La reacción de las intendencias de Montevideo y Canelones ante el proyecto de ley que busca regular las multas automáticas es revelador. El proyecto establece que debe haber notificaciones y mediciones de velocidad antes de cada radar multa, y que las mismas no puedan superar 10 UR. Algo razonable si lo que se busca es educar y mejorar el tránsito. Y que solo puede molestar a quienes usan estas herramientas para recaudar de manera inescrupulosa e irregular.