Guardaespaldas

La mesa política del Frente Amplio termina de decidir que la bancada de la coalición en la Cámara de Senadores respaldará hombro con hombro al Intendente de Maldonado Oscar de los Santos para el caso que el Partido Nacional le promueva juicio político por una adjudicación directa y monopólica por montos millonarios y varios años a una empresa, de toda la publicidad exterior en el departamento de Maldonado.

La magnitud de la metida de pata -que no se ha dicho en la lata pero que por prescindir de la licitación pública en lo económico perjudica potencialmente a la Intendencia al impedir tomar en cuenta eventuales mejores ofertas- del jerarca frenteamplista, en lo que ha trascendido por ahora de la gestión de gobierno, se lleva las palmas.

Sin embargo, el eventual juez de la conducta cuestionada -el Senado de la República- ya prejuzgó de hecho desde que la mayoría de sus integrantes votarán por mandato político, la absolución del indiscutible responsable.

El encargado de dar las explicaciones fue el Senador de Asamblea Uruguay (grupo del ministro Astori), Carlos Baráibar.

Al legislador le salió el pudor a flote cuando puso una serie de salvaguardias para dejar constancia que las cosas se pudieron hacer de otra manera, pero concluyó, luego de un resumen algo sinuoso de lo que quiso ser un razonamiento técnico, que "ilegalidad intrínseca" -o algo así, que no quedó bien claro de qué se trataba, pero que sonaba "profundo"- no había.

Es curioso, porque el Tribunal de Cuentas de la República, que tiene por cometido constitucional controlar, justamente, la legalidad de la gestión económica del Estado, incluyendo a la Intendencia de Maldonado, declaró dos veces la ilegalidad del engendro del Intendente y ello por unanimidad, con los votos de los dos ministros frenteamplistas.

Cabe entonces preguntarse cuál es el interés del Frente Amplio en tener más participación en los órganos de contralor públicos, si cuando debe atender a lo que opinan sus propios voceros, les pasa por arriba con la aplanadora de sus equipos de guarda espaldas políticos investidos como legisladores.