Junta de papeles

César Bianchi

La oficina conocida como Junta Anticorrupción no fue consultada en el famoso Caso Bengoa que derivó en el procesamiento del ex director de casinos municipales (2000-05) y cuatro funcionarios más por concusión, fraude y conjunción del interés público con el privado. Los miembros de la Junta Anticorrupción tampoco se pronunciaron en el sonado caso de la sobrefacturación de horas de trabajo de la empresa de limpieza Clanider S.A. con el hospital Maciel. Ni siquiera los llamaron.

Lo que sucede es que esta unidad ejecutora con alias de adalid justiciera del Estado tiene, en realidad, facultades más limitadas que las que sugiere su apodo. Su principal cometido es asesorar a la Justicia penal o ministerio público si éstos lo solicitan y guardar bajo llave miles de declaraciones juradas de funcionarios públicos obligados a presentarlas. No pueden investigar ningún caso de eventual corrupción, no pueden abrir los sobres ni revisar las declaraciones juradas que archivan celosos.

Y tampoco se llama Junta Anticorrupción. Primero se llamó Junta Asesora en Materia Económico Financiera y desde este año fue bautizada Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Por su verdadero nombre no la conoce nadie. Cuando alguno de sus tres miembros quieren hacerse respetar del otro lado del teléfono dicen que llaman de la Junta Anticorrupción y enseguida consiguen un poco de atención.

De poco les sirve.

ESTÁ PARA PREVENIR. El presidenciable blanco Luis Alberto Lacalle dijo el 16 de setiembre en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que en caso de ganar, le daría la mayoría de integrantes de la Junta Anticorrupción al Frente Amplio "para que se sepa del contralor. Aquí nadie les tiene temor a los controles que puedan haber en materia de la conducción del gobierno", dijo.

Pero más allá de la intención del candidato de dejarse auditar de esa forma por la oposición, escaso peso en el control podría tener una Junta Anticorrupción con mayoría frentista. Es una cuestión de cometidos. Si bien en la concepción inicial del entonces presidente Julio Sanguinetti la Junta pretendía ser una oficina que investigara casos de corrupción, una larga discusión parlamentaria derivó en una junta que asesora a la Justicia si ésta lo necesita.

El segundo cometido es asesorar a la administración central cuando se les solicita opinión ante una posible falta de conducta de algún funcionario público. Y el tercero es la guardia de las declaraciones públicas de 11.500 funcionarios públicos obligados a presentarlas (hoy son aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, en cargos políticos que manejan fondos, tanto en la administración pública estatal como en la no estatal).

Dando cumplimiento a la ley 17.060 la Junta se encarga de controlar que sean entregadas en tiempo aunque no pueden cuestionar la forma. Según el presidente de la Jutep, el ex intendente Adolfo Pérez Piera, aunque pudieran, no cuentan con los recursos para comprobar que lo dicho sea cierto. Habría que levantar secretos bancarios y salir a inspeccionar si la persona tiene más bienes que no declaró.

Hoy el organismo tiene un presupuesto anual de 500.000 de dólares, el 0,5% de lo que dispone el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de quien dependen administrativamente. La Junta, de todos modos, es un órgano público con independencia técnica.

Las declaraciones juradas sólo se pueden abrir cuando lo solicita la Justicia penal, una comisión investigadora del Parlamento o cuando lo pide el propio funcionario que la redactó. La Junta -que no actúa de oficio- sí puede abrirlas cuando otro funcionario público denuncia una irregularidad de un colega, pero es una rareza que nunca ha sucedido.

Sin iniciativa en materia de investigación, su principal función es preventiva, dice Pérez Piera en su despacho. "La Junta toma en cuenta lo que surge del expediente, de las actuaciones administrativas y las actuaciones a nivel judicial, y si el juez o el fiscal nos solicita una opinión, se la damos. Pero es reservada".

Pasó, por ejemplo, cuando la Justicia se puso a estudiar el caso del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, acusado de irregularidades por el nacionalista Julio Lara. Nin no incluyó un emprendimiento rural familiar en la declaración jurada que presentó en 2007. La fiscal Mónica Ferrero (sucedida por Luis Bajac) le pidió una opinión a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Los tres miembros se reunieron y luego le hicieron saber su parecer a la fiscalía. "No se puede divulgar", agregó Pérez Piera.

La Junta, de todos modos, no puede sentenciar ni incriminar a nadie. Apenas opina, cuando se la consulta.

Actualmente sus miembros están en la etapa final de la redacción de un proyecto de ley que retoma muchas inquietudes de la Junta anterior (que funcionó de 2000 a febrero de 2006), y algunas surgidas de su propia experiencia, ya planteadas en el seno de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Washington.

"Sería buena cosa que tuviéramos más potestades de contralor en cuanto a las declaraciones juradas. Estamos pensando en una alternativa para darles mayor publicidad, no necesariamente hacerlas públicas. Pero no puedo decir más", se excusó Pérez Piera, alegando que aún no está terminado el texto que se elevará desde el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Así y todo, el jerarca no cree que tal cual está concebida la Jutep hoy pueda ponerse a investigar posibles casos de corrupción. "No dispone de personal y está inserta en una estructura jerarquizada. Sería más propio de una fiscalía de investigaciones en corrupción. Si se aprueban las modificaciones al Código Penal, ya se estudian fiscalías especializadas con capacidades de investigación. Pues, ésta sería una de ellas".

Pérez Piera justificó el cambio de nombre que se impulsó en enero:

-No fue porque no nos gustara que nos dijeran Junta Anticorrupción. Es que creemos que tiene más facultades preventivas, de bregar por la transparencia y propiciar normativas de conducta para los funcionarios públicos.

-¿Dónde se ve la prevención?

-Todo el sistema de las declaraciones juradas es un paquete de medidas preventivas.

-Se refiere a ultimarlos a que las presenten. Pero un funcionario puede mentir en su declaración y ustedes no lo sabrán.

-Usted puede mentir y no tener problemas, pero si un día hay un lío, se abre. Siempre está latente la posibilidad de abrir el sobre de la declaración si el funcionario mete la pata o se sospecha que metió la pata.

Por lo pronto, algo se hizo. La actual comisión de la Junta logró luz verde para sancionar a los funcionarios y ex funcionarios omisos en la entrega de su declaración jurada con la retención del 50% de su sueldo o jubilación y así elevaron considerablemente el nivel de obediencia. Hoy el 96% de los 11.500 funcionarios obligados a presentarla, lo hacen. A fines de 2005 cuando Qué Pasa publicó un artículo sobre la realidad de esta oficina "olvidada", eran 620 los omisos, y no se les retenía ningún porcentaje de su sueldo. Hoy son 150, más 120 nuevos en falta a quienes se los ha intimado para que en un mes las entreguen. "De esos, sólo 20 no las van a entregar cuando se les venza el plazo. Los demás sí porque pierden dinero".

El mismo Poder Legislativo que se encargó de quitarle la posibilidad de investigar a una Junta que originalmente iba a tener esa finalidad, aprobó el artículo 334 de la Ley de Presupuesto Nacional de 2000 que le encomienda "ser el órgano de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas". Pérez Piera confirma la paradoja, pero hace una puntualización: ese artículo -dijo- alude al numeral 9 del artículo tercero de la Convención Interamericana contra la Corrupción. "(Los legisladores) no se animaron a transcribirlo tal cual decía la Convención, porque quizás si lo hacían, no se votaba. No los culpo porque sé que en el Parlamento cuando se crean organismos nuevos, surgen recelos y temores", agregó.

Entonces: la Junta de Transparencia y Ética Pública no es una Junta Anticorrupción, aunque así la llamen y la hayan mandatado desde un artículo que se votó sin especificar mucho por miedo a que no se aprobara. Y los mismos legisladores que pensaron una oficina light que no puede investigar, por otro lado le piden que "detecten, sancionen y erradiquen" las prácticas corruptas. Y mientras la Junta procura mayores potestades, colecciona declaraciones juradas. Por las dudas.

dólares es el presupuesto que el MEC le dedica a la Jutep. Es el 0,5% del presupuesto de la secretaría de Estado.

los miembros de la Jutep. Además de Pérez Piera, están la escribana Beatriz Pereira (NE) y el Dr. Suárez de Lima (PN).

cantidad de veces que la Jutep intervino a pedido de la Justicia penal en lo que va del año. En 2008 fueron nueve.

Uno de los cometidos de la Jutep es la capacitación, difundir la normativa anticorrupción y generar nuevas reglamentaciones. Hizo un acuerdo con la Escuela de Funcionarios Públicos Aquiles Lanza, donde la Junta brinda la materia Ética Pública. Recientemente comenzó a realizar talleres con cientos de funcionarios especializados en combatir la corrupción. La Jutep selecciona empleados públicos como interlocutores con la administración.

Mientras que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) debe controlar la legalidad de los gastos públicos, la Jutep controla la publicidad que los organismos públicos dan de sus compras en la página comprasestatales.gub.uy. No analiza la legitimidad del gasto, cosa que le compete al TCR. Cuando esta junta asumió en 2006, el 50% de los organismos públicos no anunciaban sus compras en la página web. En el link "incumplimientos" del portal de la Junta de Transparencia y Ética Pública figuran varias intendencias en falta (Montevideo, Artigas, Flores, Río Negro, Rocha, Soriano, Treinta y Tres y Rivera), así como las dos cámaras del Poder Legislativo. "Es curioso, pero hace tres años no publicaban en la red sus adquisiciones ni el TCR, el Poder Judicial ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora sí está la costumbre".