Corral Abierto

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Paula Barquet

Un hombre de 60 años deambula por la explanada del Banco de Previsión Social. Prende un cigarrillo mientras observa con atención a la gente que entra al edificio. Solamente a algunos se les acerca y les pregunta casi en un susurro: "¿Cambio de mutualista?" Ante la respuesta negativa vuelve a caminar despacio, sin apuros, y continúa haciendo su trabajo.

Saluda a una funcionaria que pasa por allí. "¿Cómo le va, doctora?". La mujer le responde con la misma simpatía. Es un viejo conocido "de toda la vida", reconoce a Qué Pasa otra empleada del ente que sale a fumar. Le preocupa que este artículo pueda dejar desempleado al "buen hombre" que "no le hace mal a nadie" y que "tiene hijos y todo".

En realidad, el trabajo de ese hombre es un delito. Se llama intermediación lucrativa y puede implicar entre cuatro y 24 meses de prisión, según establece la ley que creó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

No es nuevo. Hace décadas que las mutualistas, a través de presuntos promotores, intentan captar socios ofreciéndoles dinero o beneficios económicos a cambio. El año pasado Salud Pública sancionó a dos instituciones con multas de hasta mil unidades reajustables. La jueza Fanny Canessa procesó a dos personas. Una de las denuncias la realizó la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, que se quejó de ser "víctima" de una "cacería de jubilados".

Además, a principios de 2009 la Junta Nacional de Salud (Junasa) acordó con las mutualistas el compromiso de no ejercer la intermediación, y prohibió que los promotores -todos, incluso los que no ofrecen dinero- se encuentren a menos de 400 metros a la redonda del Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, el problema sigue sin resolverse. La intermediación es considerada dañina porque se desvía dinero del sistema sanitario a terceros. El director de Salud, Jorge Basso, confió a El País que aunque traten de evitar la intermediación, no pueden "asegurar que no haya". Comprobar que una mutualista utilice ese mecanismo es "bien complejo", dijo.

Los intermediarios siguen ahí. Y más ahora que el ministerio liberó el corralito mutual por segunda vez después de varios años. Hay 333.744 habilitados a cambiarse de institución.

Antonio Durán, ex presidente del Plenario de Mutualistas, considera que lo peor de la intermediación está por venir. En enero de 2011, según la ley, dejarán de existir las cajas de auxilio y se incorporarán otros colectivos al Fonasa: son miles de personas que deberán ingresar al Sistema Nacional Integrado de Salud (Snis) y elegirán una nueva mutualista. Según Durán, el año que viene quebrarán varias instituciones que sobreviven gracias a esos colectivos.

mutualista tengo. En la parada de ómnibus que está sobre Fernández Crespo, dos hombres ofrecen mutualistas sin disimularlo. Parecen trabajar en equipo.

"Tengo Casa de Galicia, Círculo Católico y Cudam. ¿Cuántos años hace que trabajás? Si me das la cédula te averiguo si podés cambiarte. Ah, no podés, estás apurada. Podés venir cuando quieras, estoy todos los días de 10 a seis. Hace 17 años que me dedico a esto".

La diferencia entre afiliarse directamente en la mutualista y hacer el trámite con él, es que se obtienen "más beneficios", explica con simpatía el promotor de unos 40 años y vestimenta veraniega. Menciona la palabra "gratis" demasiadas veces en un borbollón casi inentendible.

"Metí dos (nuevos socios) ayer y hoy otro, pero no es la avalancha que esperábamos", cuenta. Se define a sí mismo como un "asesor previsional mutual", y señala el edificio del BPS para justificar semejante autodenominación.

Es que la mayoría de los habilitados para cambiarse son del interior, han dicho las autoridades. Al cierre de esta edición unas 3.500 personas habían aprovechado la apertura del corralito.

Los intermediarios intentan camuflarse entre los cientos de transeúntes que van a hacer trámites o a comprar en las ferias de enfrente al BPS. Aunque no andan con carpetas ni nada que los identifique como tales, se los distingue porque siempre están al alpiste.

Igual, nadie los saca. No parecen llamar la atención de los dos guardias de seguridad del organismo que, desde su garita a apenas 50 metros de distancia, los observan sin más.

Algo similar ocurre en la vereda de enfrente a Salud Pública, donde está la feria conocida como la de "los techitos verdes". Un hombre ofrece mutualistas lo más campante sin que las autoridades sanitarias lo detengan. Justo cuando llega Qué Pasa, los comerciantes que lo conocen explican que ya vuelve, que fue a acompañar a alguien a afiliarse.

Al regreso, el señor extiende su mano para saludar cordialmente. También está vestido de colores llamativos y no lleva ninguna carpeta. Se excusa de no poder hacer el cambio: la mutualista para la que trabaja, dice, sólo le permite asociar a usuarios que quieren salir de Asse.

Tiene otra mutualista para afiliar, pero no la recomienda. "Y no, vos sos una trabajadora y a los trabajadores hay que asesorarlos bien". Se permite identificar la que considera mejor, y ofrece el teléfono de una colega que trabaja para esa institución.

para rato. No se vieron intermediarios ofreciendo dinero a cambio de una afiliación, que es lo que específicamente se cataloga en la ley como delito. Según Durán, llegan a pagar hasta 1.000 pesos por socio. De todas formas, ya por promover afiliaciones en las inmediaciones del BPS, están incumpliendo el compromiso con la Junasa. Además, el que otorguen "más beneficios" que los que puede dar la mutualista, suena muy dudoso.

Heber Galli, vicepresidente del BPS, considera que los promotores ya de por sí son intermediación lucrativa porque se les paga un sueldo que debería volcarse a la salud. Lo mismo opina de la publicidad. Las mutualistas, en cambio, defienden otra versión. (Ver recuadros).

Galli aseguró que el BPS, en coordinación con el Ministerio del Interior y el de Salud, organizó rondas policiales para vigilar a los intermediarios. Al parecer, nada de eso redujo su presencia.

Es que, según Galli, "el BPS no es Policía" y "aunque en estas épocas se controla, puede ser en cualquier sitio".

De hecho hace años que las afiliaciones deben hacerse en las mutualistas y no en el BPS. Al parecer, los intermediarios ya se acostumbraron a ubicarse allí. En el entorno de las mutualistas más grandes no se vio ningún promotor.

La intermediación representa un dolor de cabeza para las autoridades sanitarias hace años. Estiman que el sistema de salud pierde entre dos y cuatro millones de dólares por esa transferencia de dinero.

Durán, el ex titular del Plenario de Mutualistas, aventuró que la "guerra" de las instituciones por obtener socios tendrá su batalla final en enero de 2011. Las cajas de auxilio, según la ley, existirán hasta esa fecha. Significa que los 70.000 beneficiarios de ese sistema (que, contando a los familiares, son unos 200.000) deberán elegir mutualista y, por ende, serán el blanco perfecto de los intermediarios.

El año pasado sólo 20.000 personas cambiaron de mutualista. Si el próximo enero emigraran las 70.000 de las cajas de auxilio, piensa Durán, desaparecerían las mutualistas que sobreviven gracias a convenios. Entre ellas el Casmu, que tiene el 43% de sus socios afiliados por esa vía.

Los beneficiarios de las cajas de auxilio se están manifestando desde el año pasado en contra de su desaparición. Si pasaran al Snis, perderían gran parte de los beneficios que obtienen ellos y sus familiares y eso significaría una disminución de sus ingresos. Se ha mencionado la posibilidad de reformar la ley para que permanezcan, pero recién ahora se está empezando a discutir el asunto.

Todavía no queda claro si el cambio de mutualista para esos 70.000 sería individual o colectivo. También resta definir el ingreso de los cónyuges de trabajadores y de los jubilados que cobran más de 5.832 pesos. Parecen buenas noticias para los que se ganan unos pesos en la explanada del BPS. Son los soldados de una "guerra" entre mutualistas que tiene para rato.

habían cambiado de mutualista entre el lunes y el miércoles. Un 80% lo había hecho desde Asse.

millones de dólares pierde el sistema de salud por la intermediación lucrativa, según las autoridades.