Narcos

El asesinato del gobernador de una provincia colombiana y la masacre de familiares de un soldado que participó en el operativo contra un capo del narcotráfico mexicano tienen dos cosas en común: el sello de la violencia ejercida contra los legítimos representantes del Estado y la ferocidad típica de los carteles de la droga.

En el primer caso, las FARC, esa pandilla terrorista que controla una porción del territorio colombiano y que es más un pingüe negocio que una guerrilla inspirada en supuestos objetivos políticos, secuestró y ultimó al gobernador de Caquetá, un magnicidio que conmovió a toda Colombia. El presidente Álvaro Uribe, uno de los mandatarios con mayor apoyo popular en América Latina, se ha destacado precisamente por su política de mano dura contra los violentos que pretenden alterar la tranquilidad democrática del país. Después del crimen, Uribe anunció que no cejará en su empeño.

El segundo caso confirma que México vive una suerte de guerra interna entablada entre el gobierno de Felipe Calderón, otro mandatario con buen índice de aprobación a su gestión, y los poderosos carteles de la droga. Días atrás, Arturo Beltrán Leyva, jefe del mayor grupo de narcotraficantes, murió en un enfrentamiento con el ejército. En el tiroteo también pereció un soldado que fue enterrado con honores. Lo increíble del caso es que los compinches de Beltrán Leyva atentaron contra la familia de ese soldado, matando a su madre, a dos de sus hermanos y a su tía, en un claro intento de intimidar a las fuerzas armadas. Todo México repudia tan cobarde acción y se encolumna detrás de su gobierno.

Colombia y México merecen en esta hora la mayor solidaridad internacional.