Puertas adentro

1/3

2/3

3/3

SEBASTIÁN CABRERA

Miguel acaba de salvar con 8 el examen de Historia. Le preguntaron sobre faraones, dioses y el antiguo Egipto. Él tiene 15 años, usa gorro de visera y una remera naranja que se ve de lejos. La profesora le da un beso, lo felicita y le entrega un diploma.

Acto seguido le ponen esposas en las manos y grilletes en los pies. Hay que llevarlo desde "la escuela" de la Colonia Berro al Piedras, uno de los "hogares" cerrados de los que tienen más seguridad dentro del predio después del SER, al que se conoce como "el pequeño Comcar" y donde los menores pasan 23 horas en su celda. Miguel (este nombre y el de los demás menores fue cambiado para proteger sus identidades) intentó fugarse ayer: atinó a saltar el alambrado mientras otro compañero hacía lo propio por el lado de atrás del hogar. Pero los atraparon.

Acá, en la escuela de la Colonia Berro, aumentaron las medidas de seguridad porque los adolescentes se fugaban cuando venían a clase. Pusieron doble perimetral de unos seis metros de altura y arriba unos alambres enrulados que se llaman concertinas. Y más policías en la puerta. Además, algunos jóvenes dan los exámenes con los grilletes puestos. Hasta hace no mucho, unos meses, varias de estas medidas de seguridad no existían.

"Las fugas son la válvula de escape del sistema", decía Carlos Uriarte, gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) entre 2005 y 2009. Esa era su filosofía y esa era la filosofía en el gobierno, pero la realidad la superó.

Tal vez 2011 sea un año bisagra: ya no es tan fácil fugarse de la Colonia Berro o de otros centros del INAU. Es el año en que el gobierno de izquierda -al mismo tiempo que el senador colorado Pedro Bordaberry y el Herrerismo avanzaban en su campaña de recolección de firmas contra la baja en la edad de imputabilidad- decidió destinar por primera vez en muchos años fuertes recursos económicos a incrementar la seguridad en los centros de reclusión para intentar lograr algo que debería ser la norma: que los jóvenes internados no se fuguen. En el gobierno nadie lo declara, pero muchos admiten fuera de grabador que este notorio cambio está relacionado con el éxito de la campaña de firmas. Y las fugas se cortaron.

Se pasó de más de dos por día a algo menos de 100 en todo 2011. Pero la mayoría de esas fugas fueron antes de los cambios implementados por el INAU en mayo. Algunos meses ha habido cero fuga. "Este segundo semestre vamos con la cantidad más baja en muchísimos años", dice Ruben Villaverde, quien entró en abril al INAU y será el presidente del nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Y en el segundo semestre no ha habido fugas de delincuentes peligrosos, sino de algunos menores que están en centros abiertos o de los que hacen salidas permitidas y no vuelven.

El resultado ha sido un aumento de la sobrepoblación carcelaria. Los menores -como quedó claro en noticias recientes de rapiñas mortales en las que participaron adolescentes- siguieron delinquiendo: entre enero y octubre de este año se decretaron 421 internaciones.

Cuando estaba Uriarte como gerente, no se construían nuevos establecimientos. "Porque se pensaba que los jueces iban a internar más si había más lugar", dice en su despacho de la calle Juan Carlos Gómez el defensor de oficio Daniel Sayagués, quien defiende -entre decenas de menores- a algunos de los más "famosos" delincuentes juveniles, como "el Prandon", "el Ricky" y "el Talibán". Ellos están hoy en centros de máxima seguridad en la Colonia Berro.

"Era un prejuicio ideológico. Cuando tienen que internar, los jueces lo hacen, haya plazas o no. Después es un problema del INAU", dice Sayagués.

En 2009 se llegó al récord de fugas: hubo 1.072 en un año. Los jueces internaban cada día un promedio de 2,5 jóvenes y se fugaban cada día 2,5. Era lo que se conocía como la "puerta giratoria". Lo normal, dice Sayagués, es que se fugue el 1% o 2%. "Acá llegamos al 300%. Es un disparate". Al año siguiente, 2010, fueron unas 800 fugas.

Los escapes de esos dos años alimentaban una espiral mayor de delitos, dice Villaverde. "De hecho, en algunos de los delitos más sonados y que más impactaron en 2010 aparecen chicos que se habían fugado", apunta el jerarca.

CAMBIOS. En abril también asumió Rolando Arbesún en la gerencia del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), cuya renuncia -esta semana- sacudió la interna del INAU. Arbesún y su equipo adoptaron medidas de seguridad típicas de una cárcel, con el asesoramiento del Ministerio del Interior.

¿Y qué se hizo, en concreto, para parar las fugas? Primero, reforzar las medidas de seguridad externa en los hogares de máxima peligrosidad como el SER, Piedras y Sarandí: se construyeron vallados perimetrales dobles con esas concertinas en el espacio libre entre cada alambrado y también arriba. Así, cuesta creer que alguien pueda fugarse de allí si no es con la colaboración de funcionarios o a través de un fuerte motín.

"Hay algunos perimetrales que dan un poquito de miedo, son intimidatorios, realmente impresionan", dice Joselo López, del sindicato del INAU. "Es una cárcel". Antes había cercas más bajas con un alambre de púa tradicional arriba. "Los gurises salían al patio, cuatro o cinco se trepaban por distintos lugares para despistar y el que realmente se iba a fugar, saltaba por el fondo. Así se fugó `el Prandon`", cuenta Sayagués.

También se pusieron casetas con vigilancia externa de la Policía y se creó un destacamento policial exclusivo para la colonia (antes iban policías desde la vecina localidad de Suárez). "La verdad es que apretaron a la Policía", dice Jorge Muñoz, director del Hogar Ituzaingó.

Los traslados se hacen con mayores medidas de seguridad (con vigilancia de la Metropolitana para evitar los "rescates", como cuando se escapó "el Talibán") y se elaboró un protocolo de seguridad para eso. Ahora también se le ponen grilletes en los pies a los infractores y en los centros de mayor seguridad van esposadas hasta a las visitas. "Hubo mucha discusión sobre si les poníamos grilletes o no", cuenta Rosario Martínez, coordinadora del área de Educación. También se iniciaron sumarios e investigaciones a los funcionarios, considerados los sospechosos de siempre en el caso de las fugas. Pero hasta ahora hubo un solo sancionado.

Se estima que el gobierno gastó más de dos millones de dólares en los cambios dirigidos por el renunciante Arbesún y su equipo. Algunos creen que él es el gran responsable de la reducción de las fugas, pero en el INAU hay quienes recuerdan que él ya estaba desde antes y, de hecho, dirigía el equipo de seguridad de los centros de reclusión en 2009 y 2010, cuando se dieron los peores registros de fugas.

Las razones de su renuncia aún están en la nebulosa pero trascendió que hubo choques y discrepancias con los mandos medios. El ex gerente escribió en Twitter que "parar las fugas era un imperativo moral con la ciudadanía" y que su renuncia es "un imperativo moral" con su conciencia". También escribió: "Nunca he visto tanta canallada y mediocridad".

Muñoz, el director del hogar semi cerrado Ituzaingó, el centro en el que los menores están en mejores condiciones de toda la colonia, trabaja en la Berro desde hace 24 años y no quiere hablar sobre Arbesún. Pero aclara: "Acá hay muchos que se creen héroes, acá todos se creen Pelé. Pero se olvidan del que abre las puertas todos los días".

Raúl González, subgerente del Semeji, dice que "la cero fuga" no es responsabilidad de uno solo. "Esto es un equipo. Es como en la selección de fútbol: si no están Forlán y Suárez, ganamos igual".

Las medidas de seguridad que se tomaron en la Berro, de todos modos, parecen las naturales para centros de máxima peligrosidad. "Se aplicaron medidas obvias", dice Sayagués. "No podés trasladar como si nada a un tipo que sabés que lo van a querer rescatar". Y dice que la mayoría de las fugas, más del 90%, era de gente "que se iba caminando". Muchas veces "eran trasladados a propósito a centros abiertos para que se fugaran".

Villaverde admite que se está empezando a cambiar la cultura de que muchos menores delinquían porque sabían que fugarse era lo más simple. "Ahora ya se empieza a decir que esto no es una puerta giratoria, que hay que cumplir la medida que dispuso el juez".

Junto a Robert Alonso, futuro vicepresidente del Sirpa, Villaverde trabaja en improvisadas oficinas en la sede del INAU, mientras esperan que el Partido Nacional designe al director de la oposición en este nuevo instituto. Allí reciben a Qué Pasa.

¿Por qué no se aplicaron antes estas medidas? "Varios nos preguntamos lo mismo. Son preguntas que todos nos hacemos", dice Alonso. Pero enseguida Villaverde toma la palabra: "Se precisaban recursos. Porque algunas de estas cosas podrán parecer sencillas... Pero si no tenés recursos, es difícil".

-Entonces en el gobierno anterior no había voluntad de destinar dinero para cortar las fugas.

-Los problemas del país cambian según el momento. El gobierno anterior asumió con un país quebrado y muy pobre. Y se concentró en solucionar los grandes problemas económicos y en crear el Ministerio de Desarrollo Social. Se bajó a la mitad la gente en situación de pobreza. Hoy los problemas son otros.

-Está bien, pero parece que el INAU no era prioridad para el gobierno. La prioridad no era cortar las fugas de los menores.

-No sé, habría que preguntárselo a las autoridades del momento. Hoy estamos muy impactados por la presencia de los temas de la seguridad. Ahora se les está brindando atención.

-Hay quienes dicen que ahora la Colonia Berro ahora "parece un campo de concentración", por las medidas de seguridad.

-A veces se usan recursos metafóricos. A ninguno de nosotros nos gusta la estética actual de la colonia. Pero reconocemos que a esa situación se llegó porque hay un reclamo de la ciudadanía, que pide que paremos con las fugas.

ENCERRADOS. La otra cara del corte de las fugas es el aumento de la sobrepoblación carcelaria, en algunos casos llegando al hacinamiento, y ese es el gran debe, dicen. Se pasó de algo más de 330 reclusos a 450 internados en dos meses. Hoy la población está entre 420 y 430. Un poco más o un poco menos, todos los centros están superpoblados.

Y a eso se suma que, por orden judicial, en setiembre se clausuraron los contenedores que estaban en un predio de General Flores y Luis A. De Herrera.

Algunos de los menores que hoy están en el Hogar Ituzaingó han pasado por esos contenedores en el Hogar Puertas. "Las latas son una mugre. A veces había 25 chiquilines en un lugar con cuatro camas. Estabas con el grillete todo el día", dicen a Qué Pasa.

En algunos centros los jóvenes están 23 horas encerrados en las celdas. Villaverde dice que desde esta semana eso empezó a cambiar y que en el SER y Piedras se proyectan talleres y recreación para aumentar las horas fuera de las celdas. Y sigue latente el tema de los psicofármacos que se le da a los menores en los centros de máxima seguridad para que se calmen. "Pero no hay que obligar a nadie: ¡ellos mismos los piden!", dice Sayagués. Las autoridades dicen que eso bajó y que ya no se "plancha a los gurises".

Esa no es la versión que tienen los menores internados en el Hogar Ituzaingó, quienes -por lo que han hablado con gente que está en esos centros de máxima seguridad- allí se "empastilla" a todo el mundo", tienen que orinar y defecar "en un balde", pueden estar "días sin bañarse", y la Policía "les da palo" muy seguido. "Vemos pasar a los de la GEO y a veces se escuchan los gritos", dice un joven que vive en el Ituzaingó, el hogar que está al lado del Piedras y enfrente al SER. Las autoridades no permitieron a Qué Pasa entrar a esos hogares.

En el Ituzaingó el panorama es otro. Muchos de los jóvenes allí internados han rapiñado, participado en copamientos y homicidios, pero disfrutan de un régimen más libre. Están encerrados en su celda solo a partir de la medianoche. De día circulan libremente por el predio verde y bastante agradable (que también tiene un cerco perimetral, pero es simple y sin concertinas). Tienen sala de aparatos para hacer ejercicio, otros trabajan en un criadero de chanchos, cocinan, juegan al futbolito, hacen asados o participan en talleres.

Fernando tiene 17 años y comparte celda con Brian, Marcelo y Robert en este hogar. Todavía le queda al menos un año y medio de pena porque en abril participó de un homicidio en una casa en el barrio La Comercial. El caso salió en los diarios y en los noticieros. Una pareja de músicos vendía un órgano por internet y el muchacho fue a verlo junto a otros amigos, mayores de edad, con los que pensaba formar una banda tropical. La intención era robarlo, pero algo salió mal y mataron a la dueña de casa. "A uno se le escapó un disparo y le pegó", dice él. Todos fueron atrapados mientras huían con dos teclados.

Ahora el muchacho dedica sus horas a estudiar en el Ituzaingó y esta semana dio exámenes de Química y Física de quinto año de liceo. Dice que, cuando salga, estudiará Termodinámica o Aeronáutica en la UTU. Le gustaría reparar aviones. "Acá adentro la cabecita me cambió". Su compañero Robert dice que su padre ya le arregló un trabajo en una casa de compra y venta de motos para cuando salga. Pero Brian no sabe qué hará cuando salga: "Tengo 15... Soy chico para trabajar".

El Ituzaingó se toma como el modelo a seguir, pero hoy allí también hay sobrepoblación (al punto que transformaron un salón de informática en un cuarto con dos cuchetas de tres pisos). El hogar está pensado para 20 personas, pero tiene más de 50 internos. Llegó a tener 74.

Las autoridades dicen que el tema de la sobrepoblación cambiará en 2012. Pero la verdad es que cuando empezó la actual administración no se pensaban construir más plazas: en el Presupuesto de 2010 no hubo previsión. En la Rendición de Cuentas de este año, en cambio, se asignaron 15 millones de dólares para construir un mega establecimiento. También entrarán 700 nuevos funcionarios.

Mientras proyectan cambios, se vienen las fiestas. Es la época más complicada del año para la seguridad de los centros. Siempre hay fugas y motines. Y la reforzada Colonia Berro se pondrá a prueba.

Hay muchos menores que cometen rapiñas y no son internados. Deben realizar medidas alternativas a la prisión, con libertad asistida o vigilada. Los jueces se guían por el Código de la Niñez, que dice que la privación de libertad debe ser el último recurso y debe durar el menor tiempo posible. "Los criterios son benignos y no duros, según las normas", dice el defensor Daniel Sayagués. En los hechos, cuando el joven es primario y, aunque la rapiña haya sido a mano armada, el menor habitualmente no es internado. Sí es recluido cuando es reincidente o cuando la rapiña es con mucha violencia o lesionados. El máximo permitido de sanción es cinco años, pero rara vez se llega a ese lapso. El juez Gerardo Peduzzi niega que no se procese gente porque "las cárceles están llenas".

meses de internación es la pena promedio para la rapiña en Montevideo. En el interior, 20 meses.

meses es la sanción para un homicidio en Montevideo, aunque varía según el caso.

internaciones de menores se decretaron desde enero a octubre de 2011, según publicó El País.

casos de medidas socio educativas (sin reclusión) se decidieron en el mismo período de 2011.

El gobierno destinará 15 millones de dólares para construir un gran establecimiento del INAU en un predio militar en 2012. Allí habrá entre 240 y 300 plazas, complementarias a las de la Colonia Berro. La "filosofía" del centro será de máxima seguridad por fuera y un amplio espacio interior donde se buscará la participación de los menores en talleres y actividades educativas. Antes de eso, entre marzo y abril, se prevé inaugurar un centro de "derivación y diagnóstico" con 115 nuevas plazas, para lo cual ya se hizo un llamado y se presentaron varias empresas. Uno de los elementos que califica es "la estética" que se brindará al lugar, para que no haya vallados altos ni concertinas.