Fuego contra fuego

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Fabián Muro

El 7 de julio, tres menores, cada uno con un revólver calibre .38 entraron a la joyería Nici, en Las Piedras. Con las armas en la mano -todas originalmente robadas de una empresa de seguridad- exigieron lo que todos: "la plata".

Pero el dueño de Nici, Víctor Pérez, con experiencia en ser víctima de asaltos, no quería hacérselas fácil. Sacó su revólver dispuesto a enfrentarlos. "Si no hubiera tenido un arma, ahora estaría muerto", dijo al otro día y la frase quedó en uno de los títulos de tapa de El País. Los tres asaltantes y un cliente de la joyería fueron baleados, mientras que Pérez fue rozado en la sien y el mentón, una fortuna inverosímil para los 13 tiros que le dispararon. No murió nadie.

Julio fue un mes cargado de noticias policiales con armas de fuego como protagonistas. Hubo delitos y actos de violencia con armas: aproximadamente hubo una noticia cada tres días, y a veces más de una por día. Los uruguayos, dicen, estamos armados. Además, estamos cada vez más dispuestos recurrir a las armas de fuego tanto para cometer delitos como para intentar defendernos de ellos.

Pero los peligros que representan las armas no están acotados a los enfrentamientos entre los agresores y los que se defienden. La problemática también abarca la tasa de suicidios, o los accidentes que pueden derivar en heridas o muertes.

Además, el temor que lleva a buscar en un revólver la seguridad que se percibe como escasa (5% de los uruguayos dicen que la inseguridad es mucha, según encuestas recientes), contribuye al comercio ilegal de armas y municiones, ya sea en ferias -siempre se habla de la de Piedras Blancas, por ejemplo- o negociando con algún comerciante dispuesto a obviar algún requisito exigido por la ley.

Ante esto, el Estado avanza con cierta cautela para disminuir el costo social del problema y, también, cumplir con un compromiso internacional asumido hace siete años. En 2001, Uruguay firmó un plan de acción impulsado por las Naciones Unidas, cuyo cometido es contribuir a la represión del tráfico ilícito de armas y desestimular su tenencia entre la población civil.

Entre las medidas que se han tomado por los sucesivos gobiernos están mayores exigencias para los trámites para comprar y portar un arma, la destrucción periódica de aquellas armas que no han sido debidamente registradas y campañas de información y educación que por ahora están acotadas al ámbito escolar, como las charlas instructivas que se ofrecen en el Servicio Nacional de Material y Armamento, dependiente del Ministerio de Defensa, para escuelas de "contexto crítico". O sea, aquellas que en las que es más probable que los alumnos ya hayan tenido un contacto directo con las armas.

La ministra del Interior, Daisy Tourné, además de repetir que uno de cada tres uruguayos tiene un arma, agregó que sólo una décima parte de todas las que circulan en el país están en manos de la Policía o los militares. Las armas representan un problema urgente que requiere medidas rápidas y acciones resueltas.

ARSENAL. Pero el ministerio no ha encarado el tema con la misma intensidad con la que sí lo ha hecho con, por ejemplo el narcotráfico. "Lo que sí ha hecho el gobierno es participar en el debate que han impulsado otros actores", dice Gustavo Guidobono, director de la ONG Aludec (Asociación de Lucha para el Desarme Civil), quien pone como ejemplo la presencia oficial en el seminario El uso responsable de las armas de fuego, realizado la semana pasada en el Edificio Libertad.

Allí, Tourné dijo que Uruguay "es el país más armado de América Latina, aun cuando no existe ningún conflicto social o militar", según consignó El País. También afirmó que en los países con conflictos bélicos, la relación es de un ciudadano armado cada seis.

"Esa proporción es más cercana a la realidad uruguaya", sostiene el coronel Marcelo Montaner, jefe del Registro Nacional de Armas (RNA), el organismo de contralor de todos los aspectos que hacen a la tenencia y porte de armas de fuego en el país. Montaner y sus subordinados controlan todas las armas que ingresan legítimamente a Uruguay, ya sean para uso civil, policial o militar.

Para el coronel, tirar datos sobre las armas de fuego existentes en el país sin el aval del registro que maneja el RNA, da pie para especulaciones. Y eso, agrega, puede contribuir a la alarma social y dificultar la tarea de tener la mayor cantidad de armas bajo control. "En Uruguay había, hasta el 22 de mayo, unas 568.615 armas en manos de 323.821 personas físicas o jurídicas". Eso quiere decir, explica el militar, que no se puede calcular la cantidad de armas registradas y hacer un promedio por individuo, ya que las personerías jurídicas, como una embajada o empresa de seguridad por ejemplo, pueden disponer de varias armas de fuego.

Por esa razón es que Montaner dice que una estimación más exacta es la de un arma cada seis uruguayos. "Hay gente que dice, alegremente, que si tenemos más de 500.000 armas registradas, entonces existe el doble en el mercado negro. A eso hay que contestarle con hechos objetivos. En 2005, nos pidieron 838 informes. De todos los pedidos, constatamos que había 48,57% de armas que estaban registradas, el resto no. Pero en dos años, subió el porcentaje de armas de fuego registradas al 57%. Eso nos alegra mucho".

El subcomisario Marcelino Rodríguez, instructor de tiro de la Policía y especialista en la represión al tráfico ilícito de armas, aporta otro dato: la Policía se hace de un millar de armas por año. "De las que incautamos, la mitad tiene registro, la otra no".

Las armas de fuego que las autoridades recuperan de la sociedad civil se encuentran en dos depósitos, mantenidos por el RNA: el fiscal y el judicial. Al primero ingresan todas las armas que los importadores traen al país. En el segundo, se custodian durante tres años todas las que se incautan en los procedimientos policiales y judiciales.

Luego de ese plazo, si el Poder Judicial no dictamina otra cosa, las armas se destruyen. "Actualmente, en nuestro depósito judicial la proporción es 60% de armas sin registrar y 40% con registro". Hasta el 24 de julio había en ese depósito un poco más de 15.000 armas, de todo tipo: revólveres, pistolas, rifles, escopetas y hasta una ametralladora Uzi, confiscada a un coleccionista.

Pero en esa fecha se destruyeron 8.176, una cifra que Montaner discriminó: "7.577 de esas armas fueron incautadas por la policía o la Justicia; 219 se confiscaron porque habían sido modificadas, algo que está penado por la ley y que por lo general se hace para aumentar el poder de fuego de un arma; 235 provienen del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, armas que le fueron sacadas a gente que estaba cazando fuera de la temporada permitida o había matado fauna protegida".

TEMORES. Las 145 restantes corresponden a las que fueron entregadas voluntariamente por la ciudadanía, comenta el militar. Los uruguayos no estamos dispuestos a desarmarnos por voluntad propia. La reticencia a deshacerse de las armas será difícil de erradicar mientras persista el miedo a ser una víctima. Muchos prefieren disponer de un arma, por las dudas. Julio Lestido, importador de armas y también coleccionista, remarca: "Tener un arma hace que uno se sienta más seguro, pero es eso, una sensación. No equivale a estar más seguro".

Guidobono acota que quien se decide a comprar un arma, ya sea por la vía legítima o de forma irregular, casi siempre lo hace como último recurso. "Ya compró el perro, ya puso rejas, ya puso cerca electrificada, un sistema de alarma… Como aún así se siente inseguro, consigue un arma". Para el director de Aludec, esa decisión se basa en la percepción de una carencia: la sensación de seguridad que tendría que dar una fuerza policial. "Como siente que la policía no da abasto, que no responde, consigue un arma", dice.

"La sensación de inseguridad es real", afirma Marcelino Rodríguez. "El ciudadano tiene temor a ser una víctima, y siente que ni la Policía puede dar respuesta, ni que la Justicia es efectiva". Esa sensación está cada vez más extendida. De acuerdo a una reciente encuesta realizada por la empresa Factum, sólo uno de cada 20 uruguayos considera que la seguridad pública está "bien", mientras tres de cada cuatro, en tanto, opinó que está "mal".

Sin embargo, existen importantes lagunas en el conocimiento de las autoridades. Es razonable suponer que se necesita de un diagnóstico lo más preciso posible para encontrar las soluciones a un tema de alto impacto y costo social. Pero las estadísticas sobre el uso y abuso de las armas de fuego en Uruguay por parte de la población civil no son completas. Un dato tan importante, y básico, como la incidencia de las armas en la cantidad de muertes por homicidio, suicidio o accidente por año, no existe. Al menos eso fue lo que contestó el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, que supuestamente se encarga de contabilizar y registrar todos los hechos delictivos, cuando Qué Pasa llamó para consultar.

DERECHOS. A diferencia de algunos países, los uruguayos tenemos derecho constitucional a poseer un arma. "En Chile, por ejemplo, eso es un privilegio, no un derecho", explica Montaner. La ley que regula la posesión y uso de las armas en Uruguay, la 10.415, es de 1943.

Los cambios en la tecnología y el contexto social y político nacional determinaron varias modificaciones a esa ley, lo que ha creado algunas paradojas. Lestido, importador de pistolas Glock, el actual arma reglamentaria de la Policía (aunque muchos agentes siguen usando el revólver de seis balas, calibre .38) menciona un decreto del Poder Ejecutivo de 1987, que frenó la importación de munición para los revólveres de marca Magnum y calibre .44, famoso entre otras cosas por su potencia.

Para algunos, medidas como esta contribuyeron a la creación de un mercado informal, donde se consiguen municiones que son difíciles de comprar legalmente. El 14 de julio, El País informó sobre la incautación de un cargamento de 1.400 municiones de distintos calibres que ingresaba a Uruguay como contrabando.

Pero también se puede suponer que ese sector es alimentado por el alto costo de las balas en el mercado legítimo: una caja de 50 unidades del calibre 9 milímetros cuesta aproximadamente 700 pesos.

Con todo, el mercado negro no es homogéneo. No son todos delincuentes y con instintos homicidas. Entre personas a las que nunca se les ocurriría asaltar un banco o matar al vecino por escuchar música a un volumen demasiado alto, también hay muchas armas en situación irregular. "Tenemos un revólver en casa. La verdad es que detesto tenerlo, pero se lo estamos guardando a mi suegro, que está de viaje", explica Carolina sobre el .38 que ella y su pareja guardan en su casa.

La cantidad de armas sin registro, y en manos de personas que muchas veces no están preparadas para manejarlas adecuadamente, supone varios riesgos. Por ejemplo, un niño o niña puede acceder a ellas y sufrir un accidente. Según datos publicados hace dos años por varios medios de prensa e incluidos en el sitio web de la ministra del Interior, la mitad de los niños saben dónde guardan sus padres las armas.

Otro peligro es que el revólver o la pistola pueden usarse en una discusión matrimonial y derivar en la muerte de uno de los cónyuges. Y ahí, las mujeres casi siempre son las víctimas. Un estudio realizado en Estados Unidos hace cinco años mostró que la tenencia de un arma en el hogar incrementaba en un 41% el riesgo general de que alguno de sus moradores fuera asesinado.

Un caso así ocurrió el mes pasado en Las Piedras en junio, cuando el propietario de un comercio mató por accidente a su esposa durante la noche; cuando creyó que estaban ingresando ladrones. El mismo estudio realizado en Estados Unidos indicaba que para las mujeres el riesgo se incrementaba al triple, según información proporcionada a Qué Pasa por Aludec.

Finalmente, existe el riesgo que el arma guardada en casa, legalmente registrada o no, sea robada y pase a formar parte del mercado ilegal. Aunque todos los consultados reconocen que ese riesgo siempre existe, también hay quienes piensan que el gobierno usa ese razonamiento para recortar el derecho constitucional que el uruguayo tiene de poseer un arma, ya sea para practicar tiro, cazar jabalí o defenderse. Una fuente vinculada a los coleccionistas de armas, que se define a sí mismo como un "legítimo usuario" de las armas, se expresó en ese sentido.

PSICOSIS. Con una larga experiencia en el manejo de todo tipo de armamento, la fuente duda que los argumentos manejados por el Ministerio del Interior para lograr el cometido de desestimular la tenencia se ajusten a la realidad. "La versión oficial es que las armas legales terminan en manos de los chorros. Y eso no es así. Puede ser que le roben a algún veterano, pero nosotros, los coleccionistas y tiradores profesionales, cuidamos de nuestras posesiones muchísimo, entre otras cosas porque son artículos caros. Pero esta psicosis en torno a las armas de fuego lleva a eso: a que vos no te defiendas. La ley casi siempre le cae con todo al que se defendió. Si a vos te atacan tres tipos con un palo cada uno, te pueden matar en tres minutos. Si estás armado, te podés defender. Porque más allá de que los agresores tengan palos y vos una pistola, se trata de tu vida".

El informante dice que fue asaltado en una oportunidad. "Fue en la calle, y el tipo me asaltó con un cuchillo. Tengo el derecho a portar armas por mi trabajo, y obviamente estaba armado. Pero le di lo que tenía de dinero. Podría haberle disparado una vez que se dio vuelta, pero tengo mucho más para perder que los mil pesos que me sacó. Además, no soy un asesino".

Aún así, la fuente sabe que es posible que algún día tenga que recurrir a la pistola que lleva consigo todos los días: "Pero hay que ser muy consciente de los riesgos que implica desenfundar. Tengo muchos amigos con derecho a portar armas y a varios de ellos les ha ocurrido que los han asaltado. O que de repente llegan a su auto y descubren que le están robando la radio. Y ninguno de ellos ha desenfundado. ¿Por qué? Porque saben que una vez que el arma está afuera, hay que estar dispuesto a usarla sin vacilar. Y como también saben que ése es un camino sin retorno, que puede terminar en una desgracia, se abstienen".

Aún así, el caso de la fuente consultada es el de una minoría, el de la gente que por una afición personal tiene un gran conocimiento de lo que significan las armas y su potencia. "El problema no es el de los coleccionistas, o los cazadores, que tienen un contacto muy cercano y cotidiano con las armas", explica Marcelino Rodríguez. "El peligro está entre aquellos ciudadanos que tienen el revólver guardado en el ropero por si alguna vez llegan a entrar a su casa para robar. Sé por experiencia propia que el policía evita todo lo que puede, desenfundar su pistola. Porque una vez que está afuera, el estrés que se vive es muy grande. No me quiero ni imaginar lo que debe sentir alguien que, a diferencia de nosotros, recurre al revólver en la mesa de luz cuando siente algún ruido sospechoso durante la noche".

Hay algo en lo que todos los consultados coinciden y que se repite insistentemente: gran parte de la solución pasa, como tantas otras veces, por la educación. Mientras exista el derecho de tener un arma y mientras el ciudadano se sienta inseguro, lo mejor es que esa persona esté lo mejor preparada posible, razona el subcomisario Rodríguez, aunque advierte: "Desde el momento en que tengo un arma, estoy predispuesto a resolver un conflicto de manera violenta".

El jerarca policial opina que el peligro puede ser disminuido a través de un contacto frecuente con el arma y la capacitación sobre los aspectos legales y técnicos en el manejo y uso. "Pero ni siquiera la policía tiene práctica de tiro tan a menudo como me gustaría. Yo le doy instrucciones de tiro a los agentes una vez al año, nada más".

Hasta los que abogan por una sociedad sin armas, como Guidobono, están de acuerdo en la importancia de tener el mayor conocimiento posible: "Si vas a hacer uso del derecho a tener un arma, entrená", dice.

Montaner, encargado de las charlas informativas a los escolares que visitan las instalaciones del RNA todos los días, agrega que se debe respetar el derecho ciudadano a poseer un arma, pero que no hay que olvidarse de los deberes: "Me interesa emitir mensajes claros a la ciudadanía: registren sus armas. No las compren en las ferias. No las modifiquen. No las dejen al alcance de los niños. Luego, lo que cada uno haga, siempre que esté dentro del marco de la ley, queda a conciencia del individuo".

La conciencia individual, sin embargo, seguirá necesitando de una legislación clara, información rigurosa y un contexto social que no fomente el crimen y sus múltiples consecuencias. Todas cosas que por ahora siguen ausentes. A la espera de que se den las condiciones, muchos seguirán guardando el revólver en el ropero o en la mesita de luz al lado de la cama, deseando que ese ruido que escuchó de madrugada no signifique la entrada de un ladrón. u

Sensación. Sólo uno de cada 20 opina que la seguridad pública está "bien". Eso lleva a que muchos opten por armarse.

En el foro "El uso responsable de las armas de fuego" realizado el 24 de julio, la ministra del Interior Daisy Tourné reconoció que la legislación vigente está desactualizada y que es necesario legislar con un enfoque que vaya más allá de los límites nacionales, ya que Uruguay se comprometió con las Naciones Unidas en ese sentido. Pero es complicado reunir a políticos para discutir y elaborar un nuevo proyecto de ley a poco más de un año de las elecciones nacionales. Aún así, la Asociación de Lucha para el Desarme Civil (Aludec), junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay está convocando a una reunión para setiembre, con representantes de los ministerios de Defensa, Interior, Salud Pública y Relaciones Exteriores, entre otras autoridades. La idea es impulsar la aprobación de una nueva ley. "Queremos que los legisladores tengan toda la información posible para que puedan elaborar y aprobar una nueva ley. Es para eso que están en el Parlamento", comenta Gustavo Guidobono de Aludec.

Para ejercer el derecho a tener un arma, hay que familiarizarse con el significado de la sigla Thata: Título de Habilitación, Adquisición y Tenencia de Armas. El Thata se consigue presentando los siguientes documentos: certificado de buena conducta, constancia de ingreso y fotocopia de la cédula de identidad. También hay que presentar el certificado que compruebe que se ha realizado el obligatorio curso de tiro en un club de tiro, con instructores habilitados por la ley y el que avala que el solicitante se ha sometido a un examen psicofísico, también a cargo de profesionales habilitados por las autoridades competentes. El título en sí cuesta apenas $ 29, pero es el curso de tiro que encarece el trámite, ya que el mismo puede superar los $ 1.000. "En total, el Thata cuesta cerca de $ 1.500", dice una

fuente vinculada a los coleccionistas de armas. El Thata deber ser complementado con la Guía de Posesión, otorgada por el Registro Nacional de Armas (RNA). Con eso, el ciudadano tiene el derecho a comprar o vender un arma, siempre y cuando ésta se ajuste a los calibres permitidos: hasta 38 para revólver, 9 milímetros para pistola y 5.6 milímetros para rifle. Para poder portar el arma hay que hacer un curso adicional de tiro que puede llevar hasta cinco meses. Los precios van desde los $ 1.500 para un revólver argentino de baja calidad hasta los 890 dólares que cuesta una pistola Glock, considerada por los especialistas como la mejor del mundo en la actualidad. Según el importador exclusivo de Glock, Julio Lestido, el año pasado se vendieron 400 unidades de esa pistola en Uruguay.

El Registro Nacional de Armas, en coordinación con Anep, instruye a alumnos de escuelas públicas sobre la mejor manera de tratar con las armas: "Cuando descubran un arma en casa, no intenten manipularla. Vayan a buscar a un adulto", es una de las instrucciones que repite el coronel Marcelo Montaner durante sus exposiciones. Este año ya se realizaron seis charlas y están planificadas seis más.

En 2000 ingresaron al país poco más de mil turistas para cazar. El año pasado, más de 4.000, cada uno con un permiso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En comparación, apenas 168 uruguayos solicitaron tal permiso.

El arma de fuego es el principal método de los uruguayos cuando toman la decisión de suicidarse. El año pasado, según cifras presentadas por el Ministerio del Interior, se suicidaron 598 personas. Los métodos que le siguen a las armas de fuego son el ahorcamiento y la precipitación.

El 21 de junio los cuerpos del armero Heber Viera (62) y su hija Natalia (32) fueron encontrados en la valija de su auto VW Santana abandonado en Carrasco. Ambos fueron muertos a balazos, en Piriápolis, donde dos días antes habían viajado a vender cuatro armas. En la oportunidad, desaparecieron las armas en cuestión. Las mismas, de alto calibre, fueron halladas tras el procesamiento de dos personas por receptación y encubrimiento. Cristian Fernández fue procesado por homicidio especialmente agravado.

Carlos, el padre de un joven simpatizante de Nacional, contó a El País el 15 de julio que su hijo había sido baleado tres veces por hinchas de Peñarol y de milagro salvó su vida. El hombre no quiso identificar a su hijo, quien, aseguró, no concurrirá más al fútbol. Fue a la salida del clásico del domingo 13 de julio, a la altura de 8 de Octubre y Centenario. El muchacho, de 19 años y sin camiseta de equipo alguno, fue víctima de tres disparos de un arma calibre .22. Fue herido en un hombro y en una muñeca; la tercera bala le rozó el pecho. La sacó regalada.

El jueves 24 Fernando Britos, un ladrón de 19 años, recibió un disparo en la cabeza. El rapiñero, que vivía en la calle, tenía antecedentes penales y era adicto a la pasta base, huía después de intentar hurtar un gimnasio de Camino Carrasco e Isla de Gaspar, en La Unión. Fue encontrado colgando boca abajo en una reja de dos metros de alto, enganchado de su pantalón y sangrando. Britos había roto el ventanal del gimnasio y tenía destornilladores, pero no estaba armado. No robó nada. Nadie sabe quién lo mató.