Guillermo García nunca imaginó que la casa que compró en Aires Puros en 2007 junto a su esposa se convertiría en el epicentro de una batalla legal que ya lleva más de una década. “Si hubiese sabido, jamás la hubiese comprado”, dice, con frustración. Criado en el barrio, pensó que había encontrado el lugar ideal para establecerse, una vivienda amplia de dos pisos. Eso hasta que los sonidos del teatro de verano de Paso de las Duranas empezaron a invadir su hogar y su vida, se metieron por sus ventanas, y muchas noches se convirtieron en algo parecido a una pesadilla.
El Espacio Cultural Las Duranas está en el cruce de las calles Pedro Trápani y Bayona. Nació allá en 1894 como el espacio de una sociedad criolla pero muchos años después se instaló un anfiteatro, que fue reformado en 2011, tras ganar el Presupuesto Participativo. Ahí se profesionalizó el lugar, que es propiedad de la Intendencia de Montevideo (IMM) pero está administrado por una comisión de vecinos. El teatro abre algunas noches durante el año y el movimiento fuerte es en verano, cuando funciona un tablado barrial.
El ambiente en la última noche de este carnaval, el martes 4 de marzo, es familiar. A eso de las ocho y media ya hay bastante público. Si bien existen gradas para sentarse, la gente lleva su propia silla para acomodarse, también ingresan con comida. La velada comienza con la murga Jorge y después, una de los números fuertes de la noche: los parodistas Los Muchachos. La entrada casi simbólica, 120 pesos.
García (70 años de edad) tiene la ventana de su dormitorio a unos 40 metros del escenario, y comenzó a moverse por el tema de los ruidos molestos una vez que se jubiló. “Llamamos a hacer mediciones 42 veces hasta ahora... 42 veces vinieron funcionarios de la intendencia y midieron hasta 85 decibeles dentro de nuestra casa”, dice. Pero el proceso se empezó a hacer desgastante. “Llamar, esperar que vengan, hacerlos pasar al dormitorio, tratar de no decir una palabra de más para evitar conflictos. Es agotador”.
Y no ha tenido soluciones. “Cada noche nos quedamos despiertos hasta que termina. No hay otra opción”, dice García. “Uno tiene derecho a vivir en paz. Solo quiero descansar en mi propia casa”.
En 2017 se reunió con Christian Di Candia, quien en ese momento era prosecretario de la IMM. Le presentó la firma de más de 100 vecinos con nombre completo, cédula y firma. Hoy muestra los papeles con las firmas y el sello de la IMM pero dice que en aquel momento una funcionaria de la intendencia le dijo “la gente firma cualquier cosa, esto no tiene valor.”
Pero García no fue el primero en dar la guerra. Antes, en 2011, se habían presentado otras firmas ante la IMM y el municipio C. Una vecina que vive desde la década de 1990 en el barrio relata que desde su dormitorio escucha “todo el cuplé” y que conoce a García pero no tiene trato. “No tengo el teléfono del vecino, se más o menos cuál es la casa, sí”, dice sobre este hombre al cual desde la comisión administradora individualizan como el único molesto con el teatro. Pero eso no es así.
En su caso ella ya no llama más a la IMM para que vayan a hacer mediciones a su casa, porque no siempre tiene efectos y es costoso. El proceso implica que concurran inspectores a medir en el domicilio para saber si los decibeles son superiores a lo establecido. Pero la intendencia cobra 820 pesos al denunciante de un ruido molesto, en el caso de que amerite que en la inspección asistan profesionales del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas.
—¿Pero por qué no llama más? ¿Ahora hay menos ruidos?
—No, yo estoy cansada, no sé qué va a pasar con esto. Yo estoy enfrente. Los vecinos que vienen en auto hasta acá, claro, para ellos es precioso porque disfrutan y se van cuando quieren.
Ella no quiere dar su nombre, menos sacarse fotos, dice que prefiere el diálogo, aunque reconoce que no le ha dado ningún resultado.
—Creo que hablando todo se puede arreglar, pero han pasado muchas cosas complicadas acá y no quiero tener problemas... pero escuchá ahora -dice y de fondo suena una batería de murga-. Mañana los niños empiezan las clases, no es normal este sonido.
—¿Lo dice como si le tuviera miedo a alguien o algo?
—Mirá, yo creo que mi derecho empieza cuando termina el del otro, y que las autoridades están para escuchar a la ciudadanía. No quiero que aparezca mi nombre porque se ha hecho con lo de Guillermo cosas que no estuvieron bien. Estuve presente en reuniones de vecinos donde el exalcalde dijo que él era el único vecino molesto con los ruidos, y que ahora con las obras nuevas ese único vecino iba a dejar de molestar. Entonces me paré y dije que somos muchos los que denunciamos y los que tenemos problemas por los ruidos molestos.
A la Justicia
Las obras que la IMM terminó el año pasado se hicieron a raíz de una sentencia judicial del 29 de abril de 2021, donde la justicia le dio la razón a García. De hecho, el teatro estuvo cerrado durante unos dos años.
La abogada Noelia Heguaburu, que representa al vecino, relata que el juicio buscaba demostrar la responsabilidad de la intendencia en el incumplimiento de su propia normativa sobre los niveles de ruido permitidos en espectáculos. “El juzgado determinó que la IMM violaba de manera constante la normativa vigente”, explica.
El fallo obligó a la intendencia a ejecutar obras de insonorización en un plazo de 30 días y a indemnizar a García por daños y perjuicios. Aunque la comuna cumplió con el pago, las obras realizadas fueron insuficientes para reducir los niveles de ruido a los límites permitidos. Ante esta situación, García y su defensa iniciaron otra acción para exigir la ejecución efectiva del fallo original.
La defensa presentó ahora nuevas pruebas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno, donde se tramitó la causa. El conflicto se agravó cuando, según García y su abogada, la intendencia ordenó que sus inspectores dejaran de medir los niveles de ruido en su domicilio. “Cualquier ciudadano puede solicitar una medición de ruido y recibir un acta con los resultados. Sin embargo, a Guillermo le informaron que para su dirección no enviarían más a los inspectores”, afirma Heguaburu. Esta decisión, según la abogada, atenta contra el principio de igualdad y está siendo cuestionada en el juzgado.
En este elemento se ve el conflicto de interés, porque es la propia Intendencia la que se debe de controlar a sí misma. García asegura que en más de una oportunidad piden que bajen el volumen cuando van a tomar. “Y claro toman y da bajo, pero no tiene lógica lo que hacen. Lo que me explican es que ellos piden que lo bajen porque ese es el volumen que quieren que quede, obvio que a los 10 minutos que se fueron están de nuevo con todo”, denuncia el vecino.
Para IMM el tema está saldado. Según explican a El País fuentes del gobierno departamental, se realizaron trabajos de aislamiento acústico, en cumplimiento de una sentencia definitiva en segunda instancia, esto es luego de que la causa llegara al Tribunal de Apelaciones en lo Civil, que ratificó lo que se dictó en primera instancia y elevó el monto que la IMM le tenía que pagar a García por “daño moral”. Se pasó de 5000 a 6000 dólares “teniendo en cuenta el tiempo que el accionante debió soportar la situación”, dice el dictamen.
Para evaluar la efectividad de las obras, el 4 de diciembre de 2023 la IMM realizó una prueba de funcionamiento, que concluyó que los niveles de ruido estaban dentro de lo permitido por la normativa departamental. Y durante el Carnaval 2025, la IMM hizo nuevas mediciones el 25 de enero y el 15 de febrero, mientras se desarrollaban espectáculos. En ambos casos, los resultados confirmaron que el nivel de ruido en el interior de la vivienda estaba por debajo del máximo permitido para esta época del año, según la versión de la intendencia.
En época de carnaval por normativa los decibeles (dB) permitidos hasta la medianoche pasan de 39 a 56. En una de las mediciones que se hicieron fuera de su casa, no en su dormitorio como establece la norma, dio 54 dB según consta en el acta que los inspectores le dejaron a García.
Para cumplir el dictamen judicial la IMM resuelve que debe de realizar obras para mejorar las condiciones acústicas. Éstas incluyeron la construcción de un muro de mampostería de cinco metros de altura sobre el lado sur del teatro, que lleva el nombre de Pablo Estramín, así como la reorientación de los parlantes hacia el interior y la instalación de un equipo de sonido que regula automáticamente su volumen.
Pero para la vecina que vive enfrente lo que hicieron es solamente “malgastar el dinero de los contribuyentes” y reconoce no notar ningún cambio. Lo mismo dice García.
“No me van a echar”
El nuevo muro se ve desde la ventana del cuarto de García, quien no entiende la razón de la construcción. Antes del juicio la intendencia contrató a un experto en acústica, el arquitecto Gonzalo Fernández Breccia, para realizar un estudio sobre los niveles de ruido en la zona. El informe fue concluyente: el ruido medido en la casa de García alcanzaba los 84,5 dB en su dormitorio, un nivel muy por encima de lo recomendado, que es de 39 dB.
El arquitecto le recomendó poner doble ventana para poder mitigar parte del sonido.
En el barrio se estableció un discurso de que un solo vecino denunciaba los problemas de ruidos. De hecho, Nelly Álvarez, integrante de la Comisión del Espacio Cultural Las Duranas, dice a El País que “no hay otras denuncias aparte de las de este vecino, que además es una persona muy agresiva”, opina. Para Álvarez el tema ya fue saldado, porque la IMM hizo todo para mejorar la situación de los ruidos molestos. Pero García cuenta que ha recibido amenazas por redes sociales. Que luego terminaron en denuncia policial en delitos informáticos, y el asunto fue elevado a fiscalía. Además de esos mensajes por redes sociales, en los que se lo acusaba de querer cerrar el teatro de verano y odiar al carnaval, en el propio escenario hacían mención a él en tono de burla.
También cuenta que le apedrearon la casa. Y el 11 de setiembre de 2020 denunció a la policía que le habían efectuado un disparo con arma de fuego en la fachada de su casa. A pesar de todo García dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias, que ya no tiene nada que perder. “No me van a echar, por qué me voy a tener que ir yo de mi casa”, dice.
—Cuando usted se mudó al barrio, sabía que estaba este escenario. ¿No lo tomó en cuenta?
—El teatro en otros tiempos funcionaba como un tablado de barrio, tuvo diferentes etapas. Algunos años funcionaba, otros no. Se hacían los carnavales los fines de semana, pero no era algo constante. Todo cambió cuando pusieron la cúpula e hicieron toda la obra de refracción en el período de Ana Olivera.
García además ha presentado denuncias ante la Defensoría del Vecino y Derechos Humanos. También llevó el caso a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), hoy Ministerio de Ambiente. Sin embargo, ninguna de estas acciones pareció cambiar el curso de los acontecimientos.
Tuvo que tasar su casa, por el juicio en el que se encontraba. “Me dijeron que la casa había perdido un 25% de su valor debido al conflicto y los ruidos”, cuenta, “pero eso no me importa, no quiero la plata, quiero poder abrir la ventana en verano y descansar.”
García, quien en su juventud militó en el MPP y conoció personalmente a José Mujica, se siente traicionado por la politización del asunto. “Me tildaron de viejo oligarca, cuando toda mi vida fui de izquierda. Pero agradezco, porque después de viejo me di cuenta de quién me estaba manejando”, reflexiona.
“Los tablados son como las ferias”
Según Mónica Amado, alcaldesa del Municipio C, el punto radica en encontrar el equilibrio entre los derechos de quienes quieren disfrutar de la cultura y aquellos que buscan tranquilidad. “Todos tiene que estar contemplados. Esto es como la feria: todos disfrutan comprar en ella, pero nadie la quiere en la puerta de su casa”, compara.
Miedo a hablar
“Me aburrí de hacer denuncias”, dice otro vecino, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. Vive a más de una cuadra del escenario. “Hice 77 denuncias, pero nada cambió. Lo único que me quedó fue poner doble ventana y postigones. Y aun así, a veces el ruido se cuela”.
Cuenta: “La gente tiene miedo de denunciar. Porque ese lugar funciona como una mafia”, opina. Y asegura que varios han optado por el silencio ante la falta de respuestas.
Las quejas se han canalizado por diferentes vías. “Se han presentado escritos ante la intendencia, se han recopilado firmas y hasta hubo un juicio, que se ganó. Pero ¿de qué sirvió? La IMM hizo un muro, pero no cambió nada. Cuando un perito ya había dicho que eso no iba a servir”, dice el vecino. Este hombre se refiere al trabajo independiente que hizo el estudio del arquitecto Gonzalo Fernández Breccia.
Otro vecino, que vive a tres cuadras y que tampoco quiere dar su nombre, dice que por suerte no es todo el año. “Hay horas de la noche que uno quiere descansar, a las doce o a la una de la mañana, y no puede. Es como tener un baile en tu casa”, dice.
Y sostiene que es imposible que la gente que vive frente al teatro, en la cuadra que está García esté de acuerdo con el ruido. “A no ser que te encante el carnaval y no trabajes, y no tengas problemas de horarios, en algún momento tenés que dormir y te va a molestar”, afirma. Para este vecino lo que pasa es que este tema se ha politizado, y por eso todo es muy confuso: “Porque no es que uno esté en contra del carnaval, en mi caso me gusta, ese año fui dos veces. Pero eso no quiere decir que el ruido no me moleste en casa”.
Eso sí, reconoce que algo ha cambiado, “hubo años que estuvo diez veces peor”. A veces “hacían unos festivales de rock que duraban hasta las cinco de la mañana y en cualquier fecha del año”.
Para Mónica Amado, la alcaldesa del municipio C, en todo este conflicto es importante recordar que el mayor uso del escenario es en Carnaval. Amado, que lleva solo unos meses en el cargo, dice que las puertas están abiertas para quienes quieran plantear un problema, pero que el escenario responde a una demanda histórica de los vecinos y que su construcción fue producto de un proceso participativo. “Fue proyectado por los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo y hubo una previa muy importante antes de que se instalara en el barrio”, afirma.
Pero más allá de ese proceso, algunos llevan años y años conviviendo con los ruidos molestos. “Si abrís la ventana en verano, olvidate de dormir. Así que la cerré para siempre. Y me acostumbré”, cuenta el vecino que hizo poner doble ventana. Otros no han podido adaptarse y se mudaron. Los inquilinos van y vienen. Pero en la otra punta está García con un discurso firme: “No me quiero ir de mi casa y no me voy a ir. La intendencia tiene que solucionar el problema que creó, parece que el derecho al descanso no cuenta. Esto es una canallada, es anticonstitucional. No tenés que ser jurista para verlo, yo soy un pobre viejo ignorante, pero no se puede ser juez y parte”.
En un año, hay 4.500 denuncias
Según los últimos datos proporcionados por la Intendencia de Montevideo a El País, en 2023 se registraron más de 4.500 denuncias pero solo en un 20% de los casos se comprobó que existía una infracción. De ellas, 1.438 fueron por ruidos provenientes de “fincas particulares”, lo que representa un 31% del total. Estas quejas incluyen conflictos entre vecinos por el volumen de la televisión o reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche con música a gran volumen. El segundo tipo de denuncia más frecuente corresponde a los locales comerciales, con 1.258 reclamos, equivalentes al 23% del total.
El resto de las denuncias se distribuye en distintas categorías: alarmas (22,2%), obras en construcción (5%), parlantes en la vía pública (3,6%), ensayos en la vía pública (3,2%), eventos (3,1%), vehículos con parlantes (2,8%) e iglesias o templos religiosos (0,7%). La IMM no proporcionó los datos de 2024. En tanto, el año pasado el Ministerio de Ambiente recibió 219 denuncias por ruidos de comercios y residencias.
En el municipio B, la Defensoría del Vecino ha trabajado en conjunto con las comparsas, la intendencia y los vecinos para abordar las situaciones que se dan en carnaval a través de la mediación comunitaria.
Uno de los puntos clave en la resolución de estos conflictos fue evitar la estigmatización de las partes involucradas, según señaló el Defensor del Vecino, Daniel Arbulo. En este sentido, la primera etapa del proceso consistió en identificar los problemas comunes y entender las dimensiones que cada parte percibía sobre la situación. “A veces, lo que uno supone que molesta no es realmente el problema de fondo”, explicó. “Puede ser que a alguien le incomode el horario de salida de la comparsa, pero para otro vecino la preocupación pase por la limpieza posterior o la cantidad de gente”.
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