Un embargo que molesta

NUEVAMENTE —por décima vez consecutiva— la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado condenando el embargo norteamericano que pesa sobre el dictatorial régimen castrista. El espaldarazo que ello significa para el "presidente" vitalicio de la isla es contundente, aunque carezca de valor imperativo: 182 países a favor de la condena del embargo, 4 en contra (EE.UU., Israel y los minúsculos Estados de Palau e Islas Marshall) y una abstención (Micronesia).

Dicho embargo pesa sobre la sufriente isla caribeña desde el 3 de febrero de 1962, fue impuesto por el presidente J. F. Kennedy y es la lógica consecuencia de la confiscación de tierras, fábricas, hoteles, ingenios y demás bienes norteamericanos, de la cada vez más clara inclinación de Fidel Castro hacia el marxismo y de su apoyo a la violencia revolucionaria en todo el continente latinoamericano (excepto en México, según confesara el propio dictador cubano).

Dos años más tarde, en 1964, la OEA, en su IX Reunión de Consulta de sus cancilleres, acordó suspender todo tipo de comercio, directo o indirecto, con Cuba.

A partir de 1971, el chileno Allende contraviene las disposiciones de la OEA y restablece relaciones diplomáticas con La Habana. Otro tanto hacen Velázquez Alvarado en Perú (1972) y Cámpora en Argentina (1973), hasta que, en 1975, la OEA dispone que cada país quede en libertad de acción respecto al régimen castrista. Incluso disminuyó la tensión cubano-norteamericana con los presidentes Ford y Carter pero, prontamente, la intervención militar masiva de Castro en Angola y en Etiopía (transformado en peón de la estrategia global soviética), su desembozado apoyo a las guerrillas centroamericanas y, finalmente, la abrupta salida de 125.000 cubanos (incluidos criminales y enfermos mentales, de los que se desembarazó Castro cínicamente) congelaron ese acercamiento.

Luego, el embargo comercial se intensifica bajo la presidencia de Reagan pues se presiona a las empresas subsidiarias norteamericanas en terceros países para que no se relacionen con empresas cubanas mediante una engañosa triangulación y se renueva la prohibición parcial a los viajes de sus ciudadanos a la isla.

EN 1992, —en vista de la resistencia de Fidel Castro a introducir reformas democráticas y a sus muy reiteradas violaciones a los derechos humanos (que eminentes figuras mundiales y organismos internacionales siempre han condenado)— el Congreso aprueba el "Acta para la Democracia en Cuba", o ley Torricelli, con la que se intenta aumentar al aislamiento cubano, mantener mejor informada a la población isleña y suministrarle ayuda humanitaria. Esta ley buscaba provocar un impacto sensible en Cuba ya que el castrismo había dejado de recibir la cuantiosa ayuda soviética (en treinta años, se estima que Castro recibió de la URSS diez veces más dinero que toda la Europa occidental durante el Plan Marshall).

Importa señalar, también, que los exiliados cubanos en Estados Unidos remiten a sus familiares en la isla unos 800 millones de dólares anuales, cantidad que contribuye a aliviar considerablemente las penurias de todo tipo que impone una economía paupérrima. Tampoco estos giros bancarios están vedados por el embargo.

MAS tarde, en 1995, la ley de "Libertad Cubana y Solidaridad Democrática", de Helms y Burton, rigidiza la oposición al castrismo pues sanciona a las personas y empresas que compren propiedades confiscadas a norteamericanos en la isla impidiéndoles el acceso a cualquier tipo de préstamo, crédito o financiamiento.

También prohíbe la importación de azúcar y sus derivados desde cualquier país que los haya comprado a Cuba. Igualmente establece el derecho a la acción civil en las cortes federales a todo ciudadano norteamericano damnificado para proceder contra quienes se hayan beneficiado con la confiscación de sus bienes.

Finalmente, manda que "se tomen medidas para el levantamiento total del embargo comercial una vez que se haya certificado que ha entrado en funciones un gobierno en Cuba electo democráticamente" y, en tal caso, que se otorgue a Cuba la condición de "Nación más Favorecida" en su relación con los Estados Unidos.

ANTE esta realidad que surgió hace 43 años —casi 47 años tiene la dictadura de Fidel Castro— nos preguntamos: ¿tiene o no derecho una nación libre a comerciar o a relacionarse como se le antoje con quien se le ocurra?, ¿tiene o no derecho la ONU a inmiscuirse en un problema de esta naturaleza cuando el mismo se plantea en forma pacífica?

Lo curioso de todo es que, al parecer, el antiimperialismo de Fidel no puede vivir sin tener plenas relaciones económicas con el "imperio" vecino: las quiere, clama y reclama por ellas y se humilla por no tenerlas. Estados Unidos no le impide que comercie con cualquier otro país del mundo. Sólo le prohíbe a los norteamericanos que comercien con quienes se han beneficiado con las confiscaciones cubanas de bienes norteamericanos. ¿Tiene o no derecho a proceder así?

¿O es que a la ONU le duele que Estados Unidos comprometa su total apoyo a una eventual Cuba libre e independiente, a una Cuba pos-Castro?

Desde remotos tiempos, el tema de la actuación de la Policía en las manifestaciones que no son pacíficas y ante los excesos que se producen, ha sido materia de controversias. Por regla general la actuación de la Policía siempre es criticada. Por una cosa o por otra, se le cae con todo y se le pone como una represora que en los últimos tiempos, tan manidos de derechos humanos, se dice que éstos se violan a palo, balas de goma o, acaso, con armas de fuego. Y en este asunto lamentable de la Ciudad Vieja, pese a que los manifestantes acusan a la Policía de tremenda represión, el señor ministro Díaz asegura que se reprimió dado que los manifestantes "se pasaron de la raya". Cada cual a su tiempo.

No hace mucho, la izquierda no hacía otra cosa que condenar a la Policía y sus manifestantes nunca se pasaban "de la raya".