Un país de rehén

El lunes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo lo que buena parte del país esperaba escuchar hace meses: si para destrabar el conflicto del puerto de Montevideo hay que declarar la esencialidad, el Poder Ejecutivo lo hará. Y agregó, con una crudeza inusual, que si esa decisión constituye el límite del ministro de Trabajo, Juan Castillo, entonces el ministro deberá renunciar. “Todos somos fusibles”, sentenció. Horas después, desde Torre Ejecutiva se intentó bajar el tono, se habló de hipótesis y de malentendidos. Pero lo esencial quedó dicho: la esencialidad está arriba de la mesa de Presidencia.

Desde estas páginas venimos señalando, desde el inicio de este gobierno, la tensión evidente entre dos agendas que conviven mal dentro del gabinete. La del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que necesita crecimiento, inversión y previsibilidad para sostener sus metas fiscales, económicas y de empleo. Y la de Castillo, representante de un empoderamiento del Partido Comunista pocas veces visto, cuya gestión al frente del Ministerio de Trabajo ha consistido, en los hechos, en garantizar que ninguna presión seria recaiga jamás sobre los sindicatos. En esa pulseada, hasta ahora, Castillo ganó más de las que perdió. El conflicto portuario es un capítulo más, pero uno decisivo, porque esta vez Oddone encontró un aliado. Un ministro que políticamente depende completamente del MPP, finalmente fue respaldado por el líder de esta organización.

Conviene repasar de qué hablamos. La Terminal Cuenca del Plata acumula meses de paros, trabajo a reglamento y bloqueos selectivos. El puerto ha sufrido más de treinta días de operativa afectada en poco más de un año. El sindicato llegó a exigir, como condición previa para sentarse a negociar, un bono de 50.000 pesos líquidos mensuales por trabajador o veinticinco jornales asegurados, antes de empezar a trabajar. Reclama además la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Todo esto en nombre de trabajadores que más que duplican el ingreso medio de los uruguayos. No estamos ante un conflicto de subsistencia. Estamos ante un grupo pequeño y privilegiado que usa su posición estratégica para extraer rentas del resto del país.

Porque el rehén de esta historia no es una multinacional belga. El rehén es el arrocero que no puede embarcar, el tambero y el frigorífico que pagan sobrecostos de cadena de frío, el exportador que enfrenta penalizaciones internacionales por incumplir plazos, la naviera que ya evalúa mudar su carga a Buenos Aires o a Río Grande. Las principales gremiales agropecuarias lo dijeron con todas las letras en un comunicado conjunto: Uruguay es un país esencialmente agroexportador, y su desarrollo depende de colocar su producción en el mundo. Cuando el puerto se detiene, se detiene la generación de riqueza de la que viven millones de uruguayos que ganan bastante menos que quienes lo detienen.

Sin ningún pudor, el propio sindicato, en uno de sus comunicados, acusó a la empresa de tener a la población “de rehén”. Quien sorpresivamente está decidiendo unilateralmente que los camiones no se atienden, que el agua potable no se suministra a los buques, que la principal boca de entrada y salida del comercio exterior se cierra hasta nuevo aviso, no es la empresa. Es una asamblea sindical de personas muy privilegiadas en cualquier comparación posible contra el uruguayo medio.

El ministro Castillo repite que si todo se resolviera por esencialidad no existiría la negociación colectiva. Naturalmente un ministro comunista y sindicalista no quiere delimitar un gramo la capacidad negociadora del sindicato, quiere que este negocie con todas las armas cargadas arriba de la mesa y los otros sin ninguna. Es cierto que la esencialidad es una herramienta excepcional, pero la excepcionalidad no la crea el decreto: la creó un sindicato que convirtió la medida de fuerza en régimen permanente. Más de treinta días de afectaciones no son una huelga; son un método de gobierno paralelo sobre un activo estratégico de todos los uruguayos.

Sánchez dijo que extender el conflicto sería muy malo para todo el Uruguay y que el gobierno no se amputa ninguna herramienta. Es exactamente el punto. Declarar la esencialidad es la defensa mínima del interés general frente a un abuso. Parecería que por primera vez alguien en Torre Ejecutiva se dio cuenta que hay que mandar. Que la ciudadanía así lo quiere, el sentido común lo demanda y la necesidad económica del país lo hace urgente.