En el debate público de los últimos meses, la palabra “corrupción” ha estado mucho sobre la mesa. Sobre todo en boca de dirigentes del Frente Amplio y algunos periodistas, que ante el estallido del “caso Astesiano”, han hecho continuos enjuagues bucales con esta palabrita tan compleja y negativa. Las noticias conocidas en los últimos días cambian dramáticamente el enfoque, y la percepción de dónde ha estado la verdadera corrupción en los últimos años.
La publicación por parte de El País de las transcripciones de los interrogatorios de la Fiscalía con el ex Director Nacional de Policía, Mario Layera, son contundentes y no dejan lugar a dudas: en la gestión del ministerio del Interior, de la Policía, y del Instituto Nacional de Rehabilitación, sí que hubo corrupción. Corrupción institucionalizada, directamente bajo los ojos de las jerarquías políticas de la época, y que derivó en hechos que afectaron gravemente la imagen exterior del país.
Funcionarios carcelarios que alquilan y venden celulares a presos, presos que cuentan con beneficios y lujos inexplicables, presos por narcotráfico que contaban con accesos irregulares a sus expedientes judiciales...
Claro que lo más indignante es lo ocurrido en torno a los dos presos más peligrosos que ha tenido Uruguay en los últimos años, y que son el origen de la investigación que motivó el interrogatorio a Layera. Hablamos del narco mexicano González Valencia, y el mafioso italiano Rocco Morabito. Se supo ahora que estos presos “vip” contaban con privilegios asombrosos, desde salidas y beneficios para “visitas conyugales” que cumplieran con sus altos estándares, corderos asados, despensas “gourmet”, gimnasio personal... ¡Caramba! Resulta que el italiano Morabito mandaba pedir “combos” de McDonald´s para presos y custodios en plena cárcel Central, ¿y las jerarquías policiales que estaban en el mismo edificio no se daban cuenta?
Resulta claro ahora cómo fue que Morabito se pudo escapar caminando de la cárcel, escaparse a Brasil, y nadie se enteró, ni las cámaras de seguridad funcionaban, ni nadie fue sancionado por el tema. ¡Se llama corrupción!
A esta altura hay que decir dos cosas. Primero, una disculpa al fiscal Lackner, a quien desde esta página se ha criticado severamente por el escaso avance de su investigación sobre este asunto. Por lo que se ve en las actas, su indignación ante lo que iba descubriendo, es similar a la de cualquier uruguayo de bien. De todas formas nos queda la duda de por qué no hubo pedido de sanciones penales a más involucrados.
Lo segundo, constatar las fragilidad profesional y hasta ética de la cúpula policial de entonces, encabezada por Mario Layera. Sus balbuceos y explicaciones sin sentido sobre cómo podía pasar todo eso bajo su guardia, resultan explícitas y lamentables. Casi tanto como cuando atribuye la responsabilidad de los traslados de presos a “decisiones políticas”, lo cual implica acusar a su ex superior, el hoy fallecido Eduardo Bonomi, que no está aquí para defenderse.
Esto no quita que la responsabilidad de Bonomi, de Jorge Vázquez, y de los presidentes Vázquez y Mujica, que fueron los superiores, y quienes ampararon a Bonomi y a su equipo todo ese tiempo, no debe quedar de lado de manera alguna. Porque si algo agrava la sensación de desamparo e indignación que puede tener cualquier uruguayo normal al ver todo esto, es que ese equipo que gestionaba el ministerio del Interior en ese tiempo, estuvo una década al timón. Con recursos y espalda política para hacer lo que querían. Y no sólo dejaron una situación de seguridad desastrosa. Ahora sabemos que ampararon directamente actos de corrupción.
Las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso no queda remedio. Tenemos por un lado a un custodio presidencial que traicionó la confianza entregada, que facilitó operaciones para conseguir pasaportes ilegales y abusó de los vínculos de su cargo para conseguir algunas ventajitas miserables (todo lo demás, ha sido desmentido por la realidad), y que fue detenido y condenado pese a su proximidad con el Presidente actual. Por otro, tenemos un escándalo de corrupción vinculado a la mafia italiana y al narcotráfico mexicano, que estuvo tapado durante años, amparado por “el mejor ministro del Interior de la historia”, y que misteriosamente no llevó a ninguna detención ni imputación.
No hace falta ser Einstein para darse cuenta dónde está la probidad administrativa, y dónde la corrupción institucionalizada.