Ya ni ataja penales

El llamado Diálogo Social nació, en teoría, para discutir cómo fortalecer el sistema previsional. Sin embargo, a pocos días de conocerse el documento final, lo que aparece no es una mejora prudente ni un ajuste técnico, sino una vieja aspiración ideológica presentada con lenguaje burocrático: quitar a las AFAP la administración de las cuentas individuales y transferirla a un ente estatal único.

La propuesta, pese a los malabares de estos días en la prensa del ministro y el subsecretario de Economía, constituye un cambio radical de enormes consecuencias. Supone que el trabajador deje de ser cliente de una institución que eligió, con la que mantiene un vínculo directo y a la que puede exigirle cuentas, para convertirse en usuario cautivo de un monopolio estatal. Se pasa de un régimen con competencia a un esquema en el que todos los afiliados quedan atrapados en una única ventanilla pública. En buen romance, eso se llama estatización.

Lo más llamativo es que esta transformación se presenta como un mero tecnicismo que el propio subsecretario reconoció en una entrevista de canal 12 que no espera que reporte beneficios a los trabajadores. Los cálculos presentados en el propio Diálogo Social indican que, aun eliminando toda la estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total sería inferior al 1%. Se propone, entonces, alterar de raíz la arquitectura institucional del sistema, reducir la libertad de elección del afiliado y crear un nuevo organismo estatal para obtener una ganancia marginal.

Pero ni siquiera esa supuesta mejora se producirá. La estructura que hoy financian las administradoras debería ser absorbida por el nuevo ente estatal. Y los entes estatales, como bien sabemos los contribuyentes, no suelen ser más eficientes que una administración privada. Por tanto, la comparación entre lo que se pretende eliminar y la nueva estructura estatal sin tener en cuenta su costo es tan absurda como toda la propuesta.

La gravedad del asunto aumenta porque la ciudadanía ya se pronunció sobre este camino. Una amplia mayoría rechazó la agenda del PIT-CNT contra el sistema de ahorro individual. Más del 60% de los uruguayos dijo que no y, nuevamente el Frente Amplio pretende desconocer la voluntad popular con una ley que le pase por arriba.

En este contexto, el papel del ministro de Economía resulta decepcionante. Hasta ahora no había impulsado medidas positivas para la economía uruguaya, pero al menos evitaba mala ideas: alguien que, desde dentro del gobierno, decía atajar los penales de la izquierda más radical y evitar que sus peores impulsos. Pues bien, ya ni eso representa. Por estos días cumplió el triste papel de defender las conclusiones del Diálogo Social, aceptando, en los hechos, que para seguir siendo ministro debe tragarse medidas contrarias al crecimiento que pueden provocar un enorme daño al país.

El ministro ya no es garantía de sensatez. El supuesto dique de contención terminó convertido en un comentarista resignado de las medidas del PIT-CNT.

Conviene recordar que las AFAP no son un experimento improvisado. Llevan tres décadas administrando el ahorro previsional bajo la supervisión del Banco Central, con reglas, auditorías, estándares de gestión, sanciones posibles e incluso intervención si corresponde. Han funcionado bien y, por supuesto, puede mejorarse su funcionamiento con nuevas medidas, pero que procuren trabajar sobre lo construido, no dinamitarlo.

La propuesta planteada por el diálogo social conduce a la concentración de poder en el Estado. Y no hablamos de una oficina más ni de un trámite administrativo. Hablamos del ahorro acumulado durante décadas de trabajo. Hablamos de propiedad, de confianza y de reglas de largo plazo. Tratar al ahorro individual de los uruguayos como fondos pasibles de experimentos de ingeniería estatal erosiona uno de los activos más importantes de cualquier sistema previsional: la credibilidad.

El gobierno podrá decir que no elimina las cuentas individuales. Pero si les quita a los afiliados la posibilidad de elegir quién las administra, si elimina la competencia y si traslada todo a un organismo estatal único, habrá cambiado todo menos los nombres en las fachadas de los edificios y el sistema, de hecho, será otro.

Lo que está sobre la mesa no es una reforma para mejorar jubilaciones, es una ofensiva para cambiar la naturaleza del sistema contra los intereses de los trabajadores y del país comprometiendo nuestro futuro por un mero revanchismo sindical.