En tres años fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales archivan 9.263 casos, 71% del total

Delitos complejos

Uno de los principales cambios que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal es el de la gestión de las denuncias, que desde el 1° de noviembre de 2017 son clasificadas por la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación según su gravedad y prioridad, para luego ser asignadas a una fiscalía. Otra posibilidad es que un equipo fiscal decida autoasignarse una denuncia por iniciativa propia o tras una sugerencia policial. En un balance difundido en 2020, la Fiscalía plantea que estos nuevos procesos permitieron ampliar el volumen de denuncias que se analizan y a las que se les da una primera respuesta formal, con respecto a años anteriores.

Mediante esta metodología, información que obtuvo El País gracias un pedido de acceso estipula que entre 2019 y fines de mayo de 2022 las ocho fiscalías de delitos sexuales, violencia doméstica y basada en género tomaron 12.993 casos. En el mismo período, 9.263 expedientes fueron archivados. Es decir, que en los últimos tres años y medio, estas fiscalías archivaron el 71% de las causas.

Nada es tan lineal en la persecución penal de estos delitos, ni el archivo en sí debería considerarse “una mala palabra” —insisten abogados y fiscales—, pero la magnitud de ese número enmudeció a prácticamente todos los entrevistados.

“Es un porcentaje alto, sí”, reconoce sin rodeos Juan Gómez, el fiscal de Corte interino. Pero, desliza, “creo que sube mucho el porcentaje alguna fiscalía que archivó más de 1.000 casos”. En efecto, entre las ocho fiscalías, los tres primeros turnos son los que presentan números más elevados, que contrastan con el promedio. Se trata de las fiscalías más longevas en esta especialización y que además concentran los casos de violencia doméstica y de género que, tal y como revela el documento que elaboró la Fiscalía, reciben un número de casos mucho mayor que las de delitos sexuales.

En 2020, la fiscalía de 1° turno archivó 1.990 casos, mientras que ese mismo año la de tercer turno 1.005 y un año después, la de segundo turno archivó 1.514.

El titular de la fiscalía de 2° turno en ese momento era Raúl Iglesias, que luego intercambió su puesto con la fiscal de delitos sexuales —de 4° turno— Sylvia Lovesio. Por otro lado, en 2022 la fiscalía que más investigaciones interrumpió fue aquella a la que había pasado Iglesias. Fueron 318. A modo comparativo, le sigue la fiscalía de 3° turno con 161 archivos.

Tras una denuncia del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho contra Iglesias,“por reiterados incumplimientos de deberes en la investigación” en el polémico caso de la violación grupal del Cordón, y una investigación del Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía referente al archivo de 299 casos de delitos sexualesentre el 9 y el 31 de mayo de este año en su fiscalía, el fiscal de Corte le interpuso un sumario y lo separó del cargo con retención del 50% del salario.

Para distintos operadores judiciales la medida fue “excesiva”. Rápidamente el episodio se politizó. Los más críticos le recriminan a Gómez haber cedido ante los grupos de presión feministas que levantaron la voz cuando, una vez que se le asignó el caso de la violación grupal, solicitó que los imputados pasen a cumplir arresto domiciliario, y luego le cuestionaron la calidad de la investigación ante el voluminoso y veloz descarte de casos.

En medio de una súbita atención mediática, Iglesias había comentado que en la fiscalía que dejaba —especializada en violencia doméstica y basada en género-— tenía 46 casos a estudio y que en la que había desembarcado —de delitos sexuales— se encontró con 900. Entonces, igual que había hecho anteriormente, hizo una depuración para priorizar en cuáles trabajar. Descartó los casos en los cuales “no tenía pruebas” para avanzar. Muchos de estos —agregó—, no tenían víctimas “ubicables”, ni había testigos, ni pruebas físicas. El abogado de Iglesias presentó un recurso de revocación contra la decisión de Gómez.

Días atrás, se supo que el 92% de las 299 carpetas archivadas se leyeron por menos de 30 minutos en el sistema. Sin embargo, a modo general, algunos fiscales plantean que ellos mismos han analizado durante horas un expediente, pero al ingresar el archivo en el sistema demoraron un minuto y medio, por lo cual este enfoque no resultaría del todo preciso con el tiempo real que le podría haber llevado a Iglesias decidir el cese de las investigaciones.

Lo dicho: nada es tan lineal cuando se trata de dilucidar la violencia doméstica y sexual pero, en definitiva, el asunto puso otra vez en la mira la forma en la que se investigan estos delitos, las hipótesis que manejan los fiscales para archivar una investigación y los diversos factores que inciden en esta decisión.

Al principio, eran dos las fiscalías especializadas en delitos sexuales, violencia doméstica y de género, pero el brutal incremento de las denuncias —motivadas por una mejora en los canales para llevarlas a cabo, entre otros factores— generó que entre noviembre de 2018 y setiembre de 2020 se crearan otras cinco, a la que posteriormente se le sumó una octava.
Además, en febrero de 2020 se dispuso una subespecialización que determinó que cuatro de estas fiscalías —4°, 5°, 6° y 8° turno— se dediquen únicamente a los delitos sexuales. Estas son las que menos casos archivaron en el período de 2019 a 2022 —1.160, 233, 269, 136, respectivamente—, lo que como ya veremos no es necesariamente un escenario positivo.

El País consultó a distintos fiscales de estas materias pero salvo una fiscal que se excusó por estar fuera del país, el resto no respondió las llamadas, ni los mensajes. En cambio, los complejos matices en el trabajo que podrían explicar el alto porcentaje de archivos fueron abordados por Willian Rosa, presidente del gremio de fiscales. Rosa vivió en carne propia la particularidad de estas investigaciones cuando le tocó subrogar a algún colega, pero también viene siendo uno de los principales receptores de sus pedidos de auxilio.

La primera en insistir con la sobrecarga —recuerda— fue Susana Rivadavia, la fiscal adjunta que falleció en mayo de 2019 de un paro cardiorrespiratorio en su despacho y cuya muerte sus compañeros le achacaron al estrés laboral. Rivadavia integraba el equipo de la fiscalía del 1° turno —la que en 2020 archivó 1.990 casos— y había denunciado ante el gremio que tenían unas 1.600 carpetas, de las cuales ella trabajaba en 500, en jornadas de 12 horas. “Hay miles de casos gravísimos que no podemos atender, por favor reclámenlo”, le dijo a Rosa.

“Era así en ese momento y es así ahora que son ocho las fiscalías”, plantea el presidente del sindicato. A la par que reclaman que se amplíen los equipos para trabajar mejor estos casos, Gómez reconoce que, en este momento, varias de estas fiscalías no tienen los equipos completos.

Según confirmó El País, la mencionada fiscalía de 1° turno carece de titular. Trabajan sí una fiscal adjunta y una adscripta que, unos días atrás, al ver a Rosa ingresando a la Fiscalía, hizo detener el vehículo en el que se dirigía a un juzgado, lo encaró y le dijo con lágrimas en los ojos que la situación era “caótica” y “no daba para más”.

En tanto, antes del sumario de Iglesias, las dos fiscales que integraban su equipo pidieron licencia médica y recién ahora se designó a otra titular, que está trabajando sola. “En otro turno (de delitos sexuales) las fiscales me dijeron que no abrían los placares porque se caen las carpetas”, cuenta Rosa. Les aconsejó quitarles las puertas a esos armarios, “así cuando una autoridad circule por esa oficina ve el desborde”.

¿Incide la sobrecarga laboral en el porcentaje de casos que se archivan? Rosa no tiene dudas: “La palabra que describe la forma en que mis colegas están trabajando estos delitos es la frustración”. Gómez, por su parte, que lleva “nueve meses y un día” en este cargo interino, también sabe que una cosa repercute en la otra. Por eso celebra que en la Rendición de Cuentas se incluyó la creación de tres fiscalías especializadas en el interior y más presupuesto para sumar personal. “No descarto que se deban crear más fiscalías”, dice.

Eso es el futuro.

Ahora, tal y como está la cosa, la alta rotación de fiscales en la materia es un problema. A su vez, los traslados hacia estas fiscalías son considerados una especie de castigo y, aunque Gómez asegura que unidades de otras materias también tienen cientos de casos en las carpetas, las complejidades de investigar estos delitos convirtieron a estos ocho despachos en un fierro caliente que exige medidas.

Es una materia “desgastante”. Requiere una formación específica, una expertise para vincularse con las víctimas y diseñar investigaciones difíciles, de largo aliento, con dificultad para reunir evidencia, y que “para llegar a la tipificación de un delito requiere reconstruir la historia de un vínculo y un contexto, la estructura de las personas”, dice una fuente de la Fiscalía.

Además, como pasa con los homicidios, el porcentaje de procesos abreviados es mínimo y alto el del juicio oral, lo que implica un desgaste mayor de los funcionarios. ¿Por qué? “Porque es bastante poco usual que el denunciado asuma la responsabilidad”, elemento fundamental para llegar a un acuerdo abreviado, explica Juan Williman, director del consultorio jurídico de la Udelar, que asesora gratuitamente a víctimas de delitos.

En la interna se comenta que algunos fiscales hacen su trabajo con mucho gusto y otros con menos. Y que está la fama. “Históricamente en el sistema de Justicia se toma a la materia de violencia doméstica y sexual como de menor categoría que otras, porque se la ve como un asunto de familia, cosas de mujeres; a medida que se va profesionalizando, eso va cambiando”, señala una fuente de la Fiscalía.

Para entender qué hay detrás de los numerosos archivos, hay que hacer un corte grueso entre los delitos de violencia doméstica y de género y los sexuales. Las fiscalías que se encargan de los primeros, “enfrentan un universo más amplio”, explica Gómez. Desde 2020 —cuando se definió la subdivisión en la especialización— hasta mayo de 2022, las cuatros fiscalías archivaron 6.668 causas, que en el total de archivos de la materia, constituye más del 51%.

Cuando se denuncia una situación de violencia doméstica, de forma simultánea la Policía se lo comunica a un juez de Familia Especializada y a la Fiscalía. Pero el que analiza con agilidad el riesgo y aplica las medidas de protección para la víctima y su entorno, suele ser el juez. “Los fiscales vamos viendo qué va pasando ahí; qué dispuso el juez, qué efectividad tuvo la medida y si corresponde o no que el sistema penal tome el caso”, dice Rosa. Por lo general, cuando actúa, “es porque se trata de una situación crónica o patológica que viene desde Familia Especializada”.

Si el denunciado incumple las medidas y comete desacato, la Fiscalía debería actuar, pero fuentes judiciales y diferentes abogados coinciden en que eso, en general, no sucede. Otros casos que se asignan son los de roturas de tobilleras, “pero los termina resolviendo flagrancia, entonces se archiva pero en realidad tuvo una resolución”, dice Gómez.

Para los abogados este escenario no tiene justificación. “Todavía cuesta mucho en penal formalizar y condenar a alguien por violencia doméstica, a pesar de que ley de violencia basada en género modificó el delito para que pueda tener una persecución”, dice la abogada Alicia Deus. “Y también es muy importante para la suerte del caso si tenés o no un abogado. En un caso en el que un juez ya tomó medidas, si no tenés a un abogado que lo mueva, Fiscalía no lo va a tomar, salvo que sea algo muy grueso”.

O ni siquiera.

En abril le plantearon un caso; habían remitido la denuncia a Fiscalía en agosto pasado por una situación de violencia y por segunda vez en febrero, por desacato. “Hablamos de un caso de alto riesgo, el denunciado con tobillera. Pregunto en Fiscalía qué había pasado y me entero que en todo ese tiempo no había sido asignada la denuncia. Se logró. Fiscalía pidió los antecedentes al juzgado, pero todavía no he conseguido agendar una entrevista con la fiscal para iniciar la investigación y estamos en julio”, dice la abogada.

Natalia Fernández, abogada especializada en género, da un paso más. “Mucho más grave que un archivo, lo que sucede es que en un alto porcentaje directamente las víctimas no son convocadas por la Fiscalía para dar inicio a la investigación y no se les toma declaración”. En su experiencia, esto sucede más en casos de violencia doméstica pero también en delitos sexuales.

“Si la víctima no fue acompañada hasta la Fiscalía, ni tiene un abogado que reúna evidencia y esté arriba del caso, o se archiva al cabo del tiempo o directamente no se diligencia, no se investiga”. Aún en casos graves: “Tengo un caso en el que le prendieron fuego la casa, lo que implica un delito mucho más grave, que atenta contra la seguridad de la víctima, de su familia y de los vecinos y nunca se activó”.

Sigue esperando la llamada.

Así, los jueces de Familia Especializada fijan medidas de protección por seis meses, que a veces se prorrogan otros seis meses más, pero confían en que Fiscalía investigará el delito, que al no investigarse, cumplido el lapso, las medias caen. “Una situación que se repite es que, cuando al denunciado se le terminan las medidas, pide que se retomen las visitas con los hijos. La víctima se opone y argumenta que tiene una denuncia por violencia en su contra. El denunciado averigua y dice que la Fiscalía la archivó y las visitas se retoman”, plantea.

En conclusión, para esta abogada el sistema de justicia no está respondiendo a la víctima, “que sí cumple su rol de denunciar y participar del proceso”. Dice: “La sobrecarga es cierta, pero no puede ser una excusa para ni siquiera llamar a una víctima y tomarle la declaración. Que solamente aquella que pueda disponer de un abogado que esté pendiente tenga una atención real, me parece injusto”.

Las fiscalías de delitos sexuales son las que menos casos archivan —1.147, desde 2020—, pero esto también puede ser contraproducente. Ignacio Durán, que representa a víctimas pero también a denunciados, opina que el problema reside en que la indagatoria preliminar no tiene plazo. Y que algunas evidencias, como las pericias, demoran meses —por parte del Instituto Técnico Forense—, lo que agrava el panorama. “Tengo clientes que hace más de dos años están siendo investigados. Intento darle todos los insumos a la Fiscalía para que archive, pero siempre hay una justificación basada en el desborde de casos, la falta de funcionarios y que no hay plazo legal”.

Y ahora se sumó el antecedente de Iglesias. “Una fiscal me dijo ‘ni loca te lo archivo, ¿para que me pase lo que le pasó a Iglesias?’”, relata Durán. En la misma línea opina su colega Daiana Abracinskas. “Si archivan parece que están desestimando el caso, pero en realidad le dan la posibilidad al denunciante de que pueda oponerse, pedir que se reexamine el caso y de aportar pruebas a quien lo pueda investigar”.

Desde esta perspectiva, el archivo puede verse con buenos ojos, porque es una conclusión para una causa. “Es un acto de responsabilidad también archivar un caso; es hacerte responsable del trabajo y darle la posibilidad a la víctima de solicitar que otro fiscal lo evalúe y a una persona que ha sido denunciada, darle certidumbre respecto a su situación”, opina Rosa.

La abogada Fernández ha comprobado que si se autoriza el reexamen, se revisa la prueba y la investigación se vuelve a abrir, pero suele suceder que las víctimas ya no están en condiciones anímicas de retomar. ¿Qué tanto sucede? “Mucho”, confirma Gómez. ¿Esto quiere decir que no se investigó a fondo la primera vez? La única interpretación que le atribuye es que esta herramienta es una garantía para las víctimas.

Volviendo a los archivos, ¿cuáles son las hipótesis principales? Según los abogados, la falta de evidencias, aunque eso sí, se respeta el relato de las víctimas. Si hay abogado, se los suele notificar y en varias ocasiones citan a la víctima para explicarle por qué no se pudo continuar.

“La peor parte es decirle a la mamá de un niño abusado que se investigó pero que no hay elementos para seguir adelante”, dice Williman. Le pasó en la Operación Océano. La experiencia le indica que con el nuevo código estos delitos se condenan más, pero la tasa sigue siendo baja —13% de condenas en 2020— debido a que la prueba es muy difícil. “Esto descarta ese discurso de que con la palabra de la víctima basta para que condenen al denunciado. La declaración no sustituye la falta de pruebas y sin evidencia no se avanza”.

El estándar aumenta en cada etapa. Para formalizar, “es bajo”, “con un relato de los hechos conciso y algunas evidencias que lo acompañen, podrías lograrlo”. Pero para pedir medidas cautelares —prisión preventiva por ejemplo—, “las evidencias deben estar mucho más detalladas”, mientras que para concretar un juicio oral, “necesitás un alto estándar”.

Rosa plantea que a veces hay pruebas pero no son suficientes para ganar un juicio: “Puede haber evidencia pero no voy a tener éxito en un juicio, y ahí el fiscal debe pedir el archivo porque es un caso que está conducido al fracaso. Esa es una situación jodida, pero lo tiene que hacer”.

Tal y como lo ve la abogada Lucía Fernández, si bien los delitos sexuales son difíciles de probar, “porque se dan en general en contextos de intimidad, con ausencia de testigos”, también “falla el acopio preliminar de evidencias”. Se refiere a las primeras diligencias para recopilar pruebas, lo que “en un efecto dominó” termina condenando el éxito del caso. No se hacen o demoran en hacerse: otra vez debido a la falta de recursos. “Y luego, cuando necesitás encausar cierto resultado para esa investigación, no contás con elementos de calidad que te permitan sustentar la causa”.

Esa es su conclusión tras haber investigado causas archivadas. “Creo que hay muchos casos que quedan en un limbo y después se terminan archivando por el paso del tiempo y porque, sobrecargadas, las fiscalías tienen que ir depurándose”.