puede ser de por vida”, comparó.

Mientras Alejandra y sus abogados del consultorio jurídico esperan que otra fiscal tome el caso (pueden pedir un fiscal de garantía, que tendría 30 días para expedirse), Lorena y Jimena esperan conocer la fecha de la primera audiencia. Sergio, en tanto, asegura que fue un ardid en su contra y sus abogados ya están enterados. Y la Fiscalía busca ponerse al día con la pila de expedientes acumulada.

La voz de Lovesio suena agotada, como resignada. Hace unos días escuchó que una niña de 11 años en Fray Bentos quiso arrojarse desde un balcón por no aguantar los abusos recibidos. Ella recuerda especialmente un caso que pudo formalizar el año pasado donde un chico de 14 años pormenorizó los abusos recibidos por su padre desde que tenía cinco. Quiso autoeliminarse a los ocho, a los nueve y a los 10 años. A los 14 lo contó en la Justicia. “Tenemos casos donde uno dice: ‘Yo no puedo escuchar algo más horrible que lo escuché hoy’. Pero sí. A la semana siguiente escuchamos a otra víctima que supera el relato anterior. Es espantoso”, dice y baja la voz.

Su colega Flores, la que sabía separar su vida profesional de la personal, termina confesando que ya pidió el cambio de sede para Flagrancia. No aguanta más.

datos de la suprema corte

Entre 2005 y 2014 hubo 540 procesamientos por violación

Por el viejo delito de violación (hoy tipificado abuso sexual agravado) hubo 540 procesamientos entre 2005 y 2014, según datos de la Suprema Corte de Justicia, en base a los registros basados en el viejo Código del Proceso Penal, vigente hasta octubre de 2017. En 2018, 3.387 delitos obtuvieron sentencia de expedientes iniciados con el anterior CPP. Los delitos de atentado violento al pudor (hoy abuso sexual simple) en Montevideo fueron 43 en 2018, un 1,3% del total de ese año, considerando el total de las viejas tipificaciones de delitos. También en la capital, los casos de violencia doméstica fueron 32 (0,9% del total), y violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes e incapaces fueron 24 (0,7% del total). En 2018 el interior hubo 192 casos de atentado violento al pudor; hubo 74 casos de violencia doméstica (1% de los delitos), y 11 de violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes e incapaces.

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