La inseguridad en su laberinto

En 2021, PAULA conversó con el mediático ex fiscal Gustavo Zubía (Montevideo, 1953), quien por aquel entonces se estrenaba como Representante Nacional para la legislatura 2020-2025. El doctor en Derecho, funcionario, y político perteneciente al Partido Colorado, luego de un breve paso por el Partido de la Gente, compartió en aquella entrevista que su desacuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal y los lineamientos de la Fiscalía General a cargo del ex Fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, lo obligaron a alejarse de la entidad gubernamental a la que dedicó 40 años de su carrera. “Me pasé unos meses con el nuevo sistema, que aparejaba un régimen de beneficio para los delincuentes. Los conflictos eran cada vez mayores, y en determinado momento ya intuía la posibilidad de poder llegar a la política. Sentía que mucha gente compartía algunos de los conceptos que yo manejaba, y eso me impulsó. Me largué a la piscina, pero así como encontré agua, también podía haber estado vacía”, afirmaba entonces.

“Delinquir es negocio”, se convirtió en su otra frase de cabecera, convencido de que a un porcentaje de delincuentes no les interesa la rehabilitación. Reivindicador de la sanción, Zubía ilustraba su postura con ejemplos absurdos de la casuística penal. “Está el que robó un coche y lo mandaron a lavarlo como sanción, o el que se fue de vacaciones a Valizas antes de cumplir la pena. Es que hoy todo se transa. Los juicios son remates, y hoy no se quiere tener presos”, advertía.

Cinco años después de aquella charla, y sensibilizada por los trágicos hechos delictivos más recientes, así como por los números apabullantes de la inseguridad, quien suscribe volvió a golpear la puerta del despacho del doctor Zubía, hoy senador de la república, quien reafirmó sus dichos de antes, y auguró un panorama poco alentador para el futuro inmediato.

−Cuando abandonó la fiscalía fue por un gran descontento con el nuevo Código del Proceso Penal, y con los lineamientos en la Fiscalía General. ¿Sigue disconforme?
−Sí, completamente. Y lo peor es que observo que se confirma todo lo adelantado en aquella charla. La situación sigue con la misma gravedad, más allá de que en los últimos días aumentaron las cifras en materia de homicidios. Recordemos que con la Coalición, desde 2020 se había logrado un descenso en los delitos contra la propiedad, rapiñas y hurtos. Si se hace un esquema, es visible un ascenso desde 2005 en adelante hasta llegar a 2018 y 2019, cuando llegamos a las tasas más altas. Luego comienza un descenso, que continuó a partir de las medidas tomadas por la Coalición. En lo que no hubo descenso es en el crimen organizado, establecido básicamente en los delitos de homicidio. Se ha hablado muchísimo, se han probado estrategias diversas para cambiar el fenómeno, al menos así se plantea a la opinión pública, pero no se han logrado los resultados propuestos. Como ejemplo, el mecanismo previsto por la propia Coalición denominado Interruptores de Violencia -un formato por el cual ex reclusos se ponían en contacto con personas vinculadas a delitos de homicidio para frenar la escalada de violencia y cortar los ciclos de venganza criminal-, fue dejado de lado. Se decretó la impertinencia de suministrar datos sobre su evaluación hasta dentro de 15 años, como si se tratara del homicidio del presidente Kennedy, y en definitiva, quedó sacado de formato. Sobre ese sistema se había anunciado que en un período de tres años a partir de su aplicación, los homicidios iban a descender, pero no sucedió. El impulsor había sido Diego Sanjurjo, referente en materia de seguridad del Partido Colorado, con el cual tenemos visiones diferentes de todos estos temas. Él está trabajando en el Ministerio del Interior, pero lo pongo como ejemplo porque uno se olvida; a dos años de su aplicación práctica no tuvo eficacia y los homicidios han vuelto a crecer. Seguimos sin dar en el clavo y lejos estamos de aquel sueño adolescente de lograr una rebaja en delitos de sangre, mediante estos mecanismos. Si tuviera que resumir, diría que se confirman las más oscuras predicciones referentes al futuro de la delincuencia en el Uruguay.

−¿Por qué estamos tan lejos de lograr resultados?
−El tema central, a mi juicio, es el no enfrentamiento del delito. Lo decía hace varios años, y lo sigo diciendo ahora.

−En la charla anterior comentábamos que el crimen paga…
−Paga cada vez más. No voy a analizar las argumentaciones teóricas, voy a lo práctico. Si en la plaza enfrente de tu casa hay vagabundos con perros generando problemas de convivencia, más allá de teorías elaboradas, necesitás que se enfrenten las situaciones. Seguimos en la tesitura de huir del enfrentamiento en el plano teórico-doctrinal-penal y en el plano fáctico, en el plano de operaciones reales.

−Si en lo doctrinal penal no se cambia esta postura, ¿es viable que en lo factual se logren resultados?
−Sí, porque uno corresponde al Código del Proceso Penal, que es el teórico-jurídico-penal, la discusión de penas y todo eso; y el otro corresponde a la operación policial concreta. Son dos planos en los cuales llevamos el combate al delito, y en ambos vamos perdiendo. El fáctico –la operación policial– es la necesidad de imponer límites al despliegue de las bandas delictuales. El Estado como tal, no pone límites, no enfrenta, no hay oposición personal entre Policía y delincuentes. La prueba está que en el Estado hay 20 o 30 grupos operativos o familias, y sin embargo, toda la información que posee sobre esos operadores no se pone en práctica en actividades represoras.

−A raíz del trágico asesinato de un niño en Parque Rodó, el presidente Orsi manifestó su respaldo al ministro Negro y afirmó que el combate a las bandas criminales debe ser más duro, usando la inteligencia y la tecnología. ¿Fue una expresión de intención?
−Fue propio de la descoordinación que existe entre las distintas posiciones que hay en el Poder Ejecutivo. Ha habido desautorizaciones concretas hechas al presidente por parte de Jorge Díaz, en entendimientos del mandatario sobre cómo dirigir esto. ¡Lo ha salido a desmentir en horas! El presidente, de alguna forma, tiene una posición más genérica por no estar en la interna de los procesos penales. Entre los que están en esa interna, concretamente está el caso del doctor Jorge Díaz, que fue mi Fiscal de Corte por varios años, y tiene un conocimiento mucho mayor de la complejidad de estos temas. Pero más allá de lo complejo, no hay policías haciendo allanamientos en lugares de vivencia de los integrantes del crimen organizado. No hay información disponible; yo no la tengo y la prensa tampoco. 'Se hizo un procedimiento para detener a ocho o diez personas', esos titulares no existen porque no hay procedimientos que vayan al choque. Sí es verdad que hay procedimientos de incautación de droga. Esos siguen existiendo y cada vez son más numerosos, pero no hay procedimientos de enfrentamiento; no hay patrulla policial que persiga a la delincuencia. Sin embargo los delincuentes siguen haciendo ostentación permanente de su fuerza en los barrios, donde se dan tiroteos de varios minutos, y quedan casquillos de bala a rolete en las esquinas por donde huyeron. No hay presencia policial. Tenemos un menor fallecido, otro detenido por posar con un fusil operativo de alto nivel; ambos de edades semejantes. Estamos asistiendo a los ejemplos más grotescos de impunidad delictual, y seguimos diciendo que va a mejorar, cuando lamentablemente está todo cada vez peor. Eso a nivel fáctico operativo. Ahora, desde el punto de vista normativo, tenemos también un problema brutal con el nuevo Código del Procesamiento Penal. No olvidemos que el Código Penal es el que marca los delitos, pero el Código del Proceso Penal es el que marca toda la tramitación de audiencias, recursos y demás, de la parte procesal. Este código tiene una enorme cantidad de falencias porque fue realizado entre gallos y medianoches, de apuro, con falta de personal para su aplicación, y tiene una dudosa constitucionalidad. Por ejemplo, en este código, muchas veces la confesión del delito permite la adopción de la medida penal que se somete a un juez que no tuvo intervención en la transacción. Para aclarar lo que significa esto, hago una comparación: en materia laboral el trabajador no tiene el derecho de renunciar a beneficios como el salario vacacional o la licencia frente al empleador. Es decir, no podés firmar la negativa de esos beneficios porque la ley te impone que los aceptes, justamente por la disparidad de condiciones que hay frente al empleador. Bueno, en la sede penal, el indagado puede renunciar a sus derechos. El denunciado, probablemente el imputado, el supuesto delincuente, puede renunciar a sus derechos y a sus garantías cuando efectúa la confesión ante el fiscal. Es decir, estamos llegando a un extremo medioeval. Yo confieso, y eso es lo único que quiero que se tenga en cuenta. Eso lo hace el imputado en acuerdo con un fiscal en los llamados Procesos Abreviados. Nosotros, que nos jactábamos hace diez años de las garantías que brindaba el sistema uruguayo, y se escribían libros sobre detalles de todas esas garantías, desapareció. Lo peor, no existieron resistencias jurídicas de los operadores frente a ese sistema. ¡Ojo! Hay beneficios. El Estado obtiene enormes beneficios al tener un homicidio resuelto en 48 horas. Tiene a un condenado que con la cabeza dice que sí, que es el delincuente, porque fue muy sutilmente presionado para obtener su confesión en ese proceso. Seguimos ingresando en un plano de muchas dificultades. Ahora, en el Parlamento hay tres proyectos de reforma del código. Uno de ellos propuesto por el Poder Ejecutivo, con 183 artículos de los cuales ninguno es sustantivo en cuanto a las garantías individuales. Ese proyecto lo impulsa el doctor Díaz, pero sustantivamente no hay aportes. Busca volver a la suspensión condicional del proceso, que era ese sistema inventado conjuntamente con el proceso abreviado. Las etapas del juicio oral son: investigación, formalización, acusación, traslado a defensa, audiencia de control, audiencia de control de la medida cautelar, si hay; auto de apertura a juicio; audiencia de juicio oral: alegato de fiscalía; alegato de defensa; prueba; interrogatorios; contrainterrogatorios; evaluación; alegatos de víctima, fiscal y defensa; sentencia. Enumerar estas etapas lleva más tiempo de lo que puede llevar un proceso abreviado. El juicio oral, que es el verdadero juicio, se hace en el dos por ciento de los casos que asume la justicia uruguaya. El 97 por ciento es por proceso abreviado, que se hace en horas, se negocia, porque es lo que se hace, y volvemos a lo que conversamos hace unos cuatro años, que es que la Justicia uruguaya está en negociación permanente. Hay dos proyectos más: uno de la Asociación de Abogados Penalistas, entre los cuales están los doctores Jorge Barrera, Juan Fagúndez, Gonzalo Fernández y Enrique Möller, quienes proponen un proyecto más profundo que el del Poder Ejecutivo. El otro es el del Colegio de Abogados, pero no apunta a ninguna modificación sustancial del proceso, porque esto que tenemos ahora es económico. Entre hacer un juicio que lleve tres años, con implicación de prueba, volver a traer a los testigos, y llamar a peritos; y por otro lado, tener un juicio que se resuelve en 24 horas… (pausa). Además, son cifras que lucen ante los organismos internacionales. Uno les dice ‘tengo 4.100 penados y diez que están esperando su hora de juicio’, pero los principios se van yendo por el inodoro. Y por esos caminos andamos. A mi juicio son barbaridades, sobre todo después de haber conocido a quienes protestaban y clamaban por garantías, y sin embargo, se logró cambiar la óptica de cómo se visualiza hoy a la Justicia Penal… y así estamos en este pantano. Yo diría que la situación se agrava por la pérdida de esperanzas de lograr modificaciones sustantivas de este sistema y por el incremento de muertos. Estamos hablando de un promedio de 360 homicidios por año, lo que es un disparate. ¡Es una situación de guerra! En la seccional 18 de Policía, hay un promedio de 350 fallecidos cada 100 mil habitantes. También hay un problema, y si no lo decimos estamos faltando a la verdad, que es que estos homicidios se dan entre delincuentes y sus satélites, entonces al ciudadano promedio uruguayo no le preocupa demasiado. Sin perjuicio de los inocentes, entre los que hay menores, que caen en esas situaciones. Es decir que hemos abandonado el barco; estamos dejando que se autorregule y la autorregulación va a llegar a cosas nada buenas. Esto también lo ha dicho la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que ha hecho declaraciones. Es una mujer que solo ha dado muestras de coraje; recibió disparos en la cocina de su casa y una granada en su jardín…

Pablo Rivara

−La fiscal ha hecho denuncias muy graves, ¿se está trabajando en eso?
−Bueno, hay voces; yo vengo hablando de esto hace dos décadas. A principios de año parecía que sí, cuando se suponía que los homicidios estaban descendiendo; pero esto es como una agujita loca, que marca para un lado y para el otro porque hay descontrol. Lo que se necesita es, primero, una unidad de sentido común lógica, y no política. Hay una lucha política con un tema que afecta a la sociedad, y esa lucha política es imposible de descartar, pero por lo menos habría que poner un poco de buena voluntad. Cuento un ejemplo: me designaron para integrar la Comisión Ministerial para la realización del Plan de Seguridad. El primer día que voy a una reunión con representantes parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente, y del Partido Colorado, propuse que hiciéramos una autocrítica, y me ofrecí para ser el primero en hablar relatando los errores que a mi juicio había cometido la propia Coalición. ‘Hagamos una autocrítica para partir de un terreno más o menos sólido’. La respuesta que recibí de la bancada del Frente por parte de Jorge Vázquez fue negativa. ‘No hacemos o no estamos para ser autocríticas’. Automáticamente presenté renuncia a esa Comisión porque si no hacemos una autoevaluación, de esto no se sale. Los resultados que vemos todos los días demuestran que todos esos sueños de elaborar políticas preventivas no han dado resultado.

−¿Por qué no hay voluntad de hacer autocrítica?
−Si hacés autocrítica estás bajando el escudo con el cual te defendés todos los días.

−¿Se antepone la camiseta a los intereses del ciudadano?
−Eso sucede desde 1810. La camiseta está primero, después vemos la situación general. No hay intención de hacer la más mínima autocrítica y lo peor es que la crítica a posiciones más represivas, como la que tengo yo después de haber estado 40 años en Fiscalía, pasa por decir ‘se han vuelto demasiado severas las penas en Uruguay’. Yo digo que eso es falso y por un sencillo argumento. Los procesos abreviados, que reitero son el 97 por ciento de los casos, tienen una rebaja de un tercio de la condena. Esta también es una forma de sacar al individuo de los sistemas penitenciarios, que son un desastre. Ahora se presentó en el Parlamento, con la Ley de Rendición de Cuentas, un proyecto para instaurar la autonomía de cárceles respecto al Poder Ejecutivo, y crear un servicio descentralizado. Tenemos cárceles que son un desastre, un sistema judicial y funcionamiento de Fiscalía que es otro escándalo, un funcionamiento policial que no hace frente al delito en la calle, y después a nivel de población, un desconocimiento y una situación de desesperación. Las cuatro patas de la mesa están en conflicto. La primera, solucionar, y creo que la más fácil si hay voluntad, es la pata judicial el Código de Proceso Penal que hay que modificarlo, pero que va a ser muy difícil porque ideológicamente no hay intención.

−¿La medida de apoyar el patrullaje con vehículos blindados del Ejército aporta algo?
−Es una mayonesa. Cuando tenés comida fría que te sobra del mediodía, le ponés mayonesa y queda perfecto. Lo de las tanquetas es ridículo, y también fue ridículo el tratamiento que se le dio a la presentación del tema, cuando salieron a explicar cuántas, qué calibre resiste, y demás. Es propio de las idas y venidas, de los tira y afloje que tenemos en cuanto a la participación militar. Tenemos un doble discurso porque están los militares haciendo de policía en la frontera y tenemos a gente gritando en Montevideo porque tanquetas militares puedan entrar en poder de la policía. Es una contradicción flagrante, propia de los diversos intereses ideológicos que hay, incluso dentro del Frente Amplio. Ni siquiera dentro de las fuerzas de la Coalición hay una posición concreta en cuanto a qué medidas preventivas habría que tomar. La Coalición tendría que haber tomado más medidas sustanciales y no lo hizo...

−¿En aras de la gobernabilidad?
−De la gobernabilidad y también adoleciendo del viejo problema de lo electoral. Cuando llega el momento en que la medida represiva se aplica, y hay detenciones en la vía pública, o revisen tu auto, y que puedan demorarte, la percepción ya empieza a ser negativa. ¿Por qué? Porque incide en la vida personal. Los gobiernos son muy cautos a la hora de tomar medidas que modifiquen las regulaciones sociales y que compliquen la vida habitual. Por eso la tendencia a evitarlas.

−¿A pesar de que el ciudadano las pida?
−Las pide pero a la vez les molesta cuando le tocan. En determinados barrios puede ser urgente pero también ahí depende de la orientación política de la gente. Mi teoría sigue siendo que la apuesta electoral hace decaer los mecanismos preventivos que tendrían que ser diez o cien veces mayores de lo que tenemos. Reitero no hay oposición entre la fuerza del orden y la delincuencia; no hay una esquina de Montevideo donde se pueda decir que hubo un procedimiento en el que detuvieron a seis personas armadas. No existe aquí. Vamos en la dirección equivocada, adentrándonos cada vez más en el pozo.

−¿Hay luz al final del túnel?
−No. La solución inmediata sería un cambio de gobierno, y estaríamos rompiendo normas constitucionales. No hay una solución en este momento. Cuando yo hablo de que podríamos llegar a tener necesidades de echar mano a medidas prontas de seguridad, obviamente soy calificado como el peor gorila de la historia. No me molesta, porque es una disposición constitucional. Pero alguien se queja que esto le recuerda cuando lo detuvieron frente a la Universidad en el año 69’. Bueno, por esos recuerdos absurdos estamos hipotecando la situación de un país hoy.

−¿Es un tema generacional? ¿Los más jóvenes piensan diferente?
−A nivel de directivas de política, la gente mayor es la que sigue teniendo las riendas del carro, pero además, los jóvenes tampoco quieren verse salpicados por lo que significa represión. Es todo un tema filosófico lo que es la represión, como si alguna sociedad hubiera podido subsistir sin represión. La consecuencia es que estamos en un clima de desorientación. El tiempo lo dirá y llegaremos a situaciones más complejas. Después diremos ‘no quisimos escuchar’.

−¿Hay que apoyar al ministro Negro o se tiene que ir?
−Da lo mismo que tengamos a Negro, a Blanco o a Verde. El ministro recibe órdenes fundamentalmente de ese Poder Ejecutivo conformado por Jorge Díaz a la vera del presidente, que sigue teniendo consciencia de esto, pero que no le encuentra la vuelta. Lo de las tanquetas militares fue el colmo del doble discurso, ‘que sí que no’, ‘que vamos a consultar’; iban para atrás y para adelante y cuando las sacaron a la calle, las rompieron en 24 horas. No hay consciencia de la gravedad del tema, y lo peor es que las noticias alarmantes parecen cada vez más normales. Diez años atrás, la noticia de un niño asesinado hubiera sido una bomba. Lamentablemente, ahora pasa como una noticia más. Somos presos de nuestras propias indecisiones y en ese laberinto nos encontramos. Yo acepto que hay posiciones opuestas a la mía que se deben tener en cuenta porque en el tema de la inseguridad y la delincuencia no debe haber solo represión, tiene que haber inteligencia también. Pero está faltando la represión, está faltando la inteligencia, está faltando la voluntad, porque estamos excesivamente políticos. Y dejamos para otra charla el tema del crimen organizado, que no hay con qué entrarle. Todo lo vinculado a la compra de voluntades, en una cantidad de aspectos que no tenemos consciencia de hasta dónde llega. Desconozco la profundidad que puede tener el narco eficiente a nivel del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y de la Policía. Son individuos que manejan millones de dólares, y cualquiera con ese poder de disposición, corrompe. ¿Nosotros vamos a ser la excepción?