INFORME

Desde el área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol diagnostican una “alerta” hacia la interna por la progresión de los hechos de violencia en el fútbol uruguayo. A nivel general, creen que hay una escalada de estos actos que llegó a su punto más álgido con los incidentes registrados en el último clásico, que entre otras cosas contó con el ingreso al Gran Parque Central de personas que integraban la lista de impedidos (coloquialmente llamada “lista negra”) en espectáculos deportivos. ¿En qué consiste esta reglamentación que busca excluir a los violentos y de qué manera se aplica?

La labor para excluir a personas violentas de los encuentros tuvo su primera normativa el 12 de diciembre de 2016 con el decreto 387 y la “aprobación de medidas para la seguridad en eventos deportivos”, que en 2017 se reforzó con el registro de personas impedidas del artículo 1 BIS de la Ley 19534. Allí se hacía alusión a determinadas normas con el objetivo de controlar la venta de entradas y un proyecto de ley para impedir que ingresen a los partidos personas con conductas violentas asociadas al deporte. Desde que se puso en práctica el derecho de admisión por parte de los clubes, la lista de impedidos pasó de tener 94 inhabilitados a más de 1200 y es un problema ascendente. ¿Quiénes pueden incluir a una persona en la nómina de impedidos, cuál es el tiempo de duración de la inhabilitación y quién se encarga de controlarlo? Las inclusiones se pueden dar por parte del Poder Judicial, las federaciones deportivas, que pueden hacerlo por sí mismos o a instancias del Ministerio del Interior, y por los clubes y organizaciones vinculadas al deporte. La pena mínima de inhabilitación es de seis meses y en ese caso la conducta es catalogada como "leve". Pero puede llegar hasta un máximo de 15 años en caso de considerarse “gravísima”, según lo establecido por el decreto número 1 de 2021. 

La Asociación Uruguaya de Fútbol viene trabajando en el tema desde hace años con la implementación de una batería de medidas que, además de la mencionada, incluyen el sistema de reconocimiento facial, la venta de entradas nominales, las declaraciones juradas para invitaciones, la creación del Área de Seguridad y la capacitación de veedores de seguridad, pero también reconocen que ha habido un incremento de “acciones de inseguridad” que se potencian con el ingreso de violentos a los espectáculos deportivos.

En la interna del área de seguridad de AUF se cree que una de las razones principales del origen de la violencia está asociada a “las alas radicales de las parcialidades (“barrabravas”) y a que algunas de esas personas fueron rehabilitadas de la lista de impedidos por haber cumplido el tiempo de inhabilitación. A su vez, se habla de una posibilidad de que estos sujetos tengan algunos beneficios vinculados a los estacionamientos en estadios, viajes, entradas y viáticos, según un informe al que accedió Ovación.

Al mismo tiempo, desde AUF hacen autocrítica y consideran que, si bien las medidas fueron eficientes y con alto cumplimiento, “se fueron flexibilizando y descendiendo por tanto su acatamiento”. La preocupación es alta en el organismo y entienden que, tras recabar información, se trata de acciones planeadas desde adentro de los “grupos radicales” y también desde afuera incluyendo centros de reclusión, por lo que entienden que debería tratarse como “crimen organizado”.

Este jueves hubo una reunión de la que participaron Ignacio Alonso, presidente de AUF, Gastón Tealdi, vicepresidente del organismo, Rafael Peña, coordinador general de seguridad de AUF, y el fiscal Fernando Romano con el objetivo de tratar, dentro del tema de violencia, el aspecto específico de la lista de impedidos. Desde el área de seguridad entienden que se trata de un punto bisagra y que, luego de casi cinco años y medio, es necesario hacer un nuevo ajuste. ¿De qué manera? Implementando nuevas medidas desde el punto de vista jurídico para frenar la situación antes de que sea tarde.

¿Qué camino desean seguir para contrarrestar la violencia? Según expresó el fiscal Romano, una de las posibilidades que se conversó fue la de la modificación del decreto número 1 de 2021 que creó el registro de personas impedidas y estableció que los clubes debían realizar los mayores esfuerzos para evitar que los violentos ingresaran a los espectáculos y se refería a los “actos humillantes o discriminatorios” contra una persona a nivel administrativo. Una de las ideas es colocar penas para los clubes en este sentido. La otra, ya desde el punto de vista judicial, es “elevar una propuesta de modificación del artículo 149 BIS del Código Penal”, que se refiere a la incitación al odio asociada a un tema de raza, religión u orientación sexual. La idea es analizar la posibilidad de que se añada la incitación al odio en espectáculos deportivos. “Es un tema delicado, no te puedo decir cómo se cierra ese artículo y cuál va a ser la redacción, pero sí legislar para contemplar mayor cantidad de figuras, porque a nivel del área deportiva, las únicas dos figuras que hay específicas son daño a espectáculo deportivo y riña a espectáculo deportivo”, expresó Romano.

En este sentido, según pudo saber Ovación, es posible que exista en el corto plazo una iniciativa desde la AUF hacia la Secretaría Nacional de Deporte (SND) para que este organismo la derive y se pueda ingresar en el Código Penal este tipo de conducta.

Al mismo tiempo, se analiza la posibilidad de incorporar tecnología para obtener mejores imágenes de las tribunas de los escenarios deportivos, lo que facilitaría la identificación de los parciales ante una posible conducta violenta. 

Según entiende el fiscal Romano, el decreto tiene una debilidad “en cuanto a cómo logran ingresar los inhabilitados a los estadios”. Y así lo explicó: “Las cámaras de reconocimiento facial funcionan perfectamente. Yo no tengo contacto con eso, pero en la reunión se me informó que funcionan perfectamente. Por tanto, si una persona que está inhabilitada va a ingresar, las cámaras lo detienen inmediatamente, salvo que ingrese una borda de 100 personas, tire todo para abajo y no respete a los guardias de seguridad. Se me ocurre que pueda pasar eso, que sobre la hora ingresen 20 o 30 pesados y la gente de la AUF les tenga que abrir. Eso podría suceder. O que ingresen por puertas más débiles, que no tengan tanta seguridad o los elementos de seguridad sean menores. Ahí estás entrando en un lugar muy fino en el cual yo no he llegado, si hubiéramos llegado tendría una investigación mucho más avanzada”, manifestó.

Al ser consultado acerca de por qué no se puede llegar a ese nivel de profundidad, Romano respondió: “Y tal vez porque no se cuenta con los insumos de la tecnología real o porque la dirigencias, no hablo solamente de Peñarol y Nacional, sino las dirigencias en general, pueden sentir temor a represalias de las propias personas de esos núcleos duros”. Y detalló los mecanismos de presión que utilizan este tipo de grupos: “A ver, vamos a ser claros, los dirigentes están recibiendo y conviviendo. Muchas veces los barras van a las sedes a pedir, a manguear, a presionar y los dirigentes están conviviendo con eso permanentemente, con gente que ha cometido homicidios, rapiñas, con gente violenta que no tiene miramientos. Hay todo un esquema ahí: son núcleos duros que va a depender de las voluntades para poder romperlos”.

En esta línea, Gastón Tealdi, vicepresidente de AUF, al ser consultado sobre hasta qué punto se puede llegar en el combate, dijo: “Esa realidad la viven los funcionarios y también los dirigentes, este tipo de delincuentes se hacen de los medios para poder conseguir el contacto de los dirigentes y forman ese tipo de presión que estamos tratando de erradicar y generar compromiso. Con Peñarol y Nacional hemos hablado, hay compromiso por parte de sus autoridades de denunciar y no hacerse eco de cualquier tipo de presión que pueda haber, en eso ha habido un gran avance en función de lo que pasaba a fines de 2016”. Consultado sobre la posibilidad de que se tomen nuevas decisiones desde la órbita política, Tealdi expresó: “Sí, hay que revisar y ser cada vez más profundos, hay que recordar también que desde principios de 2016 y hasta este clásico no hubo hechos significativos de violencia en los espectáculos deportivos; eso quiere decir que las medidas que se tomaron hasta ahora fueron efectivas. Indudablemente esto del clásico alertó, ya habían algunos hechos en partidos anteriores que habían dado alguna señal y coincido en que tenemos que ser bastantes más firmes en las determinaciones desde el punto de vista político y en el caso de la reincidencia tenemos que ser bien severos con las sanciones”, finalizó.

La toma de medidas en el corto plazo es uno de los objetivos del área de seguridad de AUF y el fiscal Romano hizo énfasis en el fortalecimiento de las penalizaciones a nivel administrativo y judicial. En otras partes del mundo, el rigor de las implementaciones surtió efecto: “En Inglaterra se llamó a la Federación Inglesa a nivel top y dijeron: ‘Bueno, a partir de tal fecha se sacan los alambrados y el primero que toque el pasto tiene ocho años sin poder ingresar a una cancha de fútbol‘”, dijo. Sobre la aplicabilidad de esas medidas en Uruguay, Romano dijo que no tenemos un nivel sancionatorio ni de conciencia para hacerlo. Y dijo que no depende solo de AUF, sino también de voluntades políticas a otro nivel.