Incomunicado

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Fernán R. Cisnero

Un matemático brillante al que se le encarga el ente más rentable del Estado y termina involucrado en una intriga de paraonia, rodeado de guardaespaldas e intentando explicar ante las cámaras, desaliñado e inquieto, porque simuló haber sido atacado. Terminó procesado sin prisión.

Un ex policía con un presunto vínculo con el matemático brillante, que se dice recomendado por el hermano del presidente de la República, simulando su voz en una llamada por celular, y a quien se le adjudica, una vez que consiguió el puesto, una computadora que, quizás, tuviera información privilegiada de la empresa.

Una boxeadora por entonces novia de uno de los guardaespaldas del matemático, que consigue un contrato de patrocinio de 54 mil dólares por dos años, y que termina noqueada dejando su prestigio y relevancia un tanto en duda, pero manteniendo el sponsoreo oficial.

Un sindicato cuyo interlocutor en la empresa era el matemático, que reclama la inclusión en la plantilla del Estado de dos mil empleados contratados y que insiste con que la competencia en determinados rubros es ilegal y debería irse del país.

Un directorio que integraba el matemático brillante, que es obligado a renunciar en masa en medio de acusaciones de insanía, ineficacia y nepotismo.

Podrá decirse lo que se quiera de Antel, pero nadie puede negar que 2009 fue un año movido para un ente que, a pesar de una importancia capital en la estrategia del país, hoy se encuentra comandado por un directorio interino atendido part-time por jerarcas de otras empresas. Y que vive al borde de un conflicto sindical eterno hace por lo menos dos años, que podría derivar en medidas duras en los próximos días. Y que está metido en juicios millonarios por cuestiones laborales.

Antel tuvo tres directorios en los últimos cuatro años, una cifra reveladora. El actual, en calidad de interino hasta la próxima administración, está integrado por el presidente de UTE, Benu Ruchansky, el de OSE, Martín Ponce de León y el del Banco República, Fernando Calloia.

Los problemas del anterior triunvirato empezaron cuando su vicepresidente, el matemático Gonzalo Perera, avisó que estaba siendo amenazado por algunos de los negocios en los que participaba en nombre de la empresa estatal.

Para protegerlo, el directorio aprobó la contratación de dos guardaespaldas, uno de ellos el novio de la boxeadora Chris Namús, cuya carrera estaba patrocinada por Antel. Siete meses después, Perera -grado de cinco de Matemáticas en la Facultad de Ingeniería y prestigio de genio en su materia, actualmente columnista del oficialista La República- denunció un ataque en las cercanías de su casa en El Pinar Norte, en el que había sido maniatado por desconocidos cuando salía en una caminata por un bosque cercano sin aquella custodia que parecía imprescindible.

Enfrentado a la Policía terminó reconociendo que todo era mentira y que tenía problemas psicológicos derivados de una crisis familiar. Fue procesado sin prisión por simulación de un intento de homicidio, después de renunciar al cargo por exigencia del presidente Tabaré Vázquez. Los guardaespaldas fueron cesados de sus cargos.

Consultado por Qué Pasa, Perera dijo que preferiría "por un tiempo" no hablar del tema. Actualmente, dijo, está preparando un libro sobre políticas estatales de telecomunicaciones. Acaba de editar otro sobre matemáticas.

Por el mismo mecanismo que Perera -una llamada imperativa desde el Ejecutivo- perdió su cargo el presidente del ente, Edgardo Carvalho. El jerarca vinculó el traspié que lo dejó desempleado al estado de "consternación, emoción y angustia" provocado por las derivaciones del caso Perera. No fue una buena excusa para explicar por qué se contrató a alguien que se hizo pasar por el prosecretario de la presidencia (y hermano del presidente de la República), Jorge Vázquez, para conseguir ser contratado.

La historia sería de película de espionaje si todo fuera un poco más serio. En todo caso no deja de ser un escándalo que, sí, pudo haber dejado en evidencia que se dan por sentadas ciertas presiones de nombres influyentes, pero que principalmente mostró la inoperancia de un jerarca capaz de dar por buena una recomendación hecha por celular, sin confirmar mucho y encima dándole al recomendado acceso, presuntamente, a material sensible.

Se trataba de un ex policía que incluso entró al despacho y a la casa de Perera como parte de sus funciones. Fue descubierto por un trámite de rutina y por la necesidad imperiosa que pareció haber tenido de llevarse una laptop a su casa. Hoy está procesado en el Comcar, a la espera de una posible complicación adicional en su caso: la fiscal Mónica Ferrero presentó hace un mes una apelación a la causa, pidiendo que se agregue la pena de usurpación de funciones. Consultado por este suplemento, Carvalho también prefirió no hablar del tema.

El tercer jerarca en perder su sillón fue Gladys Uranga, que había sido ascendida de gerente de recursos materiales (lo que quiere decir que se encarga de todas las compras) a directora. Aunque Uranga tenía otra hija y una hermana trabajando en el ente, el principal problema se lo generó su otro hijo. Juan Pablo Pignataro había entrado al ente cuando su madre todavía no era directora, tras ganar un llamado a concurso para estudiantes de ingeniería. Luego, cuando se recibió de ingeniero, participó del segundo concurso en la División Teléfonos Fijos.

Tanto Uranga como Carvalho (a esa altura Perera no estaba como para defender a nadie) respaldaron la contratación. El presidente Vázquez decidió dejar sin efecto su carrera en el organismo. Fuentes de Antel confirmaron que el hijo de Uranga está trabajando en Anteldata, aunque por otra contratación. Gladys Uranga retomó su anterior cargo.

CONFLICTOS ETERNOS. Algo une a los tres directorios del gobierno frenteamplista: la falta de acuerdo con el sindicato.

El vínculo de la empresa con el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) con el gobierno frenteamplista "fue muy jodida", dice Gabriel Molina, su presidente. "Creíamos que con el cambio de gobierno se iban a mover algunas líneas de trabajo y no tomaron ninguna medida, dejaron todo como estaba". Sutel tiene reparos con la gestión del gerente general y los mandos medios.

Ni que lo digan. Los conflictos generados por los guardahilos y los empleados de los call centers obligaron a tomar medidas duras, como la ocupación de la Torre de las Telecomunicaciones durante 10 días. Ninguno de esos dos temas aún ha sido solucionado cabalmente.

El tema de los call centers, a dos años de que el sindicato ocupara la sede del ente, sigue generando preocupaciones.

El conflicto comenzó en 2007 a partir del incumplimiento, según el sindicato, de un convenio en el que los 740 trabajadores de Accesa (la empresa pública que gestiona los call centers estatales, se maneja en el derecho privado, y pertenece a Antel y la Corporación Nacional para el Desarrollo) pasaban a ser funcionarios públicos dependientes de Antel. Al año, la empresa salió a decir que no podía asumir esos costos.

"Hay un acuerdo firmado para devolver a la órbita de Antel todos los servicios de los call centers, y como no hay manera de que se haga sin personal, va a tener que contratarlos", explica Molina.

Entre los reclamos laborales figura, además, el que se incluyan en la plantilla del Estado a 1.200 "compañeros trabajadores" que tienen contrato a término. Esa modalidad no le gusta nada a Molina porque implica "flexibilización y desregulación laboral", y eso va en contra de lo que decía el actual gobierno.

El presidente del sindicato es comunista y entre las reinvidicaciones de su plataforma está la vuelta al monopolio estatal en todas las áreas de las telecomunicaciones. Esa es otra de las grandes diferencias con este gobierno. "No se esta cumpliendo lo que se votó en el plebiscito de 1992", asegura Molina.

En total Sutel -en el que cotizan unos 4.500 de los seis mil empleados del ente- reclama que se agreguen a la plantilla del Estado a dos mil empleados. Considera que eso no implicaría un gasto demasiado oneroso.

"Estamos en conflicto", asegura Molina, quien es optimista sobre la posibilidad de evitar un enfrenamiento más duro. Para el jueves estaba prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo. Si en esa reunión no hubo avances, se volverán a tomar acciones.

El otro gran conflicto es el de los guardahilos (los encargados del mantenimiento de líneas en localidades del interior), unas 160 personas que, como casi todos los uruguayos por lo visto, reclaman ser tomados como funcionarios públicos.

Por ese tema hay dos juicios de los que están por conocerse la sentencia y que están a consideración de la Suprema Corte de Justicia. Antel ya perdió tres millones de dólares por el tema en un juicio entablado por 10 guardahilos. Otros aceptaron volver a sus puestos de trabajo y hoy son trabajadores de Antel.

En todo caso, todas las causas judiciales en el caso de los guardahilos se ganaron en primera y segunda instancia. Hoy siguen todas abiertas menos una, por la interposición del recurso de casación. Se estima que en total se está hablando de varios millones de dólares.

UN NEGOCIO QUE CAMBIA. Y todo ese panorama encuentra a Antel en medio de un inevitable cambio en la manera que debe plantear su negocio.

A partir del rechazo a la Ley de Empresas Públicas en el plebiscito de 1993, el único rubro en el que, al menos de hecho, mantiene el monopolio, es la telefonía básica o fija.

A pesar de no tener competencia, el servicio ha mejorado mucho. Hace 30 años conseguir un teléfono era una odisea sólo comparable con obtener la jubilación. Hoy, una línea telefónica fija Antel la promete en tres días hábiles a poco menos de 100 dólares.

El único problema es que la telefonía fija tiene fecha de vencimiento. Aunque aún puede ser rentable, la tendencia mundial indica que ese negocio viene perdiendo terreno en el rubro de las telecomunicaciones a un ritmo acelerado que, de mantenerse, dejaría en cuestión de años a Antel sin el único negocio en el que tiene el monopolio.

Entre 2006 y 2008 se perdieron casi 30.000 clientes en una tendencia que las empresas en el mundo intentan amortizar con emprendimientos alternativos. Mundialmente, la caída de la cantidad de clientes de la telefonía fija es de un 10% a un 15% anual, consideran los expertos. Y la llamada telefónica es un producto cada vez menos cotizado, a juzgar por todas las ofertas de celulares que las ofrecen gratis.

En telefonía celular donde Antel sí compite, lo hace contra multinacionales que desarrollan productos regionales, se manejan en el terreno privado y tienen mucho dinero para invertir. Claro, por ejemplo, es propiedad de Carlos Slim, uno de los cinco hombres más ricos del mundo. Actualmente el mercado tiende a dividirse en partes iguales.

El negocio de la banda ancha, a través de Anteldata, sigue siendo rentable y seguramente deba ser la apuesta fuerte del ente.

A eso hay que sumarle la obligación de aportar sus ganancias al Estado: Antel es el ente público que más dinero gana (78 millones de dólares en el primer semestre de este año) y el segundo que más factura detrás de Ancap.

En un negocio competitivo y en pleno recambio como las telecomunicaciones, Antel sale a pelear con una plantilla sobrecargada de empleados que no pueden ser despedidos, que en los últimos tiempos han planteado reparos laborales, y que se oponen a la concreción de negocios con privados; con un directorio elegido por cuota política y no por idoneidad, y que recientemente tuvo que salir de escena de una manera un tanto humillante.

Para algunos son lastres de esos que podrían llevar a que Antel, "la empresa de de todos los uruguayos" quede incomunicada.

v 2001-2002

Los artículos 612 y 613 de la ley 17.296 terminaron con el monopolio de Antel en telefonía básica. Recién en vigencia, se reunieron 700.000 firmas para derogarlos. No se llegó a plebiscito porque el gobierno de Batlle los eliminó antes.

v 1992

El plebiscito ponía a consideración de la ciudadanía la privatización de las empresas públicas. En ese entonces el 72% de los votantes colocó la papeleta blanca y rechazó la privatización de Antel, aunque dio libertad al gobierno de modernizar la compañía estatal.