Vos te callás

En la zafra de descuentos y donaciones de vehículos que acaparó la agenda de noticias en los últimos días, pasó bastante desapercibida una iniciativa del diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, tendiente a sancionar los discursos negacionistas del terrorismo de Estado.

El 28 de mayo pasado, el periodista Matías Kapek de La Diaria informó que “toma fuerza a nivel del Parlamento la posibilidad de reflotar iniciativas que castiguen” dichos discursos. El citado legislador propone el desarchivo de “un proyecto que estuvo sobre la mesa en la legislatura pasada, que prevé que quienes cometan conductas de este tipo deberán ‘corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, reivindicando el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes’. Ante la negativa a ‘corregir sus afirmaciones’, la persona en cuestión será ‘castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a las tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”.

Pero esto no es todo. Indignada por declaraciones recientes de Graciela Bianchi y Sergio Botana, la Comisión de Derechos Humanos del FA “decidió retomar un proyecto de ley de 2023. La iniciativa busca modificar la Ley 18.026 agregándole dos artículos: el primero sancionando con ‘tres a 14 meses de prisión’ a quienes ‘menoscaben la dignidad de las víctimas o de sus familiares’ y el segundo agravando dicha pena, que será de ‘12 meses de prisión a tres años de penitenciaría cuando quien lo cometiere fuera docente, periodista o agente del Estado o que, por el lugar que ocupa en la sociedad, tuviera influencia en la ciudadanía’”.

¿Qué tal?

“Un ciudadano común no va a tener tanto peso como alguien que ocupa un cargo estatal o es un docente o un periodista”, declaró a La Diaria la encargada de la Comisión de Derechos Humanos del FA, Adriana Barros. Puso en la bolsa de los réprobos al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Marcos Israel, quien “rechazó que haya habido un quiebre institucional en 1968 y apuntó que es una referencia que se hace como cortina de humo para tapar el accionar del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros”. O sea que lo que pretenden es que las medidas de seguridad tomadas en el período 1968-1973, enmarcadas en el orden constitucional, sean equiparadas al terrorismo de Estado perpetrado a partir del 27 de junio de 1973, cuando esas garantías fueron abolidas.

Por suerte, hallándonos a punto de padecer un surmenage estalinista, la senadora Constanza Moreira aclaró que llevarán esto adelante “sin menoscabar la libertad de expresión” (sic). Y Valdomir reconoció que “no queremos que vaya gente presa, pero sí queremos que no siga sucediendo esto”.

El grado de delirio al que han llegado con este asunto es inquietante.

Cuando amenazan a un docente o a un periodista con sanciones, ¿estas recaerán también sobre los que mienten, diciendo que los tupamaros lucharon contra la dictadura, u omitiendo que todo el FA con la sola excepción de Carlos Quijano, aplaudió el golpe de estado técnico del 9 de febrero de 1973 y los bochornosos comunicados 4 y 7 de los mandos militares? ¿Tanto les molesta el discurso contrahegemónico, que lo quieren acallar con amenazas? ¿Por qué no confían en el libre debate de ideas y opiniones? ¿Otra vez quieren usar la circunstancial mayoría parlamentaria de un gobierno que hoy cuenta con menos de un tercio de aprobación ciudadana, para imponer su propia narrativa y cancelar la que los cuestiona?

Con la excusa de dos o tres trolls insignificantes que reivindican la dictadura en las redes sociales, pretenden amedrentar a docentes y periodistas para que no se salgan del discursito de su corrección política.

Viven agitando los fantasmas de una “ultraderecha” que supuestamente conspira a nivel internacional para tergiversar la historia. Pero la verdad es mucho más simple: la gente ya se hartó de sus discursos demagógicos y su glamurización de la violencia política de los años 60.

Es verdad que la responsabilidad de la violencia es mayor cuando se ejerce desde el Estado, pero ello no impide aquilatar las barbaridades cometidas del otro lado, en nombre de utopías que invariablemente decantaron en miseria y represión para los pueblos donde triunfaron.

Sean un poquito más demócratas, por favor. No duele nada.