[EDITORIAL]

Se ha exigido, desde filas del Partido Nacional -y a su máximo nivel- que los archivos de la dictadura dejen de ser examinados y clasificados exclusivamente por dos personas de la confianza personalísima de la ministra de Defensa Nacional. Y se ha reclamado, además, participación en dicha tarea, de modo de controlar el destino a dar a ese cúmulo de información, reunido por los servicios de inteligencia del Ejército y, quizás, de otras dependencias estatales.

Consideramos que tal exigencia se queda muy corta. Lo que debe hacerse con "los archivos de Azucena" es, ante todo, destruirlos. Por lo menos, en todo lo que se relaciona con la vida privada de las personas que fueron objeto de detención, tortura, control y seguimiento más o menos disimulado entre 1973 y 1984, como es propio de toda dictadura.

Para llegar a tal conclusión nos basamos, ante todo, en que esa información se obtuvo sin la mínima garantía para las decenas de miles de compatriotas investigados y en flagrante violación de derechos humanos consagrados desde 1830 por la Constitución de la República.

Así, su artículo 10, a cuyo tenor "Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados".

Así, asimismo, su artículo 28: "Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier especie, son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general".

Por otra parte, el artículo 26 de la Carta dispone que "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito".

Los archivos en cuestión, así como las informaciones que ellos contienen, se formaron y reunieron haciendo letra muerta de dichos preceptos constitucionales, que garantizan el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de todo tipo de correspondencia y comunicación privada, así como el trato humanitario en las cárceles. Las tres millones de páginas que, según se dice conforman la documentación en cuestión, se elaboraron en base a delaciones, espionajes de baja categoría, "pinchazos" de miles y miles de teléfonos, así como a torturas de la peor especie.

Si la dictadura fue execrable, como a menudo la hemos calificado, nada más execrable tuvo que la tarea y los procedimientos que quedan descriptos, realizada y ejecutada por las más despreciables personas que tuvo a su servicio. El resultado de su asqueante trabajo, clandestino y siempre inhumano en los centros de reclusión de sus enemigos políticos, es el que ahora se está exhumando, sin garantías para nadie y con fines ilegítimos. Los cuales, por otra parte, la doctora Berrutti no termina de aclarar.

Esos archivos fueron creados por la dictadura, por los repudiables métodos y vías ya explicitadas y "pro domo sua". Es decir, para utilizarlos a su favor y en contra de quienes la combatían o, simplemente, no estaban a su servicio, de manera de prolongarla en el tiempo y seguir detentando el poder, contra la voluntad del pueblo.

Es inadmisible entonces que, a veintitrés años de concluida aquella tiranía, un gobierno que se presume democrático, electo por la ciudadanía, se apropie de esa información, la maneje discrecionalmente y no informe qué destino va a darle.

Esta actividad peligrosísima no se convalida con el pretexto de conocer la historia del período de facto, de esclarecerla, ni con la anunciada decisión presidencial de crear una comisión interpartidaria que decidiría qué hacer con estos sucios archivos. Si de escribir bien la historia se trata, que se empiece por revisar a fondo la documentación no secreta de todos los organismos que funcionaron en aquella época nefanda, incluido el Consejo de Estado y la justicia militar. Lo que no se ha hecho.

Por otra parte, la información que se está exhumando no es confiable, en ningún sentido. ¿Qué fe pueden merecer los dichos de una persona torturada, desesperada por poner fin a su calvario? Se trata de información no confiable y de la peor especie -"basura"- que, por el bien de todos, debe ser destruida. Eso es lo que hay que exigir.