Un GACH de 40 años

Mañana se cumplen 40 años de una especie de Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que hoy casi nadie recuerda, pero que seguramente sea buen tiempo de volver a formar. Se trata, en efecto, de la comisión de juristas que buscó fórmulas legales de consenso para tratar de salir de la encrucijada que vivió el país en torno a las responsabilidades de los militares por denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Ese GACH, que en realidad no se llamaba así pero que cumplía el fin de un asesoramiento técnico fundado que permitiera al sistema político encontrar una solución legal para todos satisfactoria, fue formado por figuras de todos los partidos que hace cuarenta años tenían representación parlamentaria. Ellas fueron Adela Reta del Partido Colorado, José Claudio Williman del Partido Nacional, José Korzeniak del Frente Amplio y Raúl Blengio de la Unión Cívica.

A fin de ese año, cuando se vota finalmente la ley de caducidad, el por entonces senador blanco Zumarán relató que había habido varias reuniones políticas previas a la conformación de ese GACH. En ellas participaban figuras relevantes de cada partido, como por ejemplo Wilson Ferreira por los blancos, Líber Seregni por el Frente Amplio y Humberto Ciganda por la Unión Cívica, a las que se sumaban por lo general dos personas del oficialismo, el vicepresidente Enrique Tarigo y la ministra Adela Reta. Llegó un momento, comentó Zumarán, en que pareció que podía haber un entendimiento entre los partidos políticos para solucionar este tema. Cada partido designó un jurista, los que celebraron dos o tres reuniones. Ese fue pues el GACH de hace cuarenta años.

No fue posible llegar a un acuerdo en aquel invierno, entre otras cosas porque el tema era por ese entonces muy polémico. Todo se llevó a cabo en medio de declaraciones, discursos y proclamas. Se exigían soluciones, pero el clima en materia de derechos humanos se fue deteriorando, por lo que el GACH dejó paso a negociaciones directamente políticas y en el Parlamento, con el conocido resultado de la ley de caducidad votada por una amplísima mayoría tanto en Diputados (60 en 97) como en Senadores (22 en 31).

A cuarenta años de todo aquello, ¿acaso el tema está resuelto? Dos veces fue ratificada por el pueblo la ley de caducidad: en abril de 1989 de manera explícita, y en octubre de 2009 al no lograr el Frente Amplio mayoría ciudadana para anularla. A pesar de ello, la izquierda en octubre de 2011 con la ley 18.831 derogó aquella ley votada en 1986 y dos veces ratificada por el pueblo, y a partir de allí se generaron muchos de los procesamientos que hasta el día de hoy siguen ocupando periódicamente protagonismo.

Cada tanto, ya sea por iniciativa de algunas figuras de la izquierda, como fue en su momento por ejemplo la del ex-presidente Mujica; ya sea por consecuencias naturales de cambios que se quieren llevar adelante en nuestro régimen de cárceles como hace algunos meses; o ya sea incluso por la vía del proyecto de ley, como el que fue presentado en la legislatura pasada por Cabildo Abierto, se plantea volver sobre este tema y cerrar de una vez por todas este capítulo de la historia del país. Es que sabido es que la situación actual en materia de justicia sobre estos asuntos sufre de graves interrogantes que por lo general ponen en tela de juicio la imparcialidad y efectiva calidad de las pruebas que se presentan, a veces medio siglo más tarde, para procurar llevar a prisión a personas que hoy son muy mayores de edad.

Es tiempo de tomar ejemplo de aquel GACH de 1986 y plantear nuevamente algo así. No con la urgencia que tenía en aquel invierno aquella reunión de importantes juristas para tratar de encontrar soluciones rapidísimas a una crisis política e institucional que era muy grave. Pero sí para que con sabiduría ponga ciertos puntos sobre las íes de manera de ilustrar a los representantes del pueblo sobre algunos temas importantes: la diferencia entre pena y castigo, que está en el centro de nuestro sistema penal; la necesaria prescripción de delitos, que forma parte de las bases de la convivencia en sociedad; y la ponderación entre la necesaria justicia y el necesario olvido que al menos desde la época de los griegos ha sido tema de debate y de reflexión de cualquier país civilizado.

Un ámbito alejado de lo partidista, reflexivo y formado por nuestros mejores juristas tiene que poder arrojar mejor luz que la actual sobre este tema que infelizmente seguimos arrastrando hace tantos años.