Parte de la impunidad de los militantes izquierdistas vinculados a las ciencias sociales, que fungen de investigadores cuyas opiniones técnicas debieran de ser escuchadas por serias e imparciales, radica en que la opinión pública tiene mala memoria. Lo estamos viendo en estos días con relación al debate político en torno a las condicionalidades para las transferencias monetarias a la infancia.
En efecto, para sumar legitimidad académica a la clientelista decisión del Frente Amplio (FA) en el gobierno, hace pocos días en un reportaje el ministro de economía citó el parecer de Cecilia Rossel, vinculada a la investigación en ciencias sociales en la Universidad Católica del Uruguay.
De entrada, importa poner en contexto el sesgo ideológico de dicha investigadora: hace una década tuvo quince minutos de fama su trabajo titulado “el gasto electoral en publicidad televisiva en Uruguay: cobro diferencial y subdeclaración”, que pretendió hacer creer que los canales de televisión perjudicaban al FA. La investigación fue una completa vergüenza analítica, pero permitió saber que en sus redes sociales Rossel manifestaba una ferviente adhesión al Frente Amplio.
Hoy, con el mismo afán partidista que hace 10 años, sus pareceres quieren hacernos creer que la academia es favorable a la iniciativa del gobierno. Lo hace con afirmaciones del tipo “los pobres conforman una población que en Uruguay no recibió nada durante décadas”, o con otras inexactas, como por ejemplo “los efectos de las condicionalidades son limitados e inciertos”.
Pero lo más importante no está en esas opiniones tan polémicas como poco académicas, sino que está en omitir, silenciar, callar o esconder una de las más importantes consecuencias de este tipo de transferencias: ella no es económica sino política, y se estaría agravando tremendamente si se quita la condicionalidad en las ayudas.
Se trata, claro está, del clientelismo político, es decir del reparto de dinero por parte de un gobierno de cierto signo partidista a cambio de lo cual los beneficiarios debieran de pasar a ser votantes agradecidos. Votantes que, además, ni siquiera deberán cumplir con los deberes mínimos que favorecen a nuestra infancia, como son las asistencias regulares a controles médicos y a la educación pública. Y de semejante evolución clientelista ya hay evidencia académicamente probada que, naturalmente, Rossel y todos sus colegas izquierdistas conocen tan bien como disimulan.
En efecto, uno de esos estudios fue hecho por tres economistas, uno de los cuales es uruguaya, y se tituló “Government Transfers and Political Support”. Analizó el impacto del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) en la visión política de sus beneficiarios. Fue publicado en 2011 por la prestigiosa revista “American Economic Journal: Applied Economics” y reseñado en este diario por dos prestigiosos economistas, Juan Dubra y Néstor Gandelman.
Las conclusiones de esa investigación fueron que los beneficiarios del Panes tuvieron un índice de aprobación al gobierno del FA que fue entre un 11% y un 13% mayor que el índice de los no receptores del plan.
Esto naturalmente tuvo consecuencias sobre las elecciones de 2009, es decir las que dieron el triunfo a José Mujica. Y el estudio también mostró que los efectos de esas opiniones favorables sobre el subsidio perduraron luego de dichas elecciones, generando así lo que podría llamarse una clientela política estructural en favor del Frente Amplio.
El asunto de la condicionalidad de las transferencias no es solamente un problema moral elemental que fija un criterio de justicia según el cual la ayuda de la sociedad refiere al mayor bienestar constatable de los niños que más lo precisan. El asunto es que cuando se concentra todo en una única transferencia y además se quita toda condicionalidad, lo que se está haciendo es potenciar todo lo que ya fue académicamente demostrado hace quince años y refiere a un daño enorme y de largo plazo como es el clientelismo, es decir, el reparto de plata para comprar votos. Y por cierto, un buen ejemplo del daño social de todo esto lo tenemos muy evidente en Argentina: ha sido el desasosiego del kirchnerismo en el poder y su tremenda miseria política y moral.
Ya es hora de que la academia izquierdista se dé cuenta de que su sesgo pro-FA es evidente y de que su descrédito es tan amplio como irreversible. Sus opiniones están totalmente deslegitimadas. Y todos deben admitir la evidencia: quitar la condicionalidad a las transferencias busca el objetivo de comprar votos en favor del FA.