UPM2 y el consenso

Quienes adhieren a la idea de que en Uruguay hay acuerdos políticos sustanciales sobre el camino a seguir para alcanzar mayor desarrollo y prosperidad, pondrán como ejemplo la planta de UPM2 recientemente inaugurada en Durazno: con negociaciones iniciadas en la segunda administración del presidente Vázquez, siete años más tarde se logra que un gobierno de signo totalmente diferente como es el de la Coalición Republicana (CR) corte la simbólica cinta de inicio de actividades.

Pero quienes van un poco más a fondo en el análisis de lo que ocurrió esta semana, y de lo que en general ha significado el proceso que desde hace 20 años ha abierto la puerta a la instalación de plantas industriales en Río Negro, Colonia y ahora en Durazno, de enorme porte, gran peso económico y fundamental dinamismo exportador, se dan cuenta de que en esos acuerdos sustanciales hay, en realidad, protagonismos muy diferentes entre por un lado lo que han sido las decisiones de los partidos tradicionales que forman la CR, y por otro lado la actitud del Frente Amplio (FA).

En efecto, no es políticamente válido esconder tras grandes titulares y publicitados anuncios de seriedad institucional y mirada de largo plazo, posiciones que fueron en verdad radicalmente distintas. Para que esta UPM2 pudiera existir, así como para que se instalara la primera de estas plantas en Río Negro a partir de 2004, y otra similar aunque de composición de capitales extranjeros algo distinta luego en Colonia, fueron necesarias tres leyes claves.

La más importante, sin dudas, fue la ley forestal de la primera administración Sanguinetti, en 1987, que fue apoyada por blancos y colorados: fue el puntapié inicial para que se desarrollara toda la cadena de producción maderera que, con algo menos de 1 millón de hectáreas plantadas y con grandes aportes de valor agregado en biotecnología, es el sustento de materia prima nacional que permite el actual formidable desarrollo industrial celulósico.

También, para la exportación de toda esta producción por vía marítima fue fundamental modernizar los puertos del país. Con ese objetivo se votó la llamada ley de puertos, algo que ocurrió en 1992 durante la administración del presidente Lacalle Herrera con apoyos blancos y colorados: fue una ley que no solamente es la base para que el puerto de Montevideo haya tenido desde entonces un enorme crecimiento en su actividad, sino que además es la que abrió la posibilidad a terminales portuarias en el Interior (y sobre todo en el Litoral) que son fundamentales para que la producción celulósica salga al mundo.

Finalmente, nada de todo este proceso con fuerte impronta finlandesa hubiese sido posible sin que en 2003, durante la administración del presidente Batlle, el Parlamento con votos blancos y colorados ratificara el tratado de inversiones bilateral. Fue un tratado que dio certezas al país escandinavo para decidir poner varios centenares de millones de dólares en nuestro país, en un contexto muy difícil en la región ya que, por ejemplo, en la vecina Argentina se acababa de declarar el default de la deuda pública, incumpliendo así con acuerdos internacionales elementales que son los que brindan seguridad y tranquilidad al inversor extranjero.

Tres leyes de distintas administraciones y distintas épocas. Y un patrón opositor común: el del FA que, cada vez, se negó a acompañarlas con sus votos en el Parlamento. Alguien dirá que luego, durante sus quince años en el poder, la izquierda procuró atraer inversiones industriales y que de esta forma colaboró en una política de largo plazo. Y es verdad que el FA no cambió radicalmente el rumbo del país en este sentido. Empero, su negociación para la planta de Colonia implicó concesiones enormes, que incluyeron, entre otras cosas, recalificaciones de tierras en ese departamento; y para el caso de Durazno, es sabido que la administración Lacalle Pou logró revisar acuerdos en un sentido más favorable al Uruguay, ya que la administración de Vázquez había cedido demasiado a los intereses extranjeros.

Tras un rumbo claro de aceptación de las inversiones extranjeras por parte de la inmensa mayoría del sistema político, blancos y colorados fueron los que efectivamente tomaron las decisiones legislativas claves para que el país avanzara. Cada vez, enfrentaron cerriles y retrógradas oposiciones izquierdistas. Y fue el FA quien, luego en el poder, cambió de posición, pasándose a beneficiar así de disposiciones legales a las que antes se había opuesto. Unos y otros son, claramente, bien distintos.