Cuando una ley no nos gusta apelamos a la consulta popular para derogarla, y cuando el resultado de la consulta tampoco nos gusta apelamos a ley para dejar sin efecto el pronunciamiento popular. Así reacciona el Frente Amplio cada vez que quiere torcer una realidad que no es de su agrado. Y así está reaccionando con la propuesta surgida del tan mentado “dialogo social” para cambiar la reforma jubilatoria promulgada por el gobierno pasado. Reforma que quiso ser derogada y enterrada mediante un plebiscito promovido por la central sindical para incluir en la Constitución premisas contrarias a lo que esa reforma establecía. Perdió.
Un 60% de los votantes no acompañó la propuesta, en una actitud que asombró al expresar prudencia y sentido común ante un tema tan delicado y complejo como es el de las jubilaciones, tanto en lo referido a la edad de retiro como a quienes las administran.
Pero ya se está viendo que si bien el Frente Amplio y el Pit-Cnt son entusiastas promotores de los mecanismos de consulta popular, también son entusiastas negadores de sus resultados si estos van en contra de lo que proponían. Son malos perdedores, parecen niños mal criados que actúan con un berrinche cuando alguien no les da la razón.
Ha sido la izquierda, a través del Frente Amplio y el movimiento sindical, quien recurrió a la consulta reiteradas veces para torcer el curso de eventos. Los partidos que hoy integran la Coalición responden a una cultura más parlamentaria, al considerar que es en ambas cámaras donde se discute un proyecto, se lo negocia, se lo corrige y mejora, se lo vota y aprueba, porque allí está genuinamente representado todo el abanico político del país.
Lo perverso es que la izquierda usa el mecanismo, a veces paralizando al país mientras se procesa la recolección de firmas y se convoca a la votación, pero no acata el pronunciamiento popular si es adverso a sus aspiraciones. Dos veces pasó con la ley de Caducidad y dos veces pasó con las Afap. Por eso ni bien perdieron el plebiscito los sindicatos presionaron al nuevo gobierno presidido por Yamandú Orsi para formar un gran “dialogo social” que presentara una ley que desactivara la vigente y que se pareciera en lo más posible a lo que los sindicatos presentaron en el mencionado plebiscito.
Ese proyecto ya está pronto y en cualquier momento será enviado al Parlamento para su discusión y aprobación. Como es obvio, la oposición no lo votará. ¿Para qué, si sabe que la legislación vigente es mejor? ¿Para qué si 60 por ciento de la ciudadanía prefirió esa legislación a las propuestas delirantes de la central sindical?
Preocupa y alarma el desprecio a lo que la gente votó. Ante los argumentos de la oposición, el senador frentista Eduardo Brenta afirmó: “Los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedra”.
Es verdad, si las circunstancias cambian en forma notoria, una ley puede ser revisada. Pero este no es el caso. Y Brenta lo sabe bien. La gente se pronunció hace apenas un año y medio y la decisión de revertir ese resultado negativo para los sindicatos fue tomada por sus dirigentes al día siguiente de la derrota.
Nunca aceptaron que perdieron. Por lo tanto, este proyecto es una traición a la gente.
Lo interesante es que el plebiscito y las elecciones nacionales se hicieron el mismo día. En ellas el Frente Amplio ganó, pero su reforma constitucional no. Es decir que los propios votantes frentistas apoyaron a sus listas y a su candidato presidencial, pero con el claro mandato de que no tocaran la ley jubilatoria vigente. Por lo tanto, hoy, con esta iniciativa forzada por el Pit-Cnt, también es a una parte de su electorado a quien se la está dando la espalda.
¿Hasta cuándo el Frente Amplio y el gobierno seguirán siendo rehenes del movimiento sindical? Un movimiento que solo representa a sus afiliados, ni siquiera a la totalidad de los trabajadores y asalariados del país. Esto del diálogo social es juntar a gente del Frente, con representantes del Pit-Cnt, con integrantes de organizaciones sociales, que en definitiva son todos parte de los mismo. Es un conjunto endogámico, suman lo igual, no lo plural.
Habrá que ver que ocurrirá ahora en el Parlamento. La lógica, que pocas veces se aplica en política, indica que en la Cámara de Diputados los representantes de partidos que, desde la Coalición en el gobierno pasado acordaron la ley actualmente vigente, son mayoría. Por lo tanto, no debería ser aprobada.
Pero como dijimos líneas arriba, la lógica no siempre impera en la vida política.