Ansa y EFE
Los grupos de exterminio, formados presuntamente por policías, ex policías y guardias privados, han aumentado su presencia en Brasil y funcionan en 14 de los 27 estados del país, admitió el secretario nacional de Derechos Humanos, Nilmário Miranda.
"Esto está más diseminado de lo que pensábamos", dijo.
Miranda presentó un informe elaborado por la Universidad de San Pablo, que será entregado en setiembre a la ONU, durante la visita de funcionarios de esa organización que se encargan de investigar estas bandas.
El documento denuncia el resurgimiento de los escuadrones de la muerte. "En Brasil éste es un problema grave. Su resurgimiento se debe a que hay mecanismos muy frágiles de control interno y externo de la actuación de los policías", dijo el investigador Paulo de Mesquita Neto, del Instituto San Pablo Contra la Violencia, y uno de los coordinadores del trabajo.
Entre los estados en los que está comprobada la actividad de estas bandas figuran San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco y Amazonas.
En San Pablo, las investigaciones en curso abarcan dos casos conocidos en los últimos días. Ambos se refieren a bandas integrados por policías que se ocupan de ejecutar a jóvenes negros o mulatos, presuntos delincuentes, en las localidades de Riberao Preto y Guarulhos.
El informe, que se basó en datos aportados por 105 organizaciones sociales y 109 entidades del gobierno, reveló que al menos 1.479 civiles fueron muertos por acciones de policías tan sólo en el 2000. La cifra subió a 1.538 en el 2001.
Además, el documento recoge información acerca de torturas en cuerpos policiales, discriminación racial, violencia contra indígenas y trabajadores rurales, esclavitud, trabajo infantil, explotación y abuso sexual contra niños y adolescentes.
"El problema de los derechos humanos ha movilizado a la sociedad brasileña en los últimos años y se han creado políticas y programas al respecto, este ha sido un avance muy importante", dijo Mesquita Neto.