SALUD MENTAL

Con la puerta cerrada del Vilardebó: ¿A dónde van esos pacientes?

El cierre temporal del Hospital expone la falta de recursos en salud mental en los hospitales generales de ASSE. En este contexto, aparece el reclamo de avanzar en el cierre del psiquiátrico.

Foto: Gerardo Pérez
Foto: Gerardo Pérez

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El Hospital Vilardebó está en cuarentena hace más de un mes. Desde aquel 6 de abril en el que se constató el brote de Covid en la institución hubo cambios en la dirección, se prohibieron los ingresos y egresos de pacientes, hubo estudios científicos sobre la cepa del virus, se cerró también la puerta de emergencia. El brote está controlado, aseguran las autoridades de ASSE y la comisión interna. Leonardo Cipriani, director de ASSE, anunció el jueves una nueva tanda de hisopados para la semana que viene. El hospital no es ajeno a esa sensación de control en el país modelo de la nueva normalidad. Al menos desde afuera.

Pero el brote de Covid y sus consecuencias arrojaron luz sobre las carencias de un sistema que parece estar siempre al borde del colapso. Cuando se constataron los casos de coronavirus, el Vilardebó albergaba a casi 300 pacientes. Más de 50 personas acudían a diario a la puerta de emergencia, y en promedio se internaban seis, estima el psiquiatra Ángel Valmaggia, presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental.

Pero ahora, con la puerta cerrada, ¿a dónde van los pacientes agudos?

Según supo El País, ASSE elaboró un protocolo de contingencia donde especificaban a qué hospitales derivar a los pacientes psiquiátricos que necesitaran atención de urgencia ante el cierre temporal del Vilardebó. Las puertas donde se repartió el mayor flujo de pacientes fueron las del Maciel y Pasteur, que en total suman 17 camas destinadas a salud mental.

De estos dos hospitales, el único que cuenta con guardia de psiquiatría de 24 horas es el Pasteur. Es el único hospital público que brinda ese servicio además del Vilardebó. La guardia la realiza un solo médico, que cuenta con el apoyo de un residente de psiquiatría.

Federico Martiarena, director de la institución, señala que en épocas habituales las nueve camas destinadas a salud mental del hospital tienen una ocupación del 80%. Desde el cierre del Vilardebó, la ocupación es del 100% y es continua. Pero además, han tenido que destinarse camas de otros sectores para la internación de pacientes con dolencias psiquiátricas.

El jerarca estima que el 70% de las consultas de urgencia que recibía el Vilardebó han sido derivadas a la puerta del Pasteur. “Estamos con camas ocupadas por pacientes de salud mental en áreas ocupadas con otras patologías médicas o quirúrgicas. Eso ha llevado a que la dinámica del hospital se viera resentida. Hay mucho trabajo y complicaciones vinculadas a la solución de estos pacientes”, señala.

Una autoridad de ASSE reconoce que el cierre de la emergencia del Vilardebó hizo que el sistema se tensionara, pero que se han tomado medidas al respecto. Por ejemplo, “reforzar la puerta del Hospital Pasteur con los psiquiatras de la emergencia del Vilardebó”.

Por su parte, Martiarena comenta que en una oportunidad fue un psiquiatra del Vilardebó “a dar una mano”, y de esa manera se resolvieron algunas consultas. Aunque todavía no califica la situación como una “saturación”, plantea que si tuviera la posibilidad de planificar, agregaría “algún recurso humano más” para afrontar adecuadamente la demanda incesante que empezó a recibir el hospital desde hace un mes. “Estamos esperando que rápidamente se resuelva la apertura (del Vilardebó)”, zanja el director.

Por otro lado está el Hospital Maciel, que cuenta con 8 camas destinadas a salud mental. Por lo general, estas camas se cubren con intentos de autoeliminación. Allí hay un psiquiatra que se retira en la tarde, por lo que no hay personal para atender eventuales urgencias en los turnos de la noche y la madrugada.

En el Saint Bois la salud mental sigue gestionándose únicamente a través de las consultas en las policlínicas. Desde la dirección comentan que no pueden internar a los psiquiátricos agudos porque “no hay infraestructura ni personal para manejar pacientes descompensados”.

Foto: Gerardo Pérez
Psiquiatras y Comisión de Contralor reclaman por egresos tardíos de pacientes que ya tenían alta médica. Foto: Gerardo Pérez.

Doble conflicto.

La puerta cerrada repercute también en los procesos judiciales. Roberta Licciardi, jueza de Familia Especializada, comenta que los juzgados se han enfrentado a dificultades cuando evalúan que una de las partes debe ser valorada por un psiquiatra de manera urgente.

La jueza explica dos situaciones en las que normalmente recurrirían a la emergencia del hospital psiquiátrico. Primero, cuando los jueces reciben una noticia telefónica en la que advierten que una persona “no está bien de salud mental”. En esos casos, si el prestador de salud es ASSE, se deriva a la persona al la puerta de emergencia del Vilardebó para que se le realice una valoración y eventual internación involuntaria, según lo que resuelva el médico.

“Antes de convocarlo a una audiencia, lo primero es la atención en salud. Lo primero que le decimos a la Policía es que lo lleven a la puerta del Vilardebó. Es el decreto tipo de una situación así”, señala la magistrada. La otra situación donde se necesita al hospital psiquiátrico puede darse durante una audiencia, por ejemplo. Así lo explica Licciardi:

“Muchas veces se nos plantean situaciones de violencia doméstica y de género donde hay un problema de salud mental en la parte denunciada. En ese caso, aplicamos las dos leyes: la de violencia basada en género —o doméstica si la víctima no es mujer—, y a su vez, con una pericia previa, internamos a la persona contra su voluntad al amparo de la ley de salud mental”.

Esas pericias también se hacen en el hospital Vilardebó si el prestador de salud de la parte implicada es ASSE. Entonces, frente a estos dos escenarios, el de valoración y el de pericia, el hospital cumple un rol insustituible.

Según cuenta Licciardi, cuando se decretó el cierre del Vilardebó, ASSE encomendó que las valoraciones se realizaran en los hospitales generales y que las pericias las hiciera el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. De esa manera, se evitaría la saturación.

Pero empezaron a presentarse dificultades. “A veces no hay psiquiatras”, cuenta la jueza, que durante su turno se encontró con falta de personal en los hospitales donde hizo derivaciones.

Si existe una red de contención para la persona implicada, la Policía puede prestar garantías para que esta valoración se postergue, explica Licciardi. “Pero la situación puede ser delicada si necesitamos valoración urgente y no tenemos en el hospital general un psiquiatra. Ahí un médico va a tener que aparecer o lo va a tener que valorar un médico de emergencia cualquiera”, advierte la jueza.

La mayoría de las veces en las que estos juzgados necesitan el hospital es en casos graves de violencia doméstica, donde se advierte esquizofrenia, psicosis o problemas de consumo de drogas. Esto último es lo que los jueces ven con más frecuencia.

Pero más allá del aspecto clínico y legal, el paciente psiquiátrico agudo que ingresa a un hospital con orden judicial complejiza aún más la situación, porque “no hay con quién establecer una red de contención, no hay una familia”, señala una fuente de ASSE consultada para este informe. Allí radica en mayor medida el riesgo de saturación de los hospitales: en los pacientes que están solos.

Una ley postergada.

El atravesamiento del consumo de drogas en los problemas de salud mental, la falta de redes de contención y la internación en hospitales generales son cuestiones abordadas plenamente en la ley de salud mental, aprobada ya hace más de dos años. Una vez más, la crisis del Covid desnuda lo que siempre estuvo ahí pero nunca fue urgente. Con el cierre temporal del Vilardebó se alzaron voces que, además de reclamar por el riesgo del colapso del sistema, ven una oportunidad única para aplicar de una vez por todas la Ley 19.529, que entre sus cometidos tiene la internación de pacientes psiquiátricos en hospitales generales.

Así lo ven la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que piden destinar más recursos a los hospitales generales para que la atención de las personas con trastornos mentales deje de ser competencia exclusiva del Vilardebó.

“En el interior se internan en hospitales generales, no hay psiquiátricos. En ese sentido se podría generar lo mismo acá: aumentar plazas. El Hospital de Clínicas también debería tener camas para atender pacientes con enfermedades mentales”, señala Valmaggia. “Me parece que es un momento para buscar soluciones distintas a las soluciones conocidas”, agrega entusiasmado.

Además, el psiquiatra cita el artículo 11 de la ley, reglamentado a fines el año pasado. Allí se habla de la intersectorialidad de los distintos ministerios y las instituciones públicas, que deberían interactuar para impedir internaciones prolongadas. “El tema principal de la salud mental es que están muy mezcladas la pobreza, la ausencia de familia”, señala.

En ese sentido, advierte que el Hospital Vilardebó cubre servicios que deben ser dados por otros organismos del Estado. “No es la salud pública la que se los tiene que dar. Personas en situación de calle, personas que están solas. En la ley está específicamente previsto que se debe internar solo por enfermedad mental en los hospitales psiquiátricos”, dice. Y que estos hospitales “no deben ser para cubrir las carencias de domicilio, sino para tratar solamente la enfermedad en el periodo que dura la misma”, agrega.

En cuanto a esta situación particular del Hospital Vilardebó, Valmaggia advierte que hubo una omisión de la ley respecto a internaciones que se prolongaron más de lo necesario.

Esa fue una de las reivindicaciones planteadas por psiquiatras del hospital a la nueva dirección, encabezada por Federico Sacchi, según informó Búsqueda el 29 de abril. En concreto, había pacientes con el alta médica que no podían egresar por orden de las autoridades. “Es clarísimo que el alta la otorga el medico tratante. Hay un tema en discusión, hay opiniones distintas, pero es clarísimo que la ley marca que la otorga el médico”, dice Valmaggia.

Si bien se concretaron algunos egresos, el psiquiatra advierte que hay pacientes que aún hoy no han salido de la institución pese a tener el alta médica firmada. Adjudica esta situación al “temor (de la dirección) de que exista posible contagio o de la poca posibilidad que puedan tener para hacer cuarentena”, dice. No obstante, señala que hay casos en los que estos pacientes “tienen familia y tienen residencia, y la familia se encargaría de los cuidados”, pero siguen sin darse los egresos. Para Valmaggia, esto “no es solamente una omisión, porque en un hospital general, cuando al paciente le dan el alta, se va”, dice.

Referido a este tema, El País intentó contactarse con las autoridades del hospital, pero desde ASSE optaron por no dar declaraciones.

Un horizonte.

“¿Qué hay que abrir para que otra cosa cierre”, se pregunta Josefina Plá, directora de la Inddhh e integrante de la Comisión Asesora en Salud Mental, en referencia al cierre definitivo de colonias y psiquiátricos. Y se responde: “Hay experiencias lindas. El lavadero del Vilardebó, por ejemplo. Durante la pandemia, todo ese grupo que lo gestiona tuvo que poner un turno más para hacerse cargo de las mayores condiciones de higiene que requiere el hospital”, cuenta, según constató en una visita previa a que se desatara el brote.

En las colonias, cuyo cierre está previsto para 2025 según estipula la ley, “se están haciendo cosas”, dice Plá. Cuenta que días antes de la emergencia sanitaria visitó las colonias Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, hoy llamadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Social (Ceremos). “Estuve toda la tarde festejando carnaval. Hubo desfile, disfraces, esas cosas son movidas que valen”, dice.

De alguna manera, esto le da una pauta: “Lo que importa son esas pequeñas historias que van cambiando el relacionamiento de unos y otros y el esfuerzo de ver al otro como un sujeto que tiene derecho a la vida”, dice.

Sobre el objetivo de cerrarlas, Plá se opone a decir que ahora no es viable. Valmaggia pone ejemplos: las casas de medio camino que se abrieron en San Carlos (Maldonado) y en Casavalle, donde los pacientes con patologías psiquiátricas están integrados a la comunidad. Pero la comisión sabe de los centenares de casas irregulares. “La falta de habilitación es una constante. Es muy difícil poder lograr el cierre”, señalan. Igual, son optimistas: “No se parte de cero”, dice Valmaggia. “Hay experiencias que muestran que las personas con enfermedades mentales pueden vivir en comunidad”, asegura.

Casas de medio camino: un negocio difícil de controlar

ASSE define las casas de medio camino como “estructuras sanitarias de atención integral, con equipo técnico las 24 horas, con un enfoque de recuperación, de mediana estadía, que se ubican en la trayectoria asistencial en un lugar intermedio entre la hospitalización y la residencia en la comunidad”. En otras palabras: el escenario de convivencia ideal, el que promueve la ley de salud mental y la Organización Mundial de la Salud, la herramienta necesaria para erradicar los manicomios. Pero nunca nada es tan ideal. En Santa Lucía e Ituzaingó, dos localidades linderas a las colonias psiquiátricas, las casas de medio camino se volvieron negocios familiares. No son novedad: algunas funcionan hace más de 40 años y son atendidos por funcionarios de las colonias. “Los psiquiátricos crónicos que ya no pueden ir a las colonias, si llegan a tener 9 mil pesos, van a estas casas clandestinas”, revela un exfuncionario del Ministerio de Salud Pública. Uno de los cometidos de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental es inspeccionar estos lugares y elaborar informes que luego elevan al MSP. Su presidente, Ángel Valmaggia, destaca casos de éxito de casas de medio camino, pero no ignora el enorme volumen de establecimientos sin habilitación. Sin dejar de destacar la labor de la comisión, admite que todavía no hay datos concretos de casas que alojan personas con trastornos psiquiátricos, como sí se tiene, en la órbita del Mides, el número de casas que alojan a personas mayores.

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