Todo indica que los gremios de funcionarios públicos están pasados de rosca en su relación con el gobierno. Indiferentes a las advertencias del presidente Mujica ("ustedes son todos suplantables"), los sindicalistas subieron la apuesta en su primera cita con delegados del gobierno. Es que en la reunión inaugural del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público, los gremios plantearon exigencias inadmisibles.
En efecto, al tiempo de pedir que se los convocara a participar en la elaboración del presupuesto reclamaron que se los consultara en todo lo atinente a la reforma del Estado. Por si fuera poco, exigieron intervenir en la conducción de los entes y en la administración central, tal como si fueran un nuevo poder estatal en paridad con los otros tres reconocidos por la Constitución de la República. "Antel tendría que discutir su futuro con los trabajadores y lo mismo tendría que hacer el ministerio de Ganadería y el de Salud Pública", resumió un dirigente sindical. Imposible no vincular tales pretensiones al reciente y absurdo intento gremial de "vetar" algunos nombres propuestos por los partidos políticos para ocupar cargos en distintos organismos.
Convendría que estos dirigentes despertaran a la realidad del sistema democrático que nos rige, que no prevé la inclusión de los gremios en el proceso de sanción de leyes como la de presupuesto o en el dictado de decretos para reformar el Estado, y menos aun para marcar el rumbo de ministerios o de entes. Una cosa es que el gobierno los escuche y otra es que esté obligado a hacerlo y a contemplarlos, como ocurría con los "sindicatos verticales" en el régimen fascista pergeñado por Benito Mussolini.