A los 18 años, alguien le preguntó a Belén qué quería hacer con su vida. Ella no supo qué contestar. Hasta entonces, las decisiones siempre las habían tomado otros: qué estudiar, a quién podía ver, cuándo podía salir. La pregunta era tan nueva que respondió con otra:
—¿Puedo elegir?
Belén Campelo nació y creció en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) para personas con discapacidad intelectual o motriz, aunque ella no tenía ninguna. Su madre, que sufría un trastorno bipolar, vivía ahí cuando quedó embarazada y permaneció con ella hasta que cumplió cinco años. Después se fue. Belén se quedó.
El INAU se encargó de que Belén tuviera una cama, comida y adultos que la cuidaran. Había horarios, permisos y rutinas. A los 18, esa estructura se terminó. Debía dejar el hogar sin saber tomar sola un ómnibus, manejar dinero o explicar en un consultorio qué le dolía. El sistema que la había cuidado durante toda su vida no le había enseñado a vivir sin él.
"Un hogar del INAU que era una casa gigante"
El primer hogar estatal que recuerda Belén era “una casa gigante” en Tres Cruces, donde vivía con su madre y otros jóvenes con discapacidad. Todo era compartido y tenía reglas: en el comedor “larguísimo” nadie empezaba a comer hasta que el último se sentara y, si no le gustaba el menú, “o comías eso, o no comías nada hasta la merienda”. También compartían cuarto y placard. La ropa comprada o donada circulaba entre los chicos y a veces había que reclamar: “Esto es mío, esto es mío”. Los funcionarios que los cuidaban también circulaban y, por eso, no había que encariñarse demasiado: trabajaban por turnos y las licencias traían caras nuevas. “Viene a cubrir a tal persona”, le explicaban.
La de Belén es una entre miles de historias que transcurren dentro del sistema de protección del Estado, tanto en hogares públicos como tercerizados, ahora llamados Centros de Acogimiento de Fortalecimiento Familiar (CAFF). Uruguay tiene la tercera tasa más alta de institucionalización de la región, según Unicef. A fines de 2025, 3.200 niñas, niños y adolescentes vivían en centros de cuidado 24 horas dependientes del INAU.
Belén se acostumbró a todo, incluso al ruido en una “casa con 800 mil personas”. Recuerda especialmente a una compañera que gritaba y peleaba todo el tiempo y que, dice, la volvía loca. No eran episodios aislados: formaban parte de la vida cotidiana del hogar.
Cuando era chica, un especialista la evaluó y confirmó que no tenía ninguna discapacidad. Podía, dice ella, “hacer todo normal”. Aun así, creció entre niños y adolescentes que sí tenían discapacidades. Para ella armaron una rutina especial: iba a la escuela pública, hacía deporte y le exigían mucho más que al resto. Belén cree que esa exigencia fue, en buena medida, lo que la salvó.
A los cinco años, su madre se fue con una pareja y pidió que ella permaneciera allí porque confiaba en la directora y la coordinadora. “En ese momento tenía cinco años, no me puse a pensar: ¿por qué me quedo acá?”, dice. La pregunta llegó muchos años después: “¿Por qué me quedé en el hogar si hay otros hogares que no tienen gurises con discapacidad y yo perfectamente me pude haber ido?”.
Las razones por las que un niño llega a vivir bajo la protección del Estado son diversas. Según el Estudio de población del Sistema de Protección 24 horas de INAU y Unicef de 2020, la mitad de la población relevada había sido separada de su familia por situaciones de abuso o violencia. Uno de cada cinco tenía entre sus motivos de ingreso las dificultades económicas de la familia. También aparecían problemas de los adultos a cargo —como adicciones, enfermedades o discapacidad— y situaciones de abandono o calle.
De niña, para Belén aquel lugar era simplemente el suyo. “Era mi casa, eran mi familia, por así decirlo”. Lo que siguió fueron visitas de su madre, acordadas por la psicóloga y la asistente social. Belén recuerda la imagen de la puerta. Cada vez que se abría, se acercaba a mirar: “Vos ibas bien ilusionada, y cuando veías que no estaba, te desilusionabas, y tenías que seguir con tu rutina”.
Una alianza con El País para priorizar las historias
Periplo es un proyecto de periodismo audiovisual impulsado por Juan Paullier y Elisa Lieber. La propuesta es cederle el protagonismo a los personajes detrás de los titulares, humanizando así situaciones perdidas entre las estadísticas. Periplo reveló la historia de Agustina, una joven embarazada que solía vivir en la calle. Contó la vida de una familia en un asentamiento durante un invierno. Expuso la crueldad de la violencia a través del asesinato de una niña por una bala perdida. Exploró la deserción estudiantil adolescente. En alianza con El País, difundió este año la historia de Yanina, una mujer que esperaba la libertad tras haber intentado ingresar drogas a una cárcel.
También la historia de Horacio y sus mil estrategias para sobrevivir con un salario fijo de 25.000 pesos. Hoy es el turno de Belén: aquí la crónica. El video se puede ver en web y redes.
La familia que apareció
Belén tenía 13 años cuando se enteró de que su madre tenía cáncer. Un año después, estaba en el liceo, en medio del recreo, cuando la llamó la adscripta. Mientras bajaba, vio estacionada la camioneta del hogar. “¿Qué hacía ahí?”, se preguntó. En la sala estaba la coordinadora. Le dijeron que su madre había muerto unas horas antes y que el entierro sería al día siguiente. “Ahí fue cuando me quedé petrificada”, cuenta. Lloró tanto que le costaba respirar. Al día siguiente fue al entierro. Años después se tatuó el nombre de su madre en el brazo.
“Yo sabía que éramos mamá y yo, desde que tengo memoria”, dice. Pero en esa época aparecieron unos tíos que querían conocerla. También aparecieron su abuela y un hermano. Descubrir que tenía más familia fue, en sus palabras, un shock. Belén se puso feliz, pero no entendía por qué no supo de ellos antes.
Tener familia y vivir en un hogar del INAU no son situaciones excepcionales. Según el estudio del INAU y Unicef de 2020, el 86% de los niños y adolescentes mantenía contacto con su familia de origen y solo el 9% tenía declarada la condición de adoptabilidad. Los especialistas del organismo señalan que, en muchos casos, la separación podría haberse evitado si las familias —de origen, amigas o de acogida— hubiesen contado con más apoyo y asesoramiento.
Dentro de una vida organizada por funcionarios y familiares que iban y venían, algunas personas permanecieron. Una de ellas fue Lourdes, una joven con una discapacidad leve que también vivía en el hogar y que tuvo allí a su hijo. Lourdes se convirtió, con los años, en una especie de tía para Belén.
Otra presencia fundamental fue la coordinadora. Cuando Belén era chica, a ella y al hijo de Lourdes les propusieron elegir entre las trabajadoras del hogar a alguien que cumpliera el rol de una abuela. Él eligió a la directora; Belén, a la coordinadora. Todavía hoy la visita, comparte tiempo con su familia y la consulta cuando algo la desborda. Hace poco fue por un recibo del BPS que no entendía. De chica, lo más importante eran “los abrazos de oso que le daba cada vez que los pedía”.
También quedó una compañera de la escuela, a la que Belén sigue considerando su mejor amiga. Se visitaban, y algunas veces podía dormir en su casa, algo poco frecuente para alguien del hogar, que necesitaba que la psicóloga y la asistente social conocieran antes esa casa y a esa familia.
De los recuerdos lindos guarda los campamentos en Raigón, San José, y hasta una guitarra de utilería que le armó una funcionaria, con cartón y papel celofán, para un acto escolar de rock and roll. “Amor siempre había”, dice con una sonrisa.
A los 14, Belén fue trasladada a un hogar de autonomía, otra casa del mismo centro de protección, pero esta vez en el barrio Cordón. Ahí vivían cuatro chicos, en “una casa común y corriente, donde se dividían las tareas”. La responsable no era una funcionaria del INAU, sino la mayor de las cuatro, su “tía” Lourdes, quien administraba el dinero: hasta mil pesos para la compra semanal en la feria de la esquina.
Del resto de la ciudad conocían poco: “Literalmente lo único que sabíamos era de la escuela a casa y de casa al club”, resume Belén. “Yo iba al médico con una persona que decía todo por mí”, cuenta. “Me sentía mal, me pasaba esto, me pasaba aquello, la enfermera del INAU lo decía todo. Yo no hacía nada”.
Salir tenía sus reglas. Un cumpleaños había que avisarlo con tiempo; un plan con amigas del liceo, también. Una vez la invitaron a un baile y en el hogar le dijeron que no podía ir porque no tenía la ropa adecuada; se lo contó a una compañera del liceo, que pensaba ir con “un jean y unos zapatos nomás”. Tener novio implicaba que la psicóloga, la asistente social y la directora fueran primero a conocer la casa del chico: “Todo un trámite era”, resume. Y de noche, directamente, no se salía; “a las siete ya está todo cerrado, a las ocho estás comiendo”.
A los 17, Belén entendió que le quedaba apenas un año dentro del hogar. Sabía que existía la posibilidad de una prórroga —unos meses más, si hacía falta, para conseguir dónde vivir— pero eso no alcanzó para calmar la pregunta que empezó a hacerse todos los días: “Tengo que irme a los 18, ¿qué carajo hago? ¿Cómo hago esto, cómo hago lo otro?”.
La salida del INAU cuando cumplió 18 años
A los 18, Belén dejó el hogar. Sin embargo, apareció una oportunidad que solo uno de cada tres jóvenes que salen del sistema tiene: accedió a un programa de transición. En el caso de Belén fue APAP, el Programa de Autonomía y Proyecto Acotado, que la acompañó durante tres años.
Le pagaron una residencia estudiantil y le entregaban, cada mes, la constancia, “para que vos veas, mirá, por tu alquiler pagamos esto”. Cada viernes recibía además una beca de 1.500 pesos que debía estirar para la compra de toda la semana. Lo más importante, sin embargo, no era el dinero: era que seguía habiendo adultos a quienes consultar, pero ya no para que resolvieran las cosas en su lugar, sino para que se las enseñaran.
En una de sus primeras compras tuvo que elegir una botella de aceite: distintas marcas, tamaños, precios. “No sabía”, recuerda, “entonces ellos me dijeron: ¿no te parece llevar esto, tal vez esto?”. Al principio agarraba lo primero que encontraba, hasta que entendió que la plata no le iba a alcanzar así. También tuvo que aprender a moverse sola: una de las primeras veces que tomó un ómnibus se perdió y terminó en Ciudad Vieja, sin tener idea de cómo volver.
En el hogar ya habían decidido su futuro: estudiaría Turismo en UTU, “para que pudiera tener un trabajo garantizado”. En APAP le hicieron una pregunta distinta: qué quería hacer ella. Podía ir a la facultad, elegir otro curso de UTU, probar otra cosa. Mientras estudiaba Turismo había descubierto que le gustaba diseñar ropa. Eligió Diseño Industrial y Textil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Dice que fue la primera decisión importante que tomó sobre su propia vida
APAP funcionó como un puente hacia la vida autónoma durante tres años. A los 21, cuando egresó, ya no había otra institución esperando del otro lado. Belén recuerda ese momento como un segundo desprendimiento. “Fue como otro abandono. Estabas acostumbrada a tener ese sostén y, de repente, ese sostén también se fue”, recuerda.
Por entonces Belén recibió su peculio: unos 250.000 pesos que se habían ido acumulando a su nombre desde que tenía cinco años, provenientes de prestaciones sociales que el INAU administraba mientras ella vivía bajo su cuidado. Recibió el dinero de una sola vez. Nunca había administrado una suma parecida.
Consiguió un trabajo zafral en Burger King, pero cuando terminó el contrato la plata empezó a acabarse. La residencia costaba 13.000 pesos al mes que ya no podía pagar. “Voy a terminar en un refugio del Mides o en la calle”, pensó, antes de decidirse a llamar a una de las tías “nuevas”, para pedirle si podía quedarse un tiempo en su casa. La tía dijo que sí. Entre agosto y diciembre de 2025, Belén vivió ahí y mandó currículums sin parar.
Belén conoce, de primera mano, cómo termina esa historia cuando sale mal: un compañero del hogar se fue antes de tiempo, a los 17, escapado, sin ningún acompañamiento. Terminó en las drogas y en la calle. “Si uno no se da cuenta, sigue por ese camino”, dice.
Una casa en silencio
A veces, cuando Belén cuenta que creció en un hogar del INAU, la gente se sorprende. “¿Cómo es? ¿Cómo fue esto? Te hacen muchas preguntas como si fuese algo de otro mundo. Les sorprende también que yo haya salido del INAU y que esté estudiando y todo eso”. También conoce el prejuicio que asocia a los jóvenes del INAU con haber cometido un delito. Dice que las noticias generan una gran confusión. “No robamos nada, no cometimos ninguna falta. Somos gurises que no podemos ser cuidados por nuestros familiares y por eso estamos bajo la tutela del Estado. Nada más”, insiste.
Crecer bajo la protección del Estado tampoco garantiza estar protegido de todo. Un informe publicado en 2025 por la Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir del monitoreo de hogares del INAU en distintas regiones del país, encontró centros con capacidad sobrepasada y personal insuficiente. Registró situaciones de “malos tratos, y violencia física y psicológica”, demoras de meses para acceder a especialistas, sobre todo en salud mental, y dificultades para sostener las trayectorias educativas.
En la historia de Belén hubo dificultades, pero también personas que se quedaron y oportunidades que no todos encuentran. Con todo eso, fue haciendo un camino propio.
Ahora, tiene 22 años. Estudia, trabaja y vive sola. Después de mucho buscar y hacer cuentas, pudo alquilar un monoambiente en Paso Carrasco. Es un cuarto construido al costado de otra casa, con una reja que se cierra con candado. Las paredes y el piso están sin revestir y la humedad se cuela por distintos lados; algunas vigas de madera se han desprendido y el techo de chapa, cuando llueve mucho, deja pasar el agua. Hay una cama y poco más.
El día empieza a las seis de la mañana. Se levanta, se apronta, deja comida y agua para la gata. A las siete toma un ómnibus, hace un transbordo y llega a la facultad para las clases de las nueve. De ahí va directo a su trabajo (hace poco cambió de McDonald’s a Playland), donde trabaja hasta la noche. Cuando vuelve todavía estudia un rato. Después cena. Algunos domingos suma otro ingreso. Arma una mesa con un amigo en la Femiferia y venden ropa de segunda mano, pines y fotocards de K-pop que diseñan ellos mismos.
Una vez por semana participa en los encuentros de la Red de Egresados y Egresadas del Uruguay. Allí se reúne con otros jóvenes que pasaron por hogares del INAU y trabajan para mejorar las condiciones de quienes vienen detrás (ver recuadro más abajo).
En el monoambiente, una de las cosas que más disfruta es el silencio. Durante años vivió rodeada de gente, de voces, de puertas que se abrían y cerraban. Ahora puede pasar horas sin escuchar a nadie. “El silencio es lo más lindo que hay”, dice. “Te baja los decibeles”.
Y le da tranquilidad para decidir cuándo tomar mate, cuándo estudiar, cuándo salir.
Vivir en una residencia del Estado, "último recurso"
El INAU implementó este año un programa para derivar directamente a una familia de acogida a los menores de tres años que ingresan al sistema por resolución judicial. “Vamos por la erradicación de la internación de 0 a 3”, dice a El País la presidenta del INAU, Claudia Romero, “para después lograr la desinternación de todos los niños, niñas y adolescentes, en la medida de lo posible, sabiendo que vivir en una residencia del Estado debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible”.
El plan alcanza a unos 300 niños hoy internados en esa franja de edad.
El instituto también cerró centros de protección con denuncias graves —el más resonante, el ex Hogar Tribal, clausurado en mayo tras un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que documentó “situaciones reiteradas de vulneración de derechos”— y está instalando cuatro nuevos dispositivos.
Además, trabaja en fortalecer las capacidades de los jóvenes para salir del sistema, uno de los reclamos de la Red de Egresados y Egresadas del Uruguay. Cada año egresan del sistema unos 400 jóvenes, pero solo 150 acceden a algún programa de transición. “Te protege, pero también te vulnera”, dice Angélica Freire, una integrante de la red.
Karina Piedrahita, directora de la División de Promoción Ciudadana y Egreso del INAU, dice que el trabajo debe empezar mucho antes de los 18 años: al llegar a la mayoría de edad, los jóvenes pueden pedir una prórroga o decidir si siguen vinculados al sistema. “A quienes quieren apoyo para lograr la autonomía tras su egreso, hay que darles una respuesta”, dice.
El INAU tiene un convenio con dos programas de trabajo y acompañamiento al egreso autónomo y gestiona de forma directa un tercero.
Los tres apuntan a fortalecer a los jóvenes brindando apoyo, vivienda, estudio y trabajo, pero comparten los mismos límites: pocos cupos y concentración en Montevideo.
El equipo de Piedrahita recorre el país y busca extender a más jóvenes una prestación económica, hoy limitada a quienes egresan de hogares tercerizados.