Se agita una zona

Lamentablemente, es el tema de cada día. La inseguridad altera la vida de los montevideanos en toda la escala económica y social, desde los barrios modestos hasta las zonas residenciales más calificadas, demostrando -con abundantes ejemplos en la crónica roja- que ni los pobres ni los ricos se salvan del despojo a través de los hurtos, rapiñas, arrebatos y copamientos que afectan a la ciudad, de punta a punta. La Policía no baja los brazos, como consta en sus frecuentes operativos de saturación, pero también reconoce que no dispone de efectivos suficientes para mantener una vigilancia satisfactoria, constante y simultánea en todos los sitios que la necesitan y la reclaman.

Dentro de ese marco y en medio de una situación general de riesgo, el caso de Punta Carretas ha cobrado notoriedad por la dinámica actitud de los vecinos ante la cadena de asaltos y robos que los golpea desde hace un tiempo, panorama que en el mes de febrero culminó con una reunión entre delegados de los residentes de la zona y el Jefe de Policía. La consecuencia de ese encuentro fue un refuerzo del patrullaje que duró un tiempo, aunque luego aflojó porque -como ha explicado otro jerarca policial- al personal "se le va dando movilidad de acuerdo a donde se cometen más delitos y según las demandas de la gente". Lo que se quiso decir con ello es que para cubrir momentáneamente la necesidad de un lugar, debe desampararse a otro. Así estamos.

Los vecinos de Punta Carretas insisten en que la violencia delictiva prosigue, con pruebas a la vista, de manera que han organizado comisiones de seguridad para coordinar iniciativas y hasta realizar encuestas en el lugar sobre los robos que han ocurrido. Cabe señalar que Punta Carretas está incluida en los límites del Municipio CH, disponiendo de un alcalde y un grupo de concejales votados oportunamente y elegidos para encargarse de los problemas de la población. Los múltiples reclamos en torno a la inseguridad, y la difusión que han tenido a través de los medios, llevaron entonces a que la prensa consultara con ese alcalde para obtener su punto de vista frente a la alarma de la gente. Entre otras cosas, el funcionario contestó: "Es una zona donde hay mucha plata, con propiedades muy caras, con autos muy caros. ¿Dónde van a ir los chorros? Los arrebatos y copamientos ¿dónde se van a hacer?"

También dijo que, de acuerdo a esa estimación personal, el auge local del delito "me parece hasta algo lógico, una cosa de sentido común". No hace falta leer entre líneas para descubrir que con sus declaraciones el alcalde invitó a la ciudadanía de Punta Carretas a resignarse ante un fenómeno que -según él- no solamente resulta inevitable sino además lógico y propio del sentido común, cualidades que acredita a la estrategia operativa de los delincuentes. Entre otras cosas, el alcalde olvidó que no fue colocado en su cargo para formular interpretaciones sociológicas sobre la conducta de los infractores, sino para auxiliar a las víctimas de esa violencia en todo lo que corresponde a la esfera comunal, obligación a cambio de la cual se le paga el sueldo.

La actitud de ese jerarca del Municipio CH desencadenó una catarata de reacciones entre ciudadanos, legisladores, periodistas y hasta concejales de la zona, quienes el miércoles 5 aprobaron una declaración (por tres votos contra dos) manifestando su "más enérgico y profundo rechazo a los conceptos expresados recientemente por el alcalde sobre el flagelo de la inseguridad que castiga a Punta Carretas", pidiendo asimismo a ese funcionario que "se retracte de sus infelices declaraciones". En mérito a ello, el alcalde será interpelado mañana, jueves 20, en la Junta Departamental de Montevideo, donde deberá hacer sus descargos. Por el momento, la población de Punta Carretas estará reflexionando sobre las expectativas, paradojas, chascos, desengaños y perjuicios que puede acarrear la descentralización municipal. Después de la sesión de mañana en el legislativo montevideano, veremos.